El decreto del Gobierno que implementa una batería de cambios en la ley Nacional de Tránsito generó rechazo y cierta controversia en distintos sectores locales que se manifestaron en contra de las modificaciones previstas en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de los vehículos, pero también “en alerta” por el vencimiento de la concesión de los peajes que pone en riesgo, según dijeron, unos 500 puestos laborales en la estación del puente Rosario-Victoria y en la ruta nacional 14.
Cabe destacar que cada provincia tiene la facultad de adherir total o parcialmente al decreto o bien no hacerlo, según lo que considere más conveniente, por lo cual habrá que aguardar para conocer lo que decide Santa Fe en relación a, por ejemplo, los cambios en la RTO y en la implementación del cobro de peaje automático.
Es diferente lo que sucede con el vencimiento de la concesión de las rutas y el cobro de peajes, ya que esa posibilidad no está vinculada con el decreto del Ejecutivo ni con la ley de Tránsito.
Preocupación entre trabajadores de peajes
Desde el Sindicato Único de Trabajadores Viales y Afines de Santa Fe (Sutracovi), su secretario general Leandro Bond anunció que decidieron lanzar un plan de lucha y que se encuentran “en estado de alerta” ante la inminente finalización de la concesión del peaje del puente Rosario-Victoria, prevista para el 8 de abril, que podría dejar sin trabajo a unas 500 personas. “Va a haber 500 familias sin trabajo. Los pliegos de concesión terminan el 8 de abril y no estipula la continuidad de los trabajadores. No está esa cláusula y la empresa nos dijo que no va a tener las indemnizaciones”, advirtió este miércoles en diálogo con Cada Día (El Tres). Son trabajadores de la estación de peaje “Isla La Deseada” en la ruta nacional 174 y también de la ruta nacional 14 que va desde Zárate hasta Paso de los Libres, en Entre Ríos y Corrientes. Actualmente, la concesión le pertenece a la empresa Caminos Río de Uruguay (Crusa). La Dirección Nacional de Vialidad (DNA) afirmó que, una vez terminado el contrato, “los servicios viales continuarán sin cobro de peaje” y advirtió que “no está facultada para absorber al personal de Crusa ni garantizar la continuidad laboral, ya que la licitación vigente no contempla ningún mecanismo al respecto”, según informó Sutracovi. Frente a la incertidumbre y a los puestos de trabajo en riesgo, el gremio le pide a Nación que “ordene una prórroga transitoria de la concesión actual, tal como se ha hecho en otros casos, y diseñe una ingeniería contractual que permita el traspaso del personal al nuevo concesionario”. Por otra parte, el sindicato que nuclea a los trabajadores de peaje en la provincia opinó sobre la idea del Gobierno de avanzar con la instalación de “cabinas automáticas”, es decir sin personal en las estaciones que le cobren a los usuarios. “Ya tenemos algunos peajes en la provincia con telepase. Lo que anunció Adorni (el vocero presidencial) es un proceso de reconversión de las cabinas de peajes. No tenemos problemas con las nuevas tecnologías, pero siempre con la gente adentro”, señaló Bond al respecto. El decreto 196/2025 también establece una serie de cambios en el Sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos que fueron cuestionados por la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) porque, según argumentaron, no tienen “un fundamento técnico sólido y compromete la calidad e independencia del sistema de control vehicular en el país”. Consideran que las medidas adoptadas “son arbitrarias y carecen de la justificación necesaria para alargar los plazos de la RTO, lo que podría poner en riesgo la seguridad vial”, según advirtieron en un comunicado. La desregulación de la RTO que propone el gobierno de Javier Milei, a través del ministro Federico Sturzenneger, establece la extensión de los plazos entre revisiones. Sin embargo, la CCIV sostuvo que que “no está respaldada por datos técnicos que justifiquen” la medida y expresó que “la seguridad vial debe basarse en criterios técnicos y no en decisiones arbitrarias que puedan poner en peligro la seguridad de los ciudadanos”. Por otro lado, aunque el decreto traslada las facultades de la RTO en relación con las provincias, puntualizaron que centraliza únicamente la gestión de la información a nivel de registro. “Esto puede generar incoherencias en el sistema de inspección vehicular, al depender de la capacidad de cada provincia para gestionar y aplicar las normativas de manera uniforme”, abundaron. Otro punto cuestionado es que las modificaciones pueden generar un conflicto de intereses con concesionarios, importadores y talleres mecánicos. La Cámara se opone a que dichos sectores realicen las inspecciones bajo el argumento de que “la imparcialidad es crucial para garantizar que las revisiones se realicen de manera objetiva y sin influencias comerciales”.
Rechazo a los cambios en la RTO
