Nicolás Robles, el joven de 18 años que fue imputado por haber sido uno de los dos presuntos partícipes en el ataque a tiros contra la casa de Norma Acosta –perpetrada el 7 de mayo pasado en barrio Tablada–, quedó en prisión preventiva efectiva por seis meses. Así lo resolvió la jueza Eleonora Verón al culminar la audiencia este jueves en el Centro de Justicia Penal. En paralelo, su hermana, la suboficial Luna María Robles (21), será acusada esta tarde por haber filtrado información desde su lugar de trabajo, el Centro de Monitoreo de la Central de Emergencias 911, a su novio gatillero para que cometa delitos. 

La audiencia comenzó el pasado miércoles, cuando el fiscal Pablo Socca atribuyó a Robles haber trasladado en bicicleta a un adolescente de 17 años que, según la acusación, a las 9.27 del 7 de mayo disparó cinco veces contra el domicilio de pasaje Larguía al 3400, en la casa de Norma Acosta. El ataque se dio en un contexto de tensión en la ciudad, que alimentó todo tipo de especulaciones.

Esa mañana, el Comando Radioeléctrico detuvo cinco minutos después al adolescente que disparó la pistola 9 milímetros (arma que aún no fue hallada) mientras corría por Alem y Biedma. Lo último que se supo de él es que el Juzgado de Menores había dispuesto su libertad.

Nicolás Robles fue detenido esa misma tarde-noche en su casa de Convención al 3600, en barrio Tablada, por personal de Asuntos Internos. Antes de eso, el Comando Radioeléctrico lo había buscado allí tras recibir información de calle, indicó el fiscal Socca.

En la audiencia quedó establecido que tanto Robles como el menor recibieron el encargo de un tal “Monta”, quien se encuentra prófugo pero identificado. Según la Fiscalía, Monta, que es de la barra brava de Newell’s, actuó como intermediario, ya que aún no se estableció quién instigó el ataque.

Norma Acosta ha sido protagonista de múltiples denuncias en la última década: desde la muerte de su pareja Miguel “Japo” Saboldi en el penal de Francia al 5200, pasando por su detención y condena por comercialización de drogas –hecho que ella atribuye a una causa armada–, hasta los asesinatos de su padre y su hermano. En distintas oportunidades, Acosta denunció públicamente a bandas narco como la liderada por Luis “Pollo” Bassi, al tiempo que se mostró cercana a un sector del clan Cantero.

En febrero, en uno de sus habituales vivos de Facebook, Acosta ventiló con nombres y apellidos detalles de una denuncia sobre una caja negra de jefes policiales financiada con dinero del narcomenudeo y fondos destinados al combustible de los patrulleros.

Por eso resultó sugestivo que la balacera contra su casa –no la primera que sufre– se produjera 48 horas después de una masiva redada de Asuntos Internos contra trece efectivos policiales de mediana y alta jerarquía acusados de desviar fondos destinados a la nafta de los patrulleros. Todos ellos permanecen detenidos con prisión preventiva en una causa que generó un fuerte cimbronazo en la Unidad Regional II, que fue intervenida.

A todo esto, Norma Acosta resultó allanada el miércoles por presunto falso testimonio, puesto que habría mentido en su declaración, donde aseguró haber visto que los tiradores se movilizaban en un vehículo blanco –lo mismo afirmó ante la prensa–, por lo que su celular fue secuestrado.

Trama paralela

En la tarde del arresto, en la vivienda de Convención al 3600 se encontraba Luna Robles, hermana del imputado y suboficial que trabajaba en la Central de Emergencias 911. El fiscal Socca ordenó entonces el secuestro del teléfono de la agente policial.

La situación de Luna Robles se agravó el lunes pasado, cuando fue detenida en la cárcel de Piñero mientras visitaba a su pareja y padre de su bebé de cinco meses: Kevin Alfredo Ramos, preso desde septiembre de 2024. Según trascendió, la agente le filtraba información sensible a la que tenía acceso por su trabajo. Por la situación, el gobierno provincial sacó una resolución de que hará inspecciones socio-ambientales a los policías y agentes penitenciarios, para analizar los entornos en los que se desenvuelven.

La acusación contra Ramos lo ubica en una trama de crimen organizado. Según la Fiscalía, aportó un arma a su primo –el adolescente apodado Soretito– para el ataque a tiros contra un colectivo de la línea 146 el pasado 5 de septiembre, en Abanderado Grandoli y Spiro.

La investigación de ese atentado apunta como instigador a Carlos Jesús “Pelo Duro” Fernández, un conocido en el mundo criminal local, quien habría dado la orden desde la cárcel de Coronda.