El tribunal que condenó a Cristina recibió una lluvia de mails con pedidos para visitarla en su departamento

El Poder Judicial impuso que los visitantes de Cristina Fernández de Kirchner deben requerir autorización para verla en el departamento donde cumple su prisión domiciliaria y los seguidores de la expresidenta le saturaron el correo electrónico con pedidos.

La casilla electrónica del Tribunal Oral Federal N°2, que sentenció a la titular del PJ en la causa Vialidad, recibió en las últimas horas una lluvia de mensajes, luego de que uno de los abogados de la expresidenta, Gregorio Dalbon, publicara en sus redes la dirección electrónica.

Dalbon, quien no actúa en esta causa, criticó la decisión de los jueces de restringir las visitas al departamento de Constitución. “Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa”, señaló en X junto al mail del TOF 2.

En pocas horas, la casilla del tribunal se saturó con unos 900 correos, según La Nación. Dalbon habló de más de 700 mensajes en un segundo posteo en sus redes, este mediodía.

“¿Qué hizo el tribunal? No respondió ninguno. No procesó las solicitudes. No garantizó ningún derecho. En cambio, notificó a sus abogados —Dres. Alberto Beraldi y Ary Llernovoy— que ella misma debe enviar, los pedidos con los datos personales de cada visitante”, protestó Dalbon.

El hecho ocurrió luego de que la Justicia rechazara este martes el pedido de la expresidenta para suspender el régimen de visitas que impuso el tribunal, acotado solo a sus familiares y el primer cordón de profesionales que la asisten, como abogados y médicos. 

El resto de las personas que deseen visitarla deberán ser autorizados especialmente por los jueces, lo que derivó en este pedido masivo.

Beraldi y Llernovoy argumentaron que pese a la condena, los derechos políticos y civiles de la expresidenta están en pie, además de que ella es la “principal dirigente de la oposición”, por lo que no se le puede negar que se reúna con líderes del peronismo u otras fuerzas políticas.

“Lo cierto e incuestionable −afirmaron− es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”.

“Si la Constitución no limita ese derecho. Si el mundo entero sabe que es víctima de una persecución judicial. ¿Por qué se le impone un trámite de autorización judicial previa que ni siquiera recae sobre genocidas?”, sumó Dalbon a las preguntas.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que la presentación de la defensa no logró “conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados por los suscriptos para proceder como lo hicimos”. Dijeron que correspondía rechazar el recurso por razones formales, dado que se planteó luego del trámite de sustanciación.