Primeros fueron algunos comentarios aislados. Después, discursos de funcionarios. Y ahora llegaron los cambios oficiales que ponen a los migrantes en el lugar de una amenaza, o al menos una carga pesada para el resto de la población argentina. El último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 del Gobierno de Javier Milei modificó la ley de Migraciones, que era reconocida a nivel internacional, e implica un retroceso para las distintas comunidades.
Referentes locales rompieron el silencio, compartieron sus preocupaciones, tristezas y temores, y además señalaron que buscarán revertir esa normativa. Es que el DNU 366 publicado la semana pasada en el Boletín Oficial le quita a las personas migrantes derechos que la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país.
Marlon Oliveira, de la comunidad brasilera en Rosario, se cansó de los discursos que estigmatizan a los migrantes y salió a contar las acciones positivas que realizan con una red de extranjeros. “No somos un problema, somos una solución”, aseguró.
“No podemos permitir que el miedo guíe nuestras políticas”, advirtió Lina Luz Quispe, periodista peruana en la ciudad. La conductora de Uniendo Fronteras contó a Rosario3 que se juntaron con otros referentes para frenar el DNU con amparos en la Justicia y en el Congreso.
Luz Quispe advirtió sobre algo que ya padecen: una condena social sin fundamentos. “Personas que no están informadas sobre el tema y te comienzan a atacar. Sos víctima por el solo hecho de ser migrante, eso se vuelve a activar, que te maltraten. Por poco somos los responsables de que el país esté como esté”.
Robby Glesile, haitiano en Rosario y autor del libro “Papiyon Nwa (Mariposa negra)", se preguntó cómo reaccionar ante una realidad que empezó a dibujarse en los últimos años: “No puedo ser neutro. Si me callo, ¿estaré en el mismo grupo de los argentinos "de bien"? Si levanto la voz, ¿estaré en la fila de los orcos?”.
“Esta reforma alimenta el odio y la xenofobia”
“La reforma migratoria impulsada por el decreto 366/2025 me genera una mezcla de profunda indignación, incertidumbre, preocupación y una enorme tristeza”, dice Lina Luz y agrega: “Es desgarrador ver cómo, de un día para el otro, se busca desmantelar una de las leyes de migraciones más avanzadas del mundo, la número 25.871, reconocida por su enfoque de derechos humanos”.
“Mi sensación más fuerte es la de impotencia ante la injusticia. Este decreto no solo es un retroceso legal, sino que ataca directamente la dignidad de miles de personas. Se basa en una narrativa de desinformación y mitos que asocian a la migración con problemas que no les corresponden: que «vienen a quitar el trabajo», o que «acceden a servicios de salud y educación de manera gratuita sin aportar». Esto es una absoluta falsedad”, continuó.
Lina participó de reuniones con otros referentes y acordaron iniciar “estrategias legales para presentar recursos de amparo” y también que los legisladores nacionales rechacen el DNU en el Congreso, entre otras acciones para revertir lo que consideran un ataque del Poder Ejecutivo.
“Nuestro objetivo principal es claro y contundente: lograr la derogación de este decreto”, definió.
La joven de 35 años llegó a Rosario desde Perú hace 15. Estudió teatro y creó un programa periodístico que se llama “Uniendo Fronteras”. Organiza encuentros y acciones con distintas colectividades. Fue precandidata a concejal en las últimas elecciones.
Lina trabaja todos los días con las comunidades locales y aclara que “nada es gratis en nuestra sociedad, todo tiene un precio y se sostiene con los aportes”. “No es cierto que los migrantes accedan a la educación y a la salud de forma gratuita. Estos servicios públicos esenciales se solventan con los impuestos de todos los residentes, impuestos que los migrantes pagamos al igual que cualquier ciudadano o ciudadana”, señaló.
“Las personas migrantes –continuó– no quitan trabajos; en muchos casos, cubren puestos que la mano de obra local no ocupa o complementan la economía con emprendimientos y habilidades. La idea de que los migrantes son una carga es una falacia utilizada para desviar la atención de problemas estructurales y, en su lugar, sembrar la discordia”.
“Lo que me preocupa aún más es cómo esta reforma alimenta el odio y la xenofobia. Cuando desde el Estado se promueven discursos que estigmatizan, se abren las puertas a la discriminación y a la división social”, dijo y agregó que este decreto avanza “generando miedo y deshumanizando a quienes solo buscan una oportunidad para vivir y aportar en paz”.
“No somos una carga, somos una oportunidad”
Marlon Oliveira es un joven que llegó a Rosario en 2017 desde Brasil, se instaló en la ciudad y entre otras actividades creó la organización de migrantes "Corazón Solidario". Comparte ese espacio con otros rosarinos por adopción, oriundos de Colombia, Haití, Paraguay, Perú, Chile o Canadá. La red combina una olla popular, con actividades físicas, artísticas y culturales, tanto en invierno como a fin de año, cuando juntan juguetes para repartirlos a chicos y chicas.
En medio de las repercusiones por el decreto del Gobierno nacional que endurece las condiciones para ingresar al país y facilita la deportación de migrantes, una forma de criminalizar a esa población, Marlon tuvo la necesidad de romper con ese relato oficial.
Compartió un mensaje de "desahogo personal". "Estuve tanto tiempo en silencio, pero últimamente con todo lo que está pasando con nuestra comunidad migrante, me siento en el deber de hablar", señaló.
“Quiero contarles mi historia y la de muchos migrantes que, como yo, hemos encontrado en Argentina un hogar lejos de casa. A menudo nos juzgan diciendo que venimos a aprovechar el sistema, que no aportamos nada y que solo buscamos estudiar gratis. Pero la realidad es muy diferente", afirmó el profesor de Educación Física y músico.
Marlon siguió en el posteo junto a un video sobre las acciones de su ONG: "Como fundador de Corazón Solidario, un proyecto que nació del corazón de un grupo de migrantes de diferentes países, puedo decirles que nuestra presencia en este país no es solo para recibir, sino para dar".
"Aportamos a la economía con nuestro trabajo y nuestra contribución fiscal. Aportamos a la cultura con nuestra diversidad y riqueza cultural. Aportamos a la sociedad con nuestro compromiso y dedicación a causas sociales", agregó el joven que llegó a Rosario desde San Gabriel (Porto Alegre, Brasil) con 23 años.
"No somos solo consumidores, somos productores –continuó–. No somos solo beneficiarios, somos contribuyentes. No somos solo extranjeros, somos vecinos, amigos y miembros de esta comunidad”.
“Es hora de cambiar la narrativa. Los migrantes no somos un problema, somos una solución. No somos una carga, somos una oportunidad. No somos solo aquí para recibir, estamos aquí para dar y construir juntos”, defendió.
¿Callar, ser neutro, levantar la voz?
Robenson Glesile, Robby, no empezó a reflexionar sobre el lugar que la sociedad rosarina y argentina le da a los migrantes con los últimos decretos. Hace años que comparte su experiencia de haitiano arribado a la ciudad. Nació en Puerto Príncipe en 1985 y vive en Rosario desde 2012, después del terremoto que devastó la isla caribeña.
Sus análisis, anécdotas y emociones las reunió en el libro “Papiyon Nwa (Mariposa negra)” –que presentará este sábado a las 19 en Aire libre, Virasoro 5606–. Ya desde la irrupción de fuerzas políticas que incluyen la xenofobia entre sus mensajes, desde Donald Trump en Estados Unidos al gobierno libertario en Argentina, advierte un escenario adverso.
“Pienso. Suspiro. Trato de explicarle a la noche mis preocupaciones. No quiero regresar a Haití por ahora. Allá, la situación se aproxima a una implosión social. No quiero volver a migrar a otro destino. Al menos no por el momento. ¿Y Argentina? Argentina es incertidumbre y enigma. Acá los rugidos de Xerxes son cada día más fuertes. Frente a esta situación, no puedo ser neutro. Si me callo, ¿estaré en el mismo grupo de los argentinos "de bien"? Si levanto la voz, ¿estaré en la fila de los orcos?”, interpeló Robby.
Algunos cambios y sus alcances
Decenas de organizaciones de migrantes y derechos humanos, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), firmaron un comunicado que denuncia una “evidente manipulación del tema” y crea un supuesto conflicto donde no lo hay.
En Argentina no hay más migrantes, ni constituyen un problema. En 1960, la población extranjera llegaba a 2,6 millones de un total de 20 millones de habitantes. El Censo 2022 registró menos de dos millones (1.933.463 personas), un 4,2% de población nacida en el extranjero.
“La reforma -desconociendo de manera absoluta la realidad del país, los datos básicos, el impacto positivo de la ley vigente desde 2004- parece emular las medidas de carácter xenófobo y arbitrario de Estados Unidos -también, por decreto-”, afirma el texto compartido entre sus fundamentos.
El decreto también demanda pagos de servicios de salud o aranceles universitarios a personas con residencia temporaria. “Esta afirmación desconoce de forma absoluta el sistema tributario que financia los servicios públicos como la educación y la salud: los inmigrantes que habitan en el país contribuyen con sus impuestos”, replicaron.
Además, para los migrantes “de a pie” (no para inversores) endurece los requisitos: exige condiciones de tipo y tiempo de residencia que ya la Corte Suprema de la Argentina había desestimado.
Con este nuevo paso, el Gobierno profundiza su narrativa antimigrante. A fines del año pasado, Milei modificó la ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado a través del DNU 942/24 que no sólo salteó el debate indispensable en el Congreso, sino que hizo más restrictiva la normativa.
El Gobierno recortó derechos y vinculó a solicitantes de refugio con conceptos criminales y terroristas, analizó Paula Carello, abogada y titular de la Fundación Migra. Es el avance (local y global) de la “crimigración”: ver a los migrantes como una amenaza.
