El gobierno nacional está decidido a avanzar con una fuerte reestructuración del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), una entidad fundamental para el desarrollo de todas las cadenas productivas de nuestro país. Y lo haría a través de un decreto que le quitaría su independencia política y su autarquía económica, dos características que figuran en la ley de creación del organismo y que, de no existir, significará un golpe muy duro para el funcionamiento virtuoso de la institución con el entramado productivo, según advierten desde adentro.
“Esto implicaría un cambio profundo en la gobernanza del Inta y en la disponibilidad de fondos. No es solo un tema de montos; se trata de la capacidad real de tomar decisiones propias, necesarias e importantes para el funcionamiento del organismo a lo largo del tiempo. Las políticas quedarían más sujetas a la visión del gobierno de turno, y no a la del Inta como institución, con su trayectoria y conocimiento del territorio”, analiza Alejandro Longo, director regional de Inta Santa Fe.
Qué hace el Inta
“El Inta es un organismo creado hace 69 años, con presencia a lo largo y ancho del país. Está presente desde Ushuaia hasta La Quiaca, y desde Buenos Aires hasta Cuyo. Tiene una territorialidad como pocas instituciones, y abarca todas las cadenas productivas argentinas: agricultura, ganadería, horticultura, apicultura, fruticultura, producción ovina, entre otras. Tiene tres objetivos estratégicos: la competitividad, la productividad de esos sistemas, y el cuidado de que esas producciones sean lo más amigables posible con el ambiente”, explica Longo en Punto Medio (Radio 2).
“En la provincia de Santa Fe existen más de 200 cadenas productivas. Si imagináramos a la provincia dividida en tres regiones, en el norte se encuentra la Estación Experimental de Reconquista, donde se trabaja con algodón, ganadería, agricultura y miel. En el centro está la de Rafaela, con una fuerte presencia en la producción de leche, entre otros rubros. Y en el sur, la estación de Oliveros, que trabaja principalmente en agricultura y ganadería. Además, contamos con 22 agencias de extensión, donde desarrollamos investigación aplicada que luego transferimos al territorio”, agregó.
Longo subrayó que el Inta no sólo asiste a la agricultura y ganadería: “Lo valioso es que muchas veces se nos asocia solo con las principales cadenas productivas, pero el Inta está presente en todas las economías regionales. No hay una sola actividad productiva del país que no esté abordada. En Santa Fe, por ejemplo, trabajamos en producción de legumbres, arroz o algodón. Estas se desarrollan en zonas muy específicas, determinadas por cuestiones agrobiológicas y sociales. El Inta acompaña todas esas particularidades”.
En estas últimas semanas, se han alzado numerosas y variadas voces en defensa del papel del Inta en la producción nacional. Según Longo, eso no es casual: “Cuando se apoya o se valora al Inta, es porque hay un entramado muy grande con el sector privado, con universidades, con el Inti, con el Conicet… Una característica muy singular del Inta es su modelo de gestión con participación social, previsto en su ley de creación. Cada agencia de extensión o estación experimental cuenta con su propio Consejo Local Asesor, espacios integrados por personas del ámbito privado que nos acompañan para validar nuestro trabajo. Hay que entender que hoy en día el conocimiento no se genera de manera individual. Desde hace años, se construye en conjunto. El capital relacional del Inta es muy valioso, y eso le otorga una particularidad única”.
Cómo funciona el Inta y qué podría cambiar
Longo reveló que “el presupuesto del Inta proviene del presupuesto nacional, asignado por el Ministerio de Economía. En su carta fundacional, el Inta fue concebido como un organismo autárquico y descentralizado. Esto significa que posee un órgano de control, el Consejo Directivo Nacional, integrado por 10 personas: 3 representantes del gobierno (el presidente, el vicepresidente y un representante de la Secretaría de Agricultura), y 7 miembros del ámbito privado: uno por cada una de las 4 entidades gremiales del campo (Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y AACREA), un representante de las universidades nacionales de agronomía, uno de las facultades de veterinaria y uno más por ACREA. Este consejo recibe el presupuesto asignado por el Congreso y es el encargado de ejecutar las acciones necesarias en función de los objetivos institucionales. Es el órgano que toma las decisiones estratégicas”.
“Por otro lado, estamos quienes llevamos adelante esas decisiones: el personal técnico y profesional de carrera, con cargos concursados, que formamos parte de un organigrama institucional con distintas funciones. Somos quienes ejecutamos las resoluciones del Consejo Directivo”, especificó.
En los cambios pergeñados por el gobierno nacional, el funcionamiento cambiaría rotundamente: la entidad ya no dispondría de los fondos para su disposición según los criterios del Consejo Directivo sino que quedaría a merced de una secretaría dependiente del Ministerio de Economía, mientras que el Consejo bajaría de 10 a 8 integrantes, con 4 representantes del gobierno y 4 del sector privado. En caso de empate, el presidente (designado por el Poder Ejecutivo Nacional) tendría el voto decisivo. Es decir, Inta le diría adiós a su autarquía política y económica.
“El problema no es solo presupuestario. Por supuesto que necesitamos repensarnos, reestructurarnos y hacer más eficiente nuestro trabajo. Pero lo que genera angustia e incertidumbre es que, cuando se definen políticas institucionales sin consenso, las condiciones para llevar adelante nuestra labor cambian drásticamente. Modificar la gobernanza institucional puede tener un impacto muy grande en la posibilidad de responder a las demandas del territorio”, señala Longo.
Si bien aún no ha habido mayores precisiones, desde el gobierno deslizaron que habría recortes presupuestarios y de personal, incluso con la fusión de algunas estaciones experimentales de determinadas regiones en estaciones macro-regionales. El director de Inta Santa Fe cree que ese cambio no sería positivo: “El Inta no es igual en todos lados. No es lo mismo el Inta en Santa Fe que en Jujuy o en la Patagonia sur. Hay un Inta a medida de cada región, de acuerdo a las necesidades que surgen en cada lugar. Por eso, necesitamos una disposición territorial y un organismo de control como tenemos hoy. Si cambia ese modelo, corremos el riesgo de que se recorten nuestras capacidades de funcionamiento, y eso nos preocupa profundamente”, concluyó.
