Timing.
Para la agroexportación reflotar la licitación de la hidrovía es hoy, sobre todo, una cuestión de timing. Y creen tener el ritmo justo: 3 + 3
En efecto, el lobby de puertos y cerealeras está focalizado en que el gobierno se tome 3 meses de revisión de los pliegos (y el cronómetro ya lo pusieron en marcha desde esta semana) y luego otros 3 meses para concretar el período de recepción de ofertas.
La adjudicación, de cumplirse el cronograma empujado, sería para finales de septiembre. “Es un plazo totalmente razonable”, aseguran los referentes empresarios del mercado de granos.
Luego de estar esperando 15 años (la concesión original venció en el 2005 y luego tuvo dos prórrogas hasta su actual estatización), en el sector se entusiasmaron con la velocidad inicial para licitar que le imprimió el gobierno de Javier Milei.
Pero a juzgar por los propios usuarios, se fue de rosca con el acelerador al querer cerrarla en 90 días. En esa “gran avenida del medio” que hay entre los 15 años de espera y los 90 días de licitación express está el ritmo justo que demanda el proceso, sostienen en puertos, exportadoras y aceiteras.
En definitiva, ir llevando al gobierno para que siga la fórmula del 3 + 3 está, entonces, al tope de los objetivos del lobby.
Abiertas, como prometió el gobierno, las mesas de diálogo para proponer mejoras a los pliegos entraría ahí la otra fase del lobby privado agroexportador: buscar mejoras en los términos y condiciones. Básicamente, que se asegure el calado navegable a 40 pies (siempre que los estudios de impacto ambiental lo permitan) y las tarifas sean más competitivas.
Para lograr esto último insisten con que se debe cambiar la fórmula polinómica (para que la oferta técnica no tenga tanto valor al definir la compulsa) y además sacar el lastre de todas las exigencias que figuraban en los pliegos y que no hacen al servicio de lavado y balizamiento como la fuerte inversión en tecnología para la seguridad (con tecnología que sólo tienen un puñado de proveedores de los Estados Unidos), control de daños ambientales y remoción de cascos hundido
¿Escuchará el gobierno? Por lo pronto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos (ANP), Iñaki Arreseygor, no tuvo definiciones contundentes sobre la magnitud de los cambios que le harán a los pliegos. Y es que al mismo tiempo que anunció un pronto inicio de las convocatorias a una mesa de diálogo, aseguró que no se bajarán los niveles de exigencia técnico, sin dejar muy en claro lo que eso significa a la hora de la redacción de los requerimientos concretos.
Quién puso sobre la mesa una pista fue el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quien tras reunirse el miércoles con Arreseygor, comentó que el funcionario nacional le dijo “que van a intentar corregir puntos del pliego que se considera que pueden ser modificados, como por ejemplo el plazo, y quizás bajarlo: en vez de 30 años que sean 20”.
Como la extensión del contrato fue una de las objeciones que se le hizo al fallido proceso, las declaraciones de Puccini corrieron este viernes como reguero de pólvora entre los empresarios despertando algo de optimismo entre usuarios privados que se lamentan la pérdida de la oportunidad de pasar a operación privada (y bajo riesgo empresario) la administración de la hidrovía.
La pregunta que asoma es sí solo es una cuestión de timing lo que lograría que la licitación (nunca mejor dicho) llegue a buen puerto. Y es que el proceso también tiene que recuperar legitimidad, luego de que se las limara las acusaciones cruzadas entre todos los actores (oferentes, usuarios, políticos, sindicales, etc.).
El interrogante, entonces, es: ¿Alcanza la fórmula de 3 +3 o se necesitará más tiempo para que maduren los cambios que le devuelvan legitimidad al proceso?
Laberinto
No solo la urgencia de que se activen las millonarias inversiones que con extrema rapidez necesita el sistema troncal de navegación (desde un mayor calado, a obras complementarias y nueva tecnología para navegar) y que sólo podrían financiar las dragadoras multinacionales que pujan por el contrato.
El objetivo de los principales usuarios de la vía navegable de imprimirle velocidad al inicio de una nueva licitación en busca de un operador privado se volvió más urgente luego de que el paso de Arreseygor por la Cámara de Diputados de la Nación expusiera en público el laberinto en el que quedó enredado el proceso.
En efecto, la acusación de Arresygor de que el ex presidente Mauricio Macri encabezó el boicot a la fallida licitación, que se dio de baja hace 15 días, es de una gravedad política que no tuvo el revuelo mediático que debería haber tomado de no ser por el escándalo del “criptogate”.
A juzgar por el gobierno nacional no fue el kirchnerismo (embanderado en su cruzada anti Milei) el que le hizo caer su primera gran concesión. Tampoco fueron los diputados de la Coalición Cívica y su énfasis por denunciar hechos de corrupción. Mucho menos los gobernadores molestos por quedar afuera de (casi) todo y tener objeciones ambientales ya que el lecho del río es de las provincias.
Según el alto funcionario del Palacio de Hacienda, fue el “fuego amigo” de sus socios del PRO el que conspiró, con todo el escollo a la gobernabilidad que supone un cortocircuito entre los aliados en la batalla contra el populismo.
“No sabemos para quién operaron, pero suponemos que lo que buscaron es hacer caer la licitación para que, llegado el caso, sean ellos los que definan el ganador”, dijo sin dudar en señalar al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y todo su equipo técnico que, es cierto, fueron los más críticos del proyecto.
Finalmente, más allá de lo político, el paso de Arreseygor por Diputados, que arrojó 0 autocrítica, no le sacó a los usuarios de la hidrovía el temor de que el proceso pueda quedar empantanado en la Justicia, en la burocracia (hay gerentes de la vieja AGP que entraron como asesores en la ANP) o en la pelea sorda entre dragadores competidores) por razones del diseño de la obra y definiciones de los términos y las exigencias de la licitación.
El laberinto continúa.
