En el oficialismo repiten la frase como si fuera un mantra desde que comenzó la Convención Constituyente: “Unidad hasta que duela”. Esto es para decir que los 33 representantes de Unidos votarán en el mismo sentido en todos los temas que abarque la reforma constitucional de Santa Fe. Si eso va a doler es porque las diferencias, aunque no sean tantas, son profundas. No se trata de matices. La grieta real, más allá de que son siete los proyectos presentados por la coalición, es entre los dos socios más importantes de la misma: el radicalismo y el socialismo. Y está vertebrada sobre una cuestión mayor: cuánto poder debe tener el Ejecutivo y de qué modo se lo limita y equilibra. Para decirlo de manera gruesa –porque acá sí hay matices– y rápida: si Santa Fe se perfila hacia un sistema más ejecutivista (al estilo presidencialista) o suma mayores dosis de parlamentarismo.
A instancias del socialismo, la ley de necesidad de la reforma constitucional incluyó la posibilidad de crear la figura de un ministro coordinador. En el proyecto que los representantes de ese partido llevaron a la Convención, se crea el cargo como una especie de segunda figura fuerte del Poder Ejecutivo. Quien lo ocupe debe contar con acuerdo legislativo. Es decir, el gobernador lo propone, pero debe negociar el nombre con diputados y senadores.
Ese ministro coordinador, siempre según el texto del PS, será responsable de la articulación con municipios y comunas, convocará al gabinete y tendrá a su cargo el vínculo con el Parlamento. Una suerte de jefe de gabinete con funciones claramente definidas.
“El jefe de gabinete que Alfonsín soñó”, contestó una de las plumas del proyecto a Rosario3, en referencia a la reforma de la Constitución nacional del 94.
—Pero a nivel nacional no funcionó como Alfonsín soñó, ¿por qué funcionaría en Santa Fe? –, repreguntó este medio.
—No resultó porque justamente no le dieron bola a Alfonsín. El pensó un jefe de gabinete con acuerdo parlamentario. Lo que planteamos, ante un escenario donde el gobernador puede ser reelecto y acumular 8 años de gestión, es tener un ministro jerarquizado, con acuerdo legislativo, que reúna un consenso inicial muy amplio y que se ocupe específicamente de la relación con el Parlamento y con el territorio, con los municipios y comunas. Equilibrar los focos puestos en el Ejecutivo con figuras también de peso y de relieve. Creo que va a funcionar.
—Es decir, alguien que está de manera permanente dedicado al diálogo. Es pensar la acción de gobierno como algo que puede ser una construcción más colectiva y diversa que la actual. Suena muy lindo, pero también suena a otra cultura política, a otro país.
—Vale la pena intentarlo. Pensá en los próximos 30 años. La coyuntura te mata –, cerró la fuente consultada por este medio.
Otra mirada
En el proyecto de la UCR el ministro coordinador solo existe como posibilidad. Es decisión del gobernador si ocupa o no ese cargo. La definición de quién lo hace depende exclusivamente de él. Pensado desde la experiencia nacional, en los hechos sería algo parecido a los viejos secretarios generales de la Presidencia, esos funcionarios pegados al jefe del Estado de la era previa a la reforma constitucional nacional de 1994. Eduardo Bauzá tenía ese cargo en el gobierno de Carlos Menem y luego de la reelección, en 1995, se convirtió en el primer jefe de gabinete.
Como concepto general, el radicalismo reniega del sesgo parlamentarista del proyecto del PS. “Argentina no tiene esa cultura política; si ni Alfonsín pudo torcer el presidencialismo extremo”, sostuvo una fuente de ese partido, agarrándose de un mismo antecedente histórico que los socialistas.
Pero además, tampoco cree que haya que equilibrar el supuesto mayor poder que le daría al gobernador la posibilidad de ser reelecto, pues hay un cambio constitucional ya acordado que de por sí limitaría al Ejecutivo: el fin de la mayoría automática de 28 bancas sobre 50 que hasta las últimas elecciones tenía la lista ganadora en el rubro diputados provinciales.
Esa cláusula de la Constitución del 62 buscaba garantizar la gobernabilidad en tiempos de inestabilidad institucional en el país. Pero el sistema de votación por boleta única, que rompió el arrastre electoral del gobernador hacia abajo, le quitó sentido. Hoy Pullaro cuenta con esa mayoría automática, pero anteriormente Antonio Bonfatti y Omar Perotti tuvieron composiciones de la Cámara de Diputados dominadas por la oposición.
La reforma impondrá el sistema D’Hont puro. Construir mayorías se convertirá en todo un trabajo si se sostuviera un escenario parecido al de hoy. Y el Ejecutivo, entiende la UCR, “necesita herramientas para gobernar y llevar adelante el plan político votado por la población”.
Aparece entonces otra diferencia importante en torno al mismo tema central. El proyecto del radicalismo le da al Ejecutivo la posibilidad de dictar decretos en situaciones de emergencia. El del socialismo los prohíbe expresamente, lo mismo que la posibilidad de que el Legislativo delegue facultades de algún tipo en el gobernador. “Son instrumentos temporales”, remarca el vocero radical.
Autoridad y límites
El cruce de miradas pasa por el sentido que, en torno al sistema de gobierno, cada sector le imprime a su proyecto. El socialismo plantea que hay cambios, como la reelección, que llaman a ajustar atribuciones de modo de que haya un nuevo reequilibrio entre poderes. El radicalismo con que el equilibrio institucional debe facilitar la posibilidad de que un gobierno electo por el pueblo lleve adelante su plan político.
Desde esa concepción, mientras el PS pone el acento en los límites y controles al poder, la UCR busca generar autoridad en un marco de crisis de la representatividad política en general y, en el caso de Santa Fe, de una situación particular: la crisis de violencia e inseguridad que la atravesó en los últimos años.
Esta última cuestión también aparece en otra diferencia relevante entre el radicalismo, el socialismo y también la oposición, motivo de un interesante debate este miércoles en la comisión de Justicia de la Convención Constituyente: quién fija la política de persecución criminal.
Ambos proyectos le dan, con sus matices, autonomía al Ministerio Público de la Acusación. Pero, en una de las varias diferencias que tienen en el capítulo judicial, el del radicalismo ata la designación del fiscal general que lo conduce al mandato del gobernador que propone su pliego a la Legislatura y el del socialismo lo despega. Para la gestión Pullaro, es la autoridad electa por el voto popular, el jefe del Estado, el que marca la línea de acción en materia investigativa y es para eso que nombra a una determinada persona a cargo del MPA. Para sus socios internos es al revés: un fiscal general que trascienda su mandato define, aunque en coordinación con el mandatario, esa estrategia, para que sea una política de Estado y no de una gestión.
“Ya vimos que cuando tuvimos un gobernador que se corrió de eso (en referencia a Omar Perotti) la cosa no funcionó”, advierten los radicales, que chicanean a sus socios: “La UCR tiene una visión de un partido de gobierno, como pasa con el PJ aunque hoy no esté en el poder. El PS se ve más como un partido legislativo ahora y hacia adelante”.
De acuerdo a ese diagnóstico, el socialismo apunta a controlar y condicionar, mientras que la UCR busca instrumentos para ejecutar en un contexto adverso.
Una idea, poca gimnasia
Del otro lado, se plantea un modelo de democracia basado en la deliberación. El proyecto del PS incluye, además del ministro coordinador con acuerdo legislativo, figuras como la consulta popular vinculante y la revocatoria de mandatos. En conjunto, expresan una preferencia por una cultura política de mayor descentralización del poder, donde las decisiones se construyen con múltiples actores. Hay poca gimnasia de eso en la Argentina.
Es curioso: ambos sectores se endilgan mutuamente incapacidad para pensarse en el futuro en un rol distinto al actual. Como si en su cabeza los radicales cristalizaran que su lugar es la Casa Gris y los socialistas que el suyo es la Cámara de Diputados. Aunque desde el PS aclaran: "Cuando éramos gobierno, con Miguel Lifschitz, decíamos exactamente lo mismo que ahora".
Pero si bien las diferencias tienen un volumen que supera al de otras anteriores, como las que generaron el tratamiento de la reforma previsional y la misma ley de necesidad de la reforma constitucional en la Legislatura, desdramatizan. Todos aseguran que la sangre no llegará al río, y que la historia cerrará en un acuerdo dentro de Unidos.
En todo caso, leen otros sectores de la coalición, hay actores que buscan tensar todo lo que se pueda para sacar mayor partido de una negociación compleja. Porque los radicales son más convencionales (20) pero necesitan los votos socialistas (7), en un escenario de mayoría ajustada y en el que a nadie le conviene romper. Además, en paralelo a los debates en la Convención, está en marcha la discusión por el armado de las listas de diputados nacionales para las elecciones de octubre, donde el oficialismo provincial encuentra muchas dificultades para contener a todos sus sectores debajo de un mismo sello.
Otra vez, corto y largo plazo. Gobierno o control. Coyuntura o futuro. Y dos formas de pensar el poder dentro de un mismo frente.
