La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la Argentina en el caso de un grupo de fondos buitre que tenían bonos en default del 2001 que habían comprado a tenedores que no habían ingresado a los canjes del 2005, 2010 y 2016. El Banco Central se enfrenta a un embargo de u$s310 millones.
Así lo destaca el consultor y analista Sebastián Maril, a través de su cuenta X. El director de Latam Advisors, especialista en la deuda judicializada de la Argentina, señala que es la segunda derrota de argentina en tres meses.
"La Corte Suprema de los Estados Unidos rechaza apelación argentina en un caso relacionado con los «holdouts» y el embargo del colateral de los Bonos Brady", dice Maril.
Maril agrega que "los acreedores pronto tomarán posesión de u$s310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los Estados Unidos, Alemania y Suiza" y afirma que "esta es la segunda derrota de la República Argentina ante una Corte Suprema en los últimos tres meses".
El analista de Latam Advisors recuerda que "en octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso Cupón PBI".
Los fondos buitre que lograron sentencia a favor son Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master.
Estos habían comprado bonos en default del 2001 que no entraron a los canjes del 2005, 2010 y 2016. Representan un 3% de la deuda argentina. Se trata de bonos del Tesoro de Estados Unidos que están en la cuenta del Banco Central en la Reserva Federal, que habían sido usados como garantía de Bonos Brady, de la década del 90'. Como estos últimos ya han sido cancelados, la garantía estaba liberada. Los acreedores van por ellos.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló en favor del embargo agosto de 2022, pero la Argentina apeló. La jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, había ratificado el fallo de primera instancia. El caso de la Corte, se trata que el máximo tribunal denegó el pedido de apelación del gobierno argentino.
