El frente de financiamiento externo para obras de infraeastuctura en Santa Fe está en pausa. El gobierno provincial decidió postergar su emisión de deuda en dólares —por hasta USD 1.000 millones— debido al salto del riesgo país, que superó los 770 puntos básicos, y a las turbulencias del mercado cambiario. Pero no fue solo una cuestión de timing financiero: desde la Casa Gris aseguran que, aunque quisieran avanzar, tampoco cuentan con la autorización del gobierno nacional para emitir deuda externa.

Y no es el único caso. Dos préstamos clave —uno del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para mejorar los accesos a los puertos santafesinos, y otro vinculado a las obras de infraestructura para los Juegos ODESUR 2026— también están frenados por falta de aprobación desde Nación. En paralelo, desde la Provincia denuncian demoras en la transferencia de partidas correspondientes a la coparticipación federal, al programa “Hora 25” y al refuerzo nutricional destinado a comedores escolares.

Este combo de bloqueo financiero encendió una serie de respuestas políticas. La más visible fue la campaña impulsada por el Ejecutivo santafesino por el mal estado de las rutas nacionales: carteles azules instalados en varios puntos estratégicos que advertían a los automovilistas con frases como “Atención, aquí empieza la Ruta Nacional 11 Mantenida por el Estado Nacional”. Dos días después, misteriosamente, los carteles desaparecieron. Desde la provincia no acusan directamente, pero señalan que "alguien con poder de remoción rápida" está detrás del operativo.

En este contexto de tensión, también avanza la Convención Constituyente, que esta semana comenzó sus sesiones con la promesa de rediseñar la arquitectura institucional de Santa Fe. Entre los puntos más discutidos están la autonomía municipal, los mandatos de los jueces, la posibilidad de reelección para intendentes y la creación de nuevas figuras de control. Sin embargo, el proceso ya genera chispazos políticos: mientras el oficialismo busca darle velocidad, sectores de la oposición reclaman mayor apertura y participación ciudadana.

En paralelo, la actividad de la construcción dio señal en Rosario, pero lo hace con oxígeno corto: junio marcó récord de superficie construible en tres años. Según el último informe de la Dirección General de Estadística de la Agencia Rosario Digital, se otorgaron 110 permisos de edificación —una cifra modesta, aunque similar a la de septiembre del año pasado—, pero lo verdaderamente destacado fue la superficie aprobada: 66.091 metros cuadrados, el nivel más alto de los últimos 36 meses.

Pero vale aclarar que presentar permisos, que son expedientes administrativos en obras particulares, pero la realidad del sector en los distintos eslabones de la cadena está cada vez más complicado. Después del default registrado un par de meses atrás por una conocida cementera, como apuntó un asesor de la construcción hoy corralones tradicionales están al borde del colapso. Los que más zafan son los que construyeron mejores vínculos con arquitectos e ingenieros. 

Según fuentes del sector, las ventas minoristas de materiales como grifería, pisos o revestimientos están en niveles críticamente bajos, y las operaciones con constructoras son puntuales y de bajo volumen. El problema es el costo de reposición: los valores de pozo ya superan a los de entrega inmediata, lo que frena la iniciación de nuevas obras. Las empresas ralentizan la ejecución para cuidar capital de trabajo. En algunos casos, incluso se comenzó a importar materiales directamente -como lo comentamos en esta columna desde el año pasado-, una práctica impulsada por algunas desarrolladores loclaes, pero que saben que enfrentan riesgos cambiarios y logísticos que podrían hacerla inviable ante cualquier sacudón del tipo de cambio.

A la vez, las fábricas locales bajan precios a pérdida, recortan márgenes y estructuras, y algunas ya cierran líneas para sobrevivir. Todo esto impacta en el empleo y en la capacidad productiva del entramado industrial santafesino. La mayoría de las industrias, salvo aquellas que están en nichos vinculados a Vaca Muerta, vislumbran un cierre de año complicadísimo. Así lo reconocieron a Ecos365 numerosos dueños de empresas y gerentes consultados esta semana. Crece la preocupación por la cadena de pagos.

Y si de mercados internacionales se trata, también hubo movimientos en la tradicional muestra de La Rural en Palermo. Allí, la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada, junto con Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería, estuvieron con representantes de frigoríficos (entre ellos Paladini) y de CAFRISA, con los embajadores de China y Marruecos. En ese encuentro, los funcionarios chinos adelantaron que se podrá seguir exportando carne sin inconvenientes a su país “al menos hasta diciembre”. Recién entonces se definirá si se activa una medida de salvaguarda que podría limitar el ingreso de cortes argentinos. Por ahora, la exportación sigue, pero con fecha de vencimiento en el radar. Una preocupación con la que trabaja el equipo que conduce Gustavo Puccini.

Y mientras tanto, desde Nación se insiste en estabilizar la macro. El Gobierno busca mantener el dólar oficial en torno a los $1.300, aún con intervención en futuros, y avanza en un acuerdo comercial con Estados Unidos que incluiría el levantamiento de aranceles a exportaciones industriales. Se espera un anuncio conjunto entre Javier Milei y Donald Trump. Si se concreta, podría ser una señal positiva para sectores clave como maquinaria agrícola, acero y autopartes.

Pero en el presente, Santa Fe enfrenta un triple bloqueo: financiero, institucional y operativo. Con carteles que desaparecen, deuda que no se aprueba y un rediseño constitucional en marcha, el “modelo rosarino” avanza con lo que tiene. Que, hoy, es más aguante que obra.