En el marco de la conmemoración de los 10 años del movimiento Ni Una Menos contra la violencia de género, en lo que va del 2025, el Observatorio de Violencias por Motivos de Género "Mercedes Pagnutti", que lidera la concejala Norma López, registró un total de 124 femicidios, lesbicidios y travesticidios en el país, a partir de su relevamiento de medios.
De ese total, precisaron que el 60,5 por ciento fue cometido por parejas, exparejas o familiares, y el 64,5% ocurrió en el hogar de la víctima. El 15% había realizado denuncias o contaba con medidas cautelares y botón antipánico (ver apartado); y el 15,6% estaba en situación de violencia por motivos de género.
Entre los resultados, destaca que las tasas por provincia de femicidios cada 100.000 habitantes sobre población de mujeres y diversidades, según el Censo 2022, son lideradas por Santa Fe con 1,09. Le siguen Tierra del Fuego con 1,07 y Chaco 1,03.
Solo en la provincia de Santa Fe, detectaron un total de 20 femicidios, de los cuales 11 fueron en la ciudad de Rosario, lo que representa el 55 % de los casos (ver apartado). Ante estos resultados, desde dicho observatorio rosarino destacaron que “esta violencia extrema no solo persiste: se reproduce de manera estructural en una sociedad marcada por la desigualdad, la impunidad y el abandono estatal”.
“A una década del inicio del movimiento que marcó un antes y un después en la visibilización de las violencias de género, los avances logrados -programas fundamentales como Acompañar, Línea 144, la Educación Sexual Integral (ESI), el Plan Enia, y diversas iniciativas de apoyo económico, comunitario y educativo- fueron desmantelados por políticas de ajuste, reducidos o eliminados”, aseguraron desde el organismo.
Entonces, analizaron que “cuando una persona en situación de violencia no cuenta con una alternativa habitacional, las posibilidades reales de alejarse del agresor se reducen drásticamente. Esto es aún más crítico en contextos de desfinanciamiento de políticas públicas dirigidas como el que atravesamos actualmente”.
En un marco de ajuste y reconfiguración del Estado, “los dispositivos de resguardo temporal para personas en situación de violencia de género se encuentran saturados, precarizados o directamente desmantelados. Esos desmantelamientos son una expresión concreta del negacionismo del gobierno nacional respecto de las violencias de género”, precisaron en su comunicado.
La concejala Norma López, impulsora de este informe, precisó: “Ni Una Menos no es solo una consigna, es una exigencia urgente que interpela al Estado, a la sociedad y a todos los niveles de gobierno. Mientras los dispositivos de resguardo se saturan, precarizan o cierran, crecen los femicidios en contextos de criminalidad, la falta de acceso a la vivienda, y la desprotección de las personas en situación de violencia. El cambio cultural y de gestión que necesitamos es con nosotras en las calles, organizadas y en lucha hasta erradicar todas las formas de violencia y las políticas de la crueldad”.
Los números que duelen de femicidios en el país, la provincia y la ciudad
En Argentina, del total de los 124 femicidios ocurridos este año, el Observatorio Mercedes Pagnutti destacó que el 50,8 por ciento fue cometido por alguien de vínculo íntimo con la víctima (63 casos), el 9,7 por ciento es un familiar (12), el 16,1 es en contexto de criminalidad (20). Con un 46,8 por ciento, la mayoría fue en la vivienda de la víctima (58 casos) y un 12,9 la vivienda de ambos (16). Un total de 47 niños y adolescentes quedaron sin madre. En Santa Fe, el observatorio contabilizó 20 femicidios (de los cuales 11 fueron en la ciudad de Rosario, que representa el 55 por ciento de los casos). De los 20 casos, el 25 por ciento fue en contexto de criminalidad, y un 20 por ciento fueron personas íntimas con la víctima. El 60 por ciento de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima (12). En Rosario, de los 11 femicidios, el 45 % fue en contexto de criminalidad (5) y el 27 % íntimos. El 15% de las víctimas detectadas por el Observatorio Mercedes Pagnutti había realizado denuncias o contaban con medidas cautelares y botón antipánico. “Esto resalta la ineficacia del sistema judicial y de seguridad para proteger a las personas en situaciones de riesgo de femicidio, ya que, a pesar de las denuncias, no se logró evitar el desenlace fatal”, analizaron. Entonces recordaron el reciente femicidio de la enfermera rosarina Ailen Oggero, perpetrado en febrero de este año en Rosario, sobre el cual precisaron: “Evidencia la tardía reacción judicial ante denuncias previas. El caso revela una grave falla estructural en la justicia y en los mecanismos de protección ante la violencia de género”. Recordaron que Ailén había denunciado a su ex pareja en noviembre de 2024 por múltiples episodios de violencia física, psicológica y simbólica. “Este patrón de desatención institucional es recurrente en casos de femicidio, donde las víctimas ya habían denunciado a sus agresores y no fueron protegidas eficazmente”, señalaron. Finalmente, destacaron que “en el tratamiento judicial y mediático reaparece un sesgo patriarcal, minimizando el contexto de violencia previa. Esto perpetúa una narrativa de duda hacia la víctima y refuerza la impunidad: el femicida de Ailen fue imputado luego del asesinato por las denuncias efectivizadas el año pasado”, finaliza el informe del observatorio.
El sistema judicial, “engranaje fallido de denuncias” y el caso de Ailén Oggero
