Ocho personas fueron imputadas y puestas en prisión preventiva por una causa que investiga un circuito clandestino de armas de fuego en Rosario. La investigación, que aún sigue, tiene en la mira a los supuestos organizadores de una asociación ilícita, pero también a una armería, un instructor de tiro y hasta a un médico psiquiatra. Estos últimos dos están bajo sospecha de otorgar certificados de aptitud psicofísica a los llamados prestanombres, es decir, a personas de bajos recursos que, a cambio de dinero, les tramitaban las credenciales de legítimos usuarios, para luego comprar armas y derivarlas al mercado negro, donde eran vendidas por el triple de su valor inicial.
El fenómeno de las "compras de paja" de armamento (straw purchase), muy extendido en Estados Unidos, tuvo una investigación local que arrojó resultados significativos al poner en descubierto que una cadena de personas, que según la Fiscalía actuaba de forma organizada, adquiría armas de fuego para luego hacer negocios en el mercado ilegal.
Parte de ese armamento originalmente legal, dijo el fiscal, llegó a integrar el arsenal de Luciano "Lucho" Cantero, el jefe de una pandilla violenta del barrio 17 de Agosto, que fue detenido en enero de 2022 con una veintena de pistolas, causa por la que semanas atrás fue condenado a seis años de prisión.
"Hace dos meses habíamos imputado a doce personas que hacían de prestanombres para comprar armas de fuego que se desviaron al mercado ilegal. Dijimos que era el primer paso de una investigación mucho más grande", arrancó el fiscal Gastón Ávila la conferencia de prensa de este viernes, al término de la resolución de la jueza Melania Carrara.
"En esta última oportunidad, detuvimos a un gestor, a un empleado, hijo de la dueña de una armería de la ciudad, y también a un médico psiquiatra, a un instructor de tiro, y a otro prestanombre, así como a una persona que teníamos prófuga, que se había escapado a San Luis y que estaba como organizador de esta asociación ilícita", agregó el fiscal.
Se refirió a Lucas Petrovelli (señalado como organizador de la banda), al gestor Javier Hernández (también señalado como organizador), a Mauricio Lo Giudice (hijo de la dueña de una conocida armería de zona sur), al psiquiatra Marcelo Lemoine, al instructor Paulo Fedeli, y al sindicado prestanombre Marcelo Godoy. A la nómina de imputados se suman Flavio Petrovelli (hermano del principal investigado) y Rodrigo Sinsig (organizador y sindicado de "provisión ilegal de armas").
La jueza resolvió dictar prisión efectiva por un año para Sinsig y los hermanos Petrovelli; por ocho meses para Hernández, Lo Giudice y Godoy; y por el plazo de 30 días para Lemoine y Fedeli.
"Determinamos que este circuito de armas estaba muy aceitado. Había dos personas que se dedicaban a captar gente con necesidades económicas, les ofrecían dinero a cambio de hacerse la credencial de legítimos usuarios (Petrovelli y Sinsig); los llevaban con un médico específico que no cumplía con ninguna de las exigencias que el protocolo de la Anmac les exige a los médicos para poder declarar apto a una persona", continuó el acusador.
Luego, detalló las graves acusaciones que pesan sobre el psiquiatra y el instructor: "Si una de las personas no veía bien de un ojo, no importaba. Si otra no escuchaba de un oído, tampoco. Y el instructor de tiro, con total libertad, declaraba que tenían idoneidad en el manejo de armas de fuego".
En enero de 2022, personal de la Agencia de Investigación Criminal allanó al referente de la llamada nueva generación de Los Monos, "Lucho" Cantero, cabecilla de una organización de alrededor de 40 personas que manejaba armamento para cometer hechos de sicariato, robos y otros delitos.
Ávila dijo que, a raíz de la noticia del arresto de Lucho y de las imágenes de las pistolas que llegaron a la prensa, "la gente de la armería" se preocupó porque identificó dentro de ese arsenal a una de las armas que tenía características muy específicas.
Se cree, dijo, que parte de la organización hizo negocios con Cantero por al menos 70 armas. "El plus que tenían es que muchas de esas armas eran nuevas, algo que no se consigue tanto en el mercado ilegal. Pudimos determinar que el valor de reventa era de dos o tres veces el valor del mercado legal. Esa era la ganancia que sacaban con la venta de las armas y de las municiones", dijo el investigador.
Y agregó que "normalmente estas armas se vendían con la numeración eliminada, precisamente para dificultar la trazabilidad y rastrear a ver quiénes eran las personas propietarias".
"Estamos hablando del periodo 2022-2023, que fue probablemente el más sangriento de Rosario. Las personas que vendían las armas inescrupulosamente (por codicia), a quienes luego las desviaban a las bandas criminales son, en parte, responsables del ciclo de violencia de esta ciudad", reflexionó a modo de cierre.
