Un relevamiento informal de precios de cocheras y playas de estacionamiento puso sobre el tapete la variedad de importes en un rubro cuya demanda sigue en ascenso y sin regulación alguna, para bien o para mal, pese a la existencia de un antiguo decreto y de una ordenanza que permite la intromisión del Estado en la fijación de los valores máximos.

La cuenta de X PreciosRosario2 publicó un índice del precio mensual de cocheras a partir de averiguaciones en el centro, macrocentro y unos pocos barrios de Rosario.

El informe, que no se propone ser exhaustivo, indica que el precio más barato acaso sea una cochera ubicada Mendoza y Bolivia, en el barrio Belgrano, cuyo costo mensual a septiembre es 29 mil pesos. Otra, ubicada en barrio Tiro Suizo, está en 30 mil pesos. De allí los montos van aumentando hasta llegar a 90 mil pesos por un espacio en Italia al 100.

Santiago, uno de los encargados del relevamiento, dejó en claro que algunos importes pueden referirse a un espacio que sea un mero galpón, mientras que otros pueden estar relacionados con un servicio que cuenta con seguridad privada, matafuego y llaves electrónicas. “En el mismo centro hay muchas variaciones por las características de cada cochera”, agregó.

“Tomamos precios de referencia para que si uno vive en la zona mencionada y le cobran mucho más se dé cuenta de que algo está pasando”, dijo el hombre detrás de la cuenta de X al programa Punto Medio (Radio 2).

En ese marco, la edil Fernanda Gigliani dijo a Radio 2 que la regulación de precios es una discusión que debe darse, frente a la constante demanda de cocheras, las quejas sobre precios y la nula perspectiva de disminución del parque automotor en la ciudad. La concejal presentó recientemente una iniciativa para que el municipio defina un tope de las tarifas a cobrar, al menos, en un radio del macrocentro.

“El Estado está dejando un mercado cautivo y eso favorece que se cobre cualquier precio. Es necesario el debate, aunque no sea una discusión nueva”, dijo en La primera de la tarde.

La edila trajo a colación un decreto de 1967 que define como “servicio público impropio” la guarda de vehículos en playas de estacionamientos, es decir, un servicio de interés público, así como lo es el de los taxis.

Y además, dijo Gigliani, existe una ordenanza vigente de 1996 impulsada por el entonces concejal Jorge Boasso que le solicitaba a la intendencia una metodología para determinar una tarifa y precios máximos.

“No hay ningún indicador que establezca que el auto va a desaparecer; ha crecido el parque automotor”, dijo.

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