El gobierno nacional, a través de la cartera económica y mediante la publicación de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, llevó a cabo la disolución del Fondo Fiduciario Público conocido como Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), mediante la publicación de los procedimientos pertinentes y el traspaso de la administración de los préstamos vigentes a un banco privado.
Tal como lo habían anunciado el año pasado desde la gestión de Javier Milei avanzan en el desmantelamiento del esquema fiduciario creado en 2012 para administrar los créditos del plan Procrear. El Banco Hipotecario continuará la gestión de los préstamos bajo contrato, mientras que los bienes serán redistribuidos o vendidos. A más de seis meses de su disolución formal, el Ministerio de Economía reglamentó la etapa operativa del cierre.
Según justifican desde el Gobierno, esta medida se fundamenta en la necesidad de "mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto", argumentando que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado.
La Resolución 764/2025, publicada este 9 de junio en el Boletín Oficial, instruye a diversas áreas de gobierno a ejecutar las disposiciones del Decreto 1018/2024, que en noviembre del año pasado puso fin a la figura jurídica del fideicomiso Procrear.
El programa había sido implementado en su origen como una política de estímulo al crédito hipotecario y al acceso a la vivienda, y se financió principalmente con fondos de la Anses a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
A partir de esta decisión, uno de los mayores interrogantes es el destino de los créditos hipotecarios y personales que fueron otorgados bajo las distintas líneas del Procrear, tanto para adquisición, construcción o refacción de vivienda única, como créditos de desarrollos urbanísticos en ciudades de todo el país.
Desde la cartera económica dispusieron que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado con iguales condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012.
Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago.
En otras palabras, los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones. Las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente a lo largo de estos años.
La liquidación del fondo implica que la administración económica y legal de los créditos —cobro de cuotas, emisión de deuda y eventual renegociación— se mantendrá a cargo del Banco Hipotecario, tal como venía funcionando. Además, la Secretaría Legal del ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa.
La disolución del Procrear sucede en simultáneo al desarrollo de cerca de 17.000 viviendas en distintos puntos del país, muchas de ellas con diferentes grados de avance. Así las cosas, el Gobierno nacional resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado.
