Rosario, al igual que otras ciudades, fue escenario de una concentración de personas con discapacidad, familiares y trabajadores de un sector que está, según señalaron, en una crisis terminal por el ajuste del Gobierno nacional.
Los voceros de la protesta realizada desde las 11 de este miércoles en la plaza San Martín señalaron que el objetivo es pedir la sanción de una ley de Emergencia y que el presidente Javier Milei cambie la política de reducir partidas y fondos para un área muy sensible.
Denunciaron la pérdida de puestos de trabajo y que los profesionales no cobran por sus servicios. Eso implica que ya haya un recorte de las terapias que necesitan niños, niñas, jóvenes y adultos con distintas dificultades.
Un acompañante terapéutica cobra 3.200 pesos por hora y sus ingresos no se actualizan desde diciembre pasado (solo subió 1%). Los transportistas no cobran por sus servicios prestados y acumulan deudas.
Los manifestantes, con muchos carteles con mensajes de situaciones dramáticas y reclamos colectivos, afirmaron que desde diciembre que no aumentan los ingresos de los profesionales.
Una mujer que trabaja con personas con discapacidad resumió el espíritu general del reclamo de una ley de emergencia: "Queremos que no se recorten derechos ganados".
De 12 a 14 (El Tres) recogió además testimonios muy emotivos de lo que significa el apoyo del Estado para poder sostener terapias y tratamientos especiales. Madres y abuelas de chicos con autismo o discapacidad preguntaron entre lágrimas a los responsables del ajuste: "¿Por qué hacen esto, diganme por qué hacen esto?".
"Estoy indignada, ningún chico se merece todo esto que estamos pasando", agregó otra de las personas que contó el momento crítico.
Algo similar se vivió en la ciudad de Santa Fe con una concentración nutrida en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno provincial.
Hubo distintas consignas de pacientes, sus familias, trabajadores del sector, transportistas y titulares de asociaciones y de centros terapeúticos que reciben a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Explicaron que eso se debe al congelamiento de los aranceles mientras que los costos se elevaron mucho. Dijeron que esos centros especializados están con riesgos de cierre, los profesionales reciben haberes muy bajos y ya hay transportistas que dejan de prestar servicios.
"Venimos con dificultades que vienen desde hace años pero que se han agravado en estos meses", dijeron y enumeraron falencias en las prestaciones o equipamientos.
"Intentamos dar continuidad con las actividades programas pero cada vez va a ser más difícil sostener esta situación. Sentimos que (al Gobierno) no les importa demasiado. Estamos al límite a nivel económico", agregaron a El Tres en Santa Fe.
Frente al Congreso en Buenos Aires
El Congreso de la Nación fue blindado este miércoles por las fuerzas federales de seguridad por el reclamo de varios sectores. Agentes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal montaron un operativo desde temprano, a la espera del grueso de manifestantes.
Aunque la marcha de los jubilados estaba citada a las 16, por la mañana comenzaron a llegar las agrupaciones de familiares de discapacitados. Se sumarán los médicos residentes del Hospital Garrahan, el movimiento feminista Ni una Menos (cumplió 10 años), investigadores del Conicet y estudiantes universitarios.
La movilización apunta a reclamar al Gobierno nacional el desfinanciamiento de la Educación pública, la salud, la investigación y la falta de actualización de los prestadores médicos de discapacidad.
La Cámara de Diputados debate desde el mediodía un proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027. La iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
