El Gobierno nacional prorrogó la designación de Mariana Herrera Piñero como directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), en un contexto de reestructuración del organismo que, según denuncian organizaciones de derechos humanos, está paralizado. La decisión se tomó, además, luego de que la Justicia diera lugar a uno de los pedidos de Abuelas de Plaza de Mayo, que había solicitado frenar lo que calificó como una “intervención de facto” del BNDG.
El Decreto 422/2025, publicado este lunes 23 de junio en el Boletín Oficial, extiende la permanencia de Herrera Piñero en su cargo a partir del 17 de mayo de este año y hasta tanto se lleve a cabo el concurso público correspondiente. La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, apunta a garantizar el funcionamiento del organismo en tanto se desarrolla el proceso de selección exigido por la Ley 26.548.
El BNDG es un organismo clave en la obtención, almacenamiento y análisis de información genética para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983.
El texto oficial recuerda que la Ley 26.548 establece que el BNDG debe funcionar bajo la dirección de un profesional en bioquímica o biología molecular con experiencia en genética forense, designado por concurso público por el Poder Ejecutivo Nacional, con un mandato de cuatro años y posibilidad de reelección. Herrera Piñero había sido designada originalmente por el Decreto 331/2021 y su continuidad se había visto afectada por la transformación del BNDG en organismo desconcentrado, dispuesta por el Decreto 351/2025.
El decreto señala que, “hasta tanto se lleve a cabo el concurso público de oposición y antecedentes correspondientes, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del organismo, resulta necesario prorrogar la designación de la doctora Mariana Herrera Piñero en el cargo de Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos”. De este modo, la funcionaria continuará en su puesto hasta que se concrete el proceso de selección y se produzca la nueva designación conforme a la normativa vigente.
El documento también aclara que la prórroga “tendrá vigencia hasta tanto se lleve a cabo el concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el referido cargo y se produzca la designación por el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 26.548 y su modificación”.
Un mes antes de la publicación de este decreto, se establecieron cambios significativos para la estructura del BNDG mediante otro (el 351/2025), con el cual se definió que pase a ser un organismo descentralizado a uno desconcentrado. Con esta nueva configuración, el BNDG pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Denuncia de Abuelas
Desde la asociación que lucha por restituir la identidad de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico militar habían reclamado que se prorrogara a Herrera Piñero como titular del BNDG. La organización encabezada por Estela de Carlotto elevó este y otros dos planteos ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín. Según Abuelas, el decreto 351/2025 abrió la puerta a una intervención del organismo contraria a los marcos legales establecidos. “El organismo se encuentra acéfalo desde hace semanas, ya que están vencidos los cargos directivos y no se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias de roles esenciales para el desarrollo de las tareas centrales para su funcionamiento”, señalaron las Abuelas en un comunicado difundido la semana pasada. Según explicaron, la situación impedía que se puedan firmar informes para comunicar resultados de entrecruzamientos de ADN, comprar insumos, cumplir con el mantenimiento y cuidado de las maquinarias, disponer del presupuesto para viajes de extracción de muestras, o realizar exhumaciones para completar grupos familiares, entre otras tantas tareas. El organismo de derechos humanos denunció que el Banco Nacional de Datos Genéticos “no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023”. Además, cuestionaron que las decisiones del BNDG están en manos del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es una persona licenciada en Administración de Empresas, y del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, que es licenciado en Psicología. “Es decir, profesionales sin formación específica para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad”, indicaron. La presentación judicial solicitó además que se preserven las muestras biológicas y genéticas del banco, y que se declare la inconstitucionalidad del decreto que modificó su estructura. Por ahora, el Gobierno sólo accedió al primer punto, mientras que sobre los otros dos no se han producido definiciones judiciales ni respuestas oficiales.
