Entre las medidas más relevantes, se destaca la posibilidad de que las universidades e instituciones de educación superior de gestión estatal establezcan aranceles para los estudiantes extranjeros con residencia temporaria en el país.

Este cambio, que ha generado diversas reacciones, no afecta a ciudadanos argentinos ni a residentes permanentes, quienes seguirán accediendo a la educación superior sin costo, como hasta ahora.

Tampoco se verán modificados los niveles inicial, primario y secundario: la educación obligatoria continuará siendo gratuita para todos los residentes, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.

¿Qué cambia concretamente?

Cada universidad pública podrá decidir de forma autónoma si implementa o no un arancel para los extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Es decir, no se trata de una medida obligatoria, sino de una facultad que queda en manos de cada institución. El objetivo declarado por el gobierno es “proteger el sistema educativo y fortalecer la eficacia en la inversión de los recursos públicos”.

¿Qué implica para el futuro?

La medida plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la apertura del sistema universitario argentino —históricamente gratuito y de calidad, incluso para estudiantes de otros países— y la sostenibilidad de sus recursos. Para muchos, representa un intento de ajustar los beneficios del sistema a las condiciones migratorias de quienes lo utilizan, en un contexto de presión presupuestaria.

Mientras tanto, las universidades comienzan a analizar sus opciones. Algunas podrían mantener su carácter gratuito como parte de su identidad institucional; otras, evaluar alternativas de financiamiento ante la nueva posibilidad que habilita el DNU.