Una expareja de un recluso ligado a la narcocriminalidad comenzó a ser juzgada este miércoles por su participación en una saga de extorsiones a comerciantes en el primer semestre de 2022. Junto a la mujer, llamada Samanta Vilches, están en el banquillo otra acusada y un interno de la cárcel de Coronda, también señalados –aunque con menor pedido de pena– por el mismo delito.
En su alegato de apertura, el fiscal Pablo Socca hizo alusión a esta modalidad que detonó años atrás en la ciudad, y mencionó la existencia de “pymes carcelarias”, la creación de un impuesto mafioso –“la protección”– y la “alarmante ausencia de control, o connivencia, de las autoridades encargadas de la custodia” de los detenidos.
Hasta su detención, en mayo de 2022, Samanta Joana Vilches (36) era pareja y visita de Fabio Giménez, quien por esos días había cobrado notoriedad por haber montado un polirrubro delictivo desde el encierro. El esquema incluía extorsiones y homicidios por encargo, todo con “mano de obra” tercerizada, que podía abarcar familiares, menores de edad o tiratiros al mejor postor.
Giménez ya fue juzgado por gran parte de su actividad criminal. Está condenado a prisión perpetua y, en paralelo, a 15 años de prisión (por acuerdo abreviado) por los hechos que ahora se ventilan en este juicio oral.
A Vilches le atribuyen integrar, en carácter de organizadora, una asociación ilícita cuyo jefe era Giménez.
Entre las víctimas de la empresa criminal se encuentra un empresario de mudanzas y transportes de Rosario que, entre enero y febrero de 2022, recibió intimidaciones tras “tareas de inteligencia” llevadas a cabo por Vilches. Estas incluyeron fotografías y la obtención de datos sobre el núcleo familiar del comerciante.
Otro episodio refiere al dueño de un comercio ubicado en barrio Las Heras, en el sur de Rosario, que tras una retahíla de mensajes extorsivos enviados por Giménez y un ataque a tiros en la fachada de su local, terminó entregando 280 mil pesos.
Socca remarcó que Vilches “seleccionaba” a las potenciales víctimas de extorsión, conseguía un número de teléfono y luego compartía la información con Giménez, quien operaba desde su celda en Coronda.
La mujer será juzgada por dos extorsiones agravadas en grado consumado y otras dos en grado de tentativa, además de la organización de la asociación ilícita.
Junto a ella –para quien el fiscal pidió 20 años de prisión–, también están en el banquillo Vanesa Luna (35), juzgada por dos casos de extorsión en carácter de partícipe primaria, y su pareja, un recluso llamado Lucas Robay Romagnoli (33), que compartía celda con Giménez. Para Luna, Socca pidió 9 años de prisión, y para Romagnoli, 6 años (por un caso en grado de tentativa).
En su alegato de apertura, el fiscal Socca se retrotrajo a 2022, año en que las bandas criminales comandadas desde la cárcel –dedicadas habitualmente al microtráfico de estupefacientes y a hechos de violencia altamente lesiva– sumaron a ese polirrubro una nueva fuente de ingresos: fácil, sin costo y sin riesgo. “El cobro de dinero por ‘protección’ a ciudadanos o comerciantes”, planteó el fiscal. Y agregó: “¿Protección de quién? De ellos mismos. Solo se necesitaba dejar un cartel con un número de teléfono y –a veces– cometer una balacera para aumentar el pánico de las víctimas y así doblegar su voluntad”.
Los juicios orales por extorsiones a comerciantes no son comunes en la justicia penal rosarina. Aunque las causas por aprietes arreciaron desde 2021 y las investigaciones alcanzaron a decenas de responsables –gran parte de ellos ligados a la narcocriminalidad más rústica y aún activos desde el encierro–, la mayoría de los procesos se cerró con acuerdos abreviados. Es decir, los acusados admitieron los delitos y aceptaron una pena, pero no se discutió ante un juez cómo se permitió u operó esa dinámica desde el Servicio Penitenciario.
En el encierro: Fabio Giménez, de cañero a la mafia
Giménez es un recluso que, a comienzos de 2021, cumplía los últimos tramos de una condena por robo calificado en la Unidad Penitenciaria Nº 3, de Zeballos y Riccheri.
En mayo de ese año, su nombre apareció en al menos dos investigaciones resonantes como una suerte de reclutador de mano de obra para cometer homicidios por encargo. Uno de esos casos fue el de Nicolás “Fino” Ocampo, vinculado al capo mafia Esteban Alvarado, quien fue acribillado en abril de 2021. Por ese hecho, Giménez fue condenado a prisión perpetua en 2024. El otro caso no llegó a concretarse: se trata del expediente por el que fue condenado a 11 años el empresario de suplementos dietarios Lucas Farruggia, quien admitió haber contratado –a través de un intermediario– a Giménez para que sus tiratiros eliminaran a un ex socio.
En cuanto a los aprietes, Giménez ya cerró un acuerdo abreviado por 15 años de prisión, al admitir haber ordenado una serie de extorsiones a comerciantes de Villa Gobernador Gálvez y el sur de Rosario. En esas maniobras contó con la colaboración de sus parejas de turno y mano de obra fungible de la economía delictiva. Siempre desde su celda, y con celulares ingresados ilegalmente a los pabellones.
