El financista Luis Herrera, y sus dos hijos Ignacio y Diego, quedarán en prisión preventiva durante los próximos seis meses mientras avanzan las investigaciones por múltiples estafas a sus clientes en el marco de su default en septiembre de 2021.
Así lo dispuso esta tarde la jueza Paula Álvarez tras una extensa audiencia que llevo dos días en la que Fiscalía presentó nuevos indicios contra los financistas.
En concreto, el equipo del fiscal Miguel Moreno, en colaboración con la querella, señalaron que antes del default Herrera transfirió 5 millones de dólares a operadores financieros y comerciales radicados en el exterior ocultando esos activos. Por eso, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo imputó ahora también por quiebra fraudulenta y asociación ilícita. Todos ya estaban antes procesados por estafa.
La defensa, por su parte, aseguró que esos envíos al extranjero realizados en 2020 eran para realizar pagos en el extranjero (por debajo del radar del fisco argentino) como se lo pedían sus clientes y resaltó que los empresarios siempre estuvieron a disposición de la Justicia (por ejemplo, esta semana sabiendo que los iban a detener, se presentaron antes ante las autoridades, quedando así presos) y que nunca intentaron trabar las investigaciones.
No obstante, la magistrada fue muy dura contra los financistas a los que los acusó de no respaldar con documentos sus argumentos defensivos. "Escondían documentación en autos antiguos. ¿Qué hacían esos documentos ahí? Toda esa información no pudo ser valorada en 2022. Son comportamientos que hay que analizar", dijo.
"Estuve al frente de diez audiencias ya por el caso Herrera. La única vez que apareció un recibo delante mío, fue el que se le presentó a una víctima que no reconoció esa firma como suya, ni era por el monto que había puesto", agregó la magistrada.
"Respecto a la administración fraudulenta, pude ver una capacidad absoluta del señor Herrera de explicar todo, que en algún punto a mí me generó confusión, porque casi que me pudo convencer de los riesgos de los futuros y opciones, pero luego por parte de la Fiscalía venían elementos para sostener que se trata de una maniobra y que nunca se pudo probar la supuesta crisis que generó una "mala suerte" tal que no pueda responder a sus obligaciones", dijo la magistrada en su resolución.
Ocurre que durante la audiencia, Herrera dedicó más de media hora para explicar su negocio de mercados de futuros en Chicago y culpó a la crisis de 2019 ("que hizo caer acciones, bonos y subir el dólar y el riesgo país) por sus problemas, pero no explicó como una crisis en Argentina le truncó sus negocios en el exterior.
Fiscales pidieron 2 años y la defensa que salgan en libertad recurriendo, entre otros argumentos, a que la familia siempre estuvo disponible y que, anoticiados de que los iban a detener, se presentaron el lunes a las autoridades, cuando quedaron presos a la espera de las audiencias imputativas.
"Sobre la presentación espontánea del lunes ha habido acusados por homicidio que igual se presentaron solos y terminaron con prisión preventiva. Y es llamativo que no hayan llevado sus teléfonos cuando fueron a entregarse", agregó.
Los seis meses de prisión preventiva cayeron muy duro entre los imputados, tratándose de una de las medidas cautelares más duras de las que se tenga registro en los llamados delitos de "guante blanco".
"Un elemento que no estaba en la audiencia de 2022 y que apareció ahora fue el chat en el que uno de los Herrera dice: 'Vendo todo y me voy a Polonia'. Justo a un país sin tratado de extradición con Argentina", dijo la jueza para argumentar que queden tras las rejas.
El turno de la defensa
Luego de que el jueves los fiscales realicen las imputaciones y las querellas sumen sus argumentos, este viernes fue el turno de la defensa.
"No fueron millones fugados. Fueron millones pagados". Así se refirió este viernes Gustavo Francescheti, el abogado defensor del financista Luis Herrera, sobre los giros al exterior de U$S 5 millones realizados en 2020 antes del defualt, que el jueves denunció Fiscalía.
En una larga audiencia presidida por la jueza Paula Alvarez, que siguió desde temprano tras el cuarto intermedio del jueves, el letrado defensor contó que todo el movimiento a brokers en Houston, Texas, Miami y las Islas Vírgenes son propios de las maniobras para enviar dinero al exterior escondiéndose del radar del fisco argentino.
"Admitimos que hubo una infracción cambiaría y aduanera, pero los giros al exterior de 2020 eran para pagar a los clientes que pedían que les depositen afuera y los clientes que ya teníamos afuera", sostiene la defensa para retrucar la imputación de que antes de caer Herrera escondió U$S 5M antes de defaultear.
"No hay trazabilidad sobre esas operaciones y tampoco sobre entre quienes se repartieron los 5 millones de dólares en el exterior porque, precisamente, ese es el objetivo de las operaciones cable, y por eso es una infracción aduanera", sostuvo el abogado Francescheti.
Para probar que con ese dinero enviado al exterior se pagó a clientes, la defensa sostuvo que "calzan justo con las fechas y montos de pago a clientes que figuran en recibos".
Sobre los pagos realizados en el exterior, al abogado Diego Luengo, que Fiscalía denunció porque fue sin permiso judicial, el que tomó la palabra fue el propio Luis Herrera: "En 2023 me quedé sin abogado al renunciar Martínez Gorostiaga. Tampoco quería tomar la Defensoría Pública. Recurrí al broker Tim Lyons, un profesional de 80 años que con el tiempo entablamos una relación de amistad, y a través de un banco extranjero me pago afuera a un abogado".
La estrategia de la defensa fue mostrar que "lo que hay es una deuda impaga, pero no la comisión de un delito", y por eso se trata de "incumplimiento contractual que intentó resolver en el concurso de acreedores".
"El dinero no se esfumó, es que no le alcanzó. Hay deuda, no delito. Se perdió el dinero por la crisis de 2019 porque el negocio de futuros y opciones es muy riesgoso y así como se puede ganar mucho, se puede perder todo", dice la defensa. Pero el punto novedoso de la audiencia fue que Herrera tomó la palabra para defenderse.
"Quiero contar lo que fuí porque en términos sociales, profesionales y comerciales fui cancelado por este proceso", dijo y empezó a contar su historia profesional, su paso por el mundo bursátil y su especialización en el negocio de futuros y opciones, "que por ser más riesgoso y apalancado, genera más rentabilidad", según explico ante la magistrada.
"La Bolsa de Comercio de Rosario me eligió por dos décadas para su comisión de inversiones por la renta que sé generar y el ahora Matba/Rofex me eligió para conducirlo en la crisis de 2002 por mi capacidad para sortear crisis y cumplir con los contratos en dólares y así lo hice", dijo.
"Estuve 25 años en el directorio del Rofex y el Centro de Corredores de Rosario me nombró cerealista del año. Por estos antecedentes, la gente me otorgó créditos para que administre con total libertad por la alta rentabilidad que genero con futuros y opciones", agregó.
"Los 20 más grandes operadores del mercado de granos (exportadores y corredores) me confiaron por años la administración de un fondo para proveerle liquidez a sus posiciones en futuros y por mi gran rendimiento hasta rechazaron mi idea de compartir esa cartera", recordó.
"Repasamos antecedentes y reconocimiento de Herrera para mostrar que no era un yerno vago que se aprovechó de su suegro, o un financista arribista que armó un Ponzi, sino que el prestigio se lo ganó a fuerza de gran éxito con sus inversiones", dijo el abogado defensor.
"Pagó todo lo que pudo. Si hasta tomó un crédito usuario en el banco Reba por U$S 3 millones para seguir pagando, cómo lo hizo. Y encima el banco les remató judicialmente las acciones del Matba Rofex que estaban de garantía y que era un activo clave para pagarles a los acreedores. Nunca se fugó. Se puede criticar que no prorrateo los pagos que alcanzó a hacer entre todos y que su negocio era riesgoso, pero claramente no era un Ponzi. Confiaba en qué con tiempo superaría la corrida post paso 2019 cómo lo hizo en 2001, cuando cumplió todos sus compromisos en dólares, y -por eso- al no pesificar hizo que la gente le lleve a él sus ahorros y no a los bancos", sostuvo el letrado.
La defensa de Herrera puso sobre la mesa la opción de un acuerdo: "Cuando fiscalía se convenza de que no hay dinero escondido, se podría hacer una suspensión del juicio a prueba y repartir entre denunciantes los bienes cautelados que cubren los 18 millones que suman las denuncias".
Precisamente, Francescheti cuestionó los números de la deuda que presentó la Fiscalía, a qué le recriminó no haberlos auditado. "Solo sumaron lo que le dijeron los denunciantes, pero si estamos ante un delito no solo habría que contabilizar el capital, sino los intereses", dijo. Y fue por más: "Hay 68 denunciantes que retiraron más de lo que depositaron y se llevaron u$s1.7M", retrucó. Es más, estimó que la cifra del faltante que presentó fiscalía está sobreestimada en U$U 11 millones
