Ocho integrantes de una banda narcocriminal que operó en Rosario en 2022 fueron condenados a penas que van de 3 a 6 años y medio, al declararse responsables de integrar –en distinto grado– una asociación ilícita que, en última instancia, respondía a los intereses del narcotraficante peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, según indicaron fuentes judiciales.
Los acuerdos abreviados –es decir, que los imputados decidieron no ir a juicio oral– se firmaron este martes ante el juez Mariano Aliau, a partir de una presentación del fiscal Pablo Socca y los defensores de los acusados, que en su mayoría enfrentan otras causas penales por delitos ligados al narcomenudeo y la violencia territorial.
La causa se conoció a fines de 2022 y puso bajo la lupa el accionar delictivo de Rodríguez Granthon mientras se encontraba alojado en el penal federal de Ezeiza. Allí seguía en contacto con el exterior, pese a haber sido trasladado desde la cárcel de Piñero por “razones de seguridad”, luego de la impresionante fuga masiva de presos ocurrida en julio de 2021.
El ex piloto de aviones comerciales contaba entonces con dos condenas federales como proveedor de cocaína a bandas narco. Luego sumó más causas a su prontuario, entre ellas, su participación en el crimen del ex concejal Eduardo Trasante y en el expediente conocido como Cuevas Blancas, que vinculó la violencia en la periferia rosarina con mesas de dinero y financistas del microcentro.
En ese contexto, el voluminoso legajo penal sobre “la banda del Peruano” de la Fiscalía de Balaceras terminó con más de 20 integrantes imputados –varios de ellos ya estaban detenidos– y se originó en la investigación de una serie de balaceras contra viviendas de Doctor Riva al 5600 y Espinosa al 5600, ocurridas en enero de 2022.
Esas intimidaciones estaban dirigidas a una familia de apellido Cabaña, uno de cuyos miembros mantenía una deuda de “150 mil dólares” con Rodríguez Granthon, que el narco intentó cobrar a los tiros.
Una maraña de intervenciones telefónicas determinó que el intermediario entre Rodríguez Granthon y los autores de las balaceras era Brian Emanuel “Negro” Villalba (34), alojado en el pabellón 9 de Piñero, donde ya cumplía una condena por homicidio.
Villalba, un hombre que volvería a aparecer como instigador en otros hechos violentos, firmó ahora un abreviado como “jefe de sicarios” de la banda del Peruano. Fue condenado a 6 años y medio de prisión, pena que se unificó en 25 años. Uno de sus soldados, Alexis Alan Coronel, fue sentenciado a 6 años, en una condena que incluyó el ataque armado contra los Cabaña.
Otro de los que firmó acuerdo abreviado fue Marcos Nicolás De la Fuente, alias Nico Bronca, considerado uno de los “brazos armados” de la organización. Recibió una pena unificada de 4 años y medio como miembro del grupo. Luis “Nano” Lallana, otro matón de la banda, fue condenado a 3 años de prisión efectiva.
Noel Ramos, cuñado del jefe narco, detenido el año pasado en un departamento céntrico, fue sentenciado a 3 años y 6 meses. Según la investigación, actuaba como persona de confianza para el traslado de dinero.
Silvina Gauna, una transera detenida hace dos años en barrio Las Flores, también fue condenada. Recibió una pena de 3 años y un mes, unificada en una sentencia definitiva de 9 años y 8 meses por otra causa federal. Es madre de Gabriel “Gury” Caminos, también imputado por integrar la banda.
Pablo Javier “Pali” Pascua, narco oriundo de Arroyo Seco con vínculos carcelarios con Rodríguez Granthon, acordó una pena de 3 años y 6 meses como miembro de la banda, la cual fue unificada en 8 años con otra causa federal por tráfico de drogas. Para colmo, posee otra pena de 14 años por un secuestro extorsivo, que aún no quedó firme.
Finalmente, Jorge Daniel “Jorgito” Pérez firmó un abreviado con pena unificada de 8 años por integrar la banda y cometer una balacera. Sin embargo, enfrenta un proceso más grave: será juzgado por el doble femicidio de Carla Elisabet Cabaña y Magalí Georgina Paiz, acribilladas en septiembre de 2022 en un asentamiento de Nuevo Alberdi.
