Dos exjefes de la Policía de Santa Fe en la década pasada fueron condenados por liderar una asociación ilícita que cometía defraudaciones a la administración pública vinculadas con la reparación de móviles oficiales. Se trata de Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, de 59 y 62 años, respectivamente. A ambos se les impusieron seis años y seis meses de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años y el pago de las multas máximas previstas en el Código Penal.
Las condenas fueron dictadas por unanimidad al término de un juicio oral y público que finalizó este jueves al mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El tribunal estuvo presidido por la jueza Celeste Minniti, e integrado además por la jueza Cecilia Labanca y el juez Sebastián Szeifert.
El veredicto llegó nueve años después del inicio del proceso judicial, que en su recorrido incluyó la firma de nueve acuerdos de juicio abreviado con otros integrantes de la organización, quienes reconocieron su culpabilidad. Seis de ellos declararon en el debate oral.
Para los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, “la sentencia sienta un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción”. Subrayaron que “tanto Odriozola como Grau eran la máxima autoridad de la Policía en toda la provincia al momento de los hechos –años 2015 y 2016–, lo que no solo los obligaba a hacer cumplir la ley, sino también a acatarla”.
Los fiscales remarcaron que la investigación fue compleja por las características de los imputados, la magnitud del daño ocasionado y la sofisticación de las maniobras. Afirmaron que durante el debate lograron exponer los hechos con claridad, gracias a pruebas documentales y testimonios que consideraron contundentes.
Según la acusación, los condenados encabezaban una asociación ilícita de carácter estable y organizada, integrada por policías y civiles. Se valieron de su jerarquía para facilitar maniobras defraudatorias dentro de la fuerza de seguridad provincial, autorizando pagos por reparaciones inexistentes o infladas.
Durante el juicio, la fiscalía presentó lo que consideró una “contundente prueba” de la participación activa y el conocimiento que tenían los imputados sobre las maniobras. Se detallaron pericias mecánicas que revelaron que en nueve de diez vehículos peritados no se constataron las reparaciones facturadas, y también pericias planimétricas que comprobaron la ausencia total de herramientas, repuestos e incluso instalaciones adecuadas en talleres que facturaban a la jefatura. A esto se sumaron escuchas telefónicas y mensajes que reflejaban la relación directa entre los jefes policiales y Facundo José Testi, civil ya condenado como organizador de la banda. Esas comunicaciones revelaron reuniones en las que se coordinaban acciones ilícitas, como la presión al jefe del Departamento de Logística (D4) para que firmara documentación incluso después de los allanamientos que hicieron visible la maniobra.
También se incorporaron testimonios clave. Un funcionario provincial advirtió que el taller de la jefatura carecía de herramientas y que todo debía pasar por Testi. Policías que trabajaban bajo las órdenes de Odriozola y Grau, así como miembros de la banda que declararon como “arrepentidos”, también relataron la operatoria. De sus dichos surgió que Odriozola conocía el circuito y, sin embargo, autorizaba pagos antes de contar con los certificados de recepción. Además, que había reducido más del 50% del personal del D4, lo que impedía los controles, y que fue advertido al respecto.
Según publicó El Litoral, un exhabilitado declaró que Odriozola le dijo que varios proveedores prestaban su nombre a Testi para eludir topes en la facturación, y que al informar esto a Grau cuando asumió, este le respondió que todo seguiría igual. En ese mismo testimonio se expuso que ambos jefes recibían sobres con dinero proveniente de los retornos entregados por Testi, tanto de trabajos inexistentes como de un porcentaje de los realizados.
Testi confirmó que el mecanismo fue idéntico con ambos jefes, y aseguró que “el 50% era dibujo”. Explicó que el dinero se entregaba mensualmente en la jefatura, ya fuera al habilitado o directamente a los jefes.
La fiscalía remarcó la gravedad institucional de los hechos y el daño generado a las arcas provinciales. Señaló que la operatoria generó un “menoscabo a la imagen del Estado” y que el perjuicio actualizado al erario asciende a casi 260 millones de pesos.
Según explicaron los fiscales, la maniobra consistía en facturar reparaciones que no se hacían y compras de repuestos que no se realizaban. Los jefes firmaban cheques, autorizaban facturas y presentaban rendiciones de cuentas que habilitaban disposiciones patrimoniales ilegítimas. También eran quienes coordinaban al resto de los miembros de la banda y definían el reparto del dinero.
La participación de Odriozola se extendió de enero a agosto de 2015, y la de Grau entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. La causa se inició en mayo de 2016 a partir de una denuncia que presentó el entonces ministro de Seguridad, hoy gobernador Maximiliano Pullaro, a partir de un anónimo. La investigación fue impulsada en un primer momento por el fiscal Roberto Apullán, y luego continuada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que elevó la causa a juicio oral.
El tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía para que Odriozola y Grau quedaran detenidos hasta que la condena quede firme. Los jueces entendieron que el riesgo procesal podía ser mitigado con medidas no privativas de la libertad.
La investigación derivó también en juicios abreviados celebrados en 2018 y 2019, en los que fueron condenados otros tres policías —entre ellos, un exjefe del D4— y seis civiles. Cuatro de ellos recibieron penas de cumplimiento efectivo. Entre reparaciones económicas y donaciones, los nueve condenados aportaron más de 186 millones de pesos, según cálculos actualizados por inflación.
Entre los ejemplos presentados en el juicio se mencionó la doble facturación de trabajos sobre un colectivo estacionado en el patio de la jefatura, visiblemente dañado, por el que se pagaron tareas de masillado y pintura dos veces, una bajo cada gestión. También se facturaron reparaciones para el móvil 5622, que estaba asignado a la custodia del gobernador y no dependía funcionalmente de los jefes policiales, lo que evidenció la amplitud del esquema.
