Grupos de jubilados llevaron a cabo este miércoles su habitual movilización en Ciudad de Buenos Aires para reclamar una mejora de sus haberes, aunque en esta ocasión sumaron sus apoyos organizaciones sociales y dirigentes y afiliados de la CGT y la CTA, centrales obreras que también salieron a la calle en la previa del paro general convocado para este jueves. En el marco de la manifestación de este miércoles se desplegó un fuerte operativo de seguridad en inmediaciones del Congreso de la Nación. La manifestación tuvo su réplica también en Rosario.

"Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social", manifestó en un comunicado la CGT al confirmar su adhesión a la marcha, que inició temprano por la tarde con la concentración de los primeros manifestantes en inmediaciones del Congreso.

Otra de las consignas de la marcha pedía la "restitución del 100% de descuento en medicamentos del Pami".

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, se presentó en la marcha de los jubilados hacia la Plaza del Congreso y aseguró que la protesta "es la forma de que se exprese el pueblo trabajador". Y reclamó: "No se pueden tener precios libres y salarios a la baja. Esto no tiene lógica. Es lo que tiene que comprender el ministro de Economía". 

Además, insistió en que la manifestación y el paro tienen el objetivo de llamar la atención del Gobierno porque "no hay ninguna comunicación", y remarcó: "Esperamos que el Gobierno reflexione".

Con respecto al operativo de seguridad, se desató una polémica a partir de la decisión del juez Roberto Gallardo, quien le prohibió a las fuerzas federales su intervención dando lugar a un recurso de amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio de judiciales UEJN. A raíz de esta determinación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, denunció al magistrado ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por considerar que se vulneró la división de poderes.

En ese contexto, desde el Gobierno precisaron que la Policía de la Ciudad se encargaría de la seguridad en las calles, mientras que las Fuerzas Federales se ocuparían del operativo en el Congreso con un despliegue alrededor del vallado del edificio.

Por prevención fueron retirados 160 contenedores de residuos de los alrededores de la zona en la que se desarrollaba la movilización. En la movilización del 12 de marzo, que contó con la participación de hinchas de distintos equipos de fútbol, las Fuerzas de Seguridad llevaron a cabo una intensa represión y hubo un saldo de destrozos, heridos y detenidos.

La movilización de este miércoles se desarrolló un día antes del que será el tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei decretado por la CGT. La medida de fuerza comenzará desde la hora 0 del jueves y durará 24 horas, pero no contará con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que ratificó que los colectivos circularán con normalidad durante el paro en todo el país.

"Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", fue la frase que utilizó Mario Calegari, vocero de la UTA, para explicar por qué no se sumarán a la medida de fuerza que impulsa la Confederación General del Trabajo.

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