El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” contra los detenidos en la protesta del miércoles pasado en inmediaciones del Congreso, donde hinchadas de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron en defensa de los jubilados. Horas después, el presidente Javier Milei respaldó públicamente el accionar de la ministra y de las fuerzas, durante su discurso en Expoagro 2025.
Además, el Gobierno Nacional exigió el apartamiento de la jueza porteña Karina Andrade, que ordenó la liberación inmediata de todos unos 150 arrestados. La movilización finalizó con graves incidentes entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad, que buscaron aplicar el protocolo anti piquetes. Hubo heridos, entre ellos un fotógrafo que se encuentra en estado crítico, cientos de detenidos, un patrullero incendiado y contenedores prendidos fuego.
Las fuerzas de seguridad, además de vallar los alrededores del Congreso, desplegaron camiones hidrantes y usaron tanto gases lacrimógenos como balas de goma para intentar despejar las calles. Luego, algunos manifestantes rompieron parte de las veredas y arrojaron piedras contra los agentes policiales y de Gendarmería. También prendieron fuego contenedores de basura, un patrullero y mobiliario urbano sobre Avenida de Mayo.
Según el texto presentado por el Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, las consignas reivindicativas de la marcha derivaron rápidamente en disturbios encabezados por grupos organizados, incluyendo a integrantes de barras bravas, dirigentes políticos y sindicales.
Las acusaciones involucran a clubes de fútbol como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, entre otros. Además, también se vincula al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la manifestación desde España mediante un video viralizado en redes sociales.
El Ministerio asegura que las movilizaciones derivaron en agresiones con armas blancas, incendios y ataques a las fuerzas de seguridad, lo que dejó múltiples bienes públicos dañados y, al menos, catorce policías lesionados.
Entre los bienes afectados se incluye la quema de un patrullero y motocicletas oficiales, además de ataques físicos contra miembros de la Policía Federal Argentina. Los heridos, entre ellos un subcomisario, presentan diagnósticos que van desde traumatismos hasta heridas de arma blanca y lesiones por armas de fuego.
El incidente también alcanzó a civiles y periodistas. Entre ellos, el fotógrafo Pablo Grillo resultó herido en la cabeza, presuntamente por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, mientras documentaba los hechos. En tanto, una mujer mayor también quedó lesionada tras un forcejeo con las fuerzas de seguridad.
“Los grupos llegaron al lugar premunidos de armas blancas, objetos incendiarios y clavos tipo ‘miguelito’, causando daños y lesiones graves”, señala el documento.
“A los grupos violentos, financiados y movilizados desde municipios, que intentaron desestabilizar el orden constitucional y atacaron a nuestras fuerzas de seguridad, los denunciamos por sedición, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y asociación ilícita agravada”, anunció este viernes la ministra Bullrich en sus redes sociales.
Y agregó: “La Argentina no será más rehén de los mismos de siempre. A los piqueteros, barras bravas, militantes kirchneristas y de izquierda, a los agitadores que promueven el caos, se les acabó la impunidad. Las hacen, las pagan. Además, exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
La respuesta de Andrade
La jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de todas las personas que fueron detenidas durante la marcha de los jubilados que se realizó el pasado miércoles, dijo que “nadie” le dio información acerca de que “había barrabravas”. “Nadie me trajo información de que había barrabravas”, señaló la magistrada, quien indicó además que “hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos”. En tanto, expresó: "De los detenidos, teníamos uno que solo decía que era mexicano. Las investigaciones no están cerradas. El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente". "Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea", dijo.
