A través de cartas documentos, la Federación de Entidades Acopiadoras de la Argentina intimó a las municipalidades santafesinas de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, Ramallo, San Lorenzo y San Martín, a “terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones (fábricas y/o puertos) existentes en sus jurisdicciones”.
A raíz de estas maniobras, estos nueve municipios reciben para rentas generales una suma que oscila los $25.000.000.000 anuales: “Una situación que resulta irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria contra la producción granaria argentina”, sostienen desde Acopiadores.
La Federación de Acopiadores, que nuclea a todas las empresas del sector a lo largo y ancho del país, argumentó que “el mal ejemplo de establecer una suerte de barrera interna se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena agroindustrial”.
La entidad sostiene que “una mera disposición municipal crea aduanas internas, alterando derechos y obligaciones de contratos privados pactados en el marco de la legislación de fondo, y de los usos y costumbres en el comercio de granos”.
Por todo ello, la Federación seguirá cuestionando cualquier imposición de costos distorsivos que impacten sobre la competitividad de las exportaciones agroindustriales. .
El mes pasado, durante la cumbre anual que organiza la Federación sobre la campaña de trigo, Fernando Rivara ya había cargado duro contra las tasas municipales. El dirigente empresario trató el tema la semana pasada en su visita a la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando se reunió con las principales autoridades del mercado cerealista local.
Las cartas documento de la Federación llegan justo cuando el gobierno provincial busca que los municipios aporten buena parte de esa recaudación a un fideicomiso que tenga como destino el financiamiento efectivo de los accesos viales, que hoy están en muy mal estado; embate que las localidades portuarias resisten porque entienden que con esos fondos también hacen frente a gastos en salud y seguridad que son competencia de la provincia.
