María Cecilia Vranicich no levanta la voz pero mira fijo como si lo hiciera. Es Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, llega puntual con la velocidad de una agenda cargada de reuniones. Lleva en sus manos un documento que resume el posicionamiento del MPA para la reforma constitucional. Cinco puntos. No es nueva en esto: estudió Derecho en Rosario, enseña Derecho Procesal Penal en la misma universidad y conoce cada rincón del sistema judicial como quien transita su casa. Fue auditora, también funcionaria en el Ministerio de Justicia. Sabe lo que implica trabajar con fiscales, con políticos, con jueces. Asume temple técnico y voluntad política, dos rasgos que no siempre se combinan.
Sobre el escritorio donde realizamos la entrevista hay una birome bic azul sin capuchón. Siempre se pierden las tapas de esas biromes. Explica con garabatos sobre la hoja sobre los cinco puntos del posicionamiento de su organismo para la próxima reforma constitucional. El documento es fuerte, contundente. Describe el nacimiento de un extrapoder. “Buscamos independizarnos de la justicia, pero no seremos el cuarto poder”, aclara. Los garabatos en tinta azul muestran flechas, cuadros, círculos. Dibujos con las estructuras jerárquicas que sugiere reformar. Se mueve con palabras cuidadas pero firmes como quien sabe que el debate será una gran oportunidad de reformar realmente la investigación de los delitos.
–En medio de tantos intereses que evidencia el rediseño del poder en Santa Fe, ¿qué expectativa tiene con la Reforma Constitucional?
–Mucha. Es un momento trascendente para la vida institucional. Desde el rol de la Fiscalía General, entendíamos que debíamos trabajar en un posicionamiento institucional, que la verdad lo venimos trabajando hace varios meses con el equipo de la Fiscalía General, y decidimos invitar a los convencionales constituyentes, después de la entrega del certificado para presentar nuestra posición. Nos hemos reunido con la mayoría de los bloques y los sub bloques, (Nos quedan solamente dos para la semana que viene) pero quedamos a disposición para cualquier aclaración y realmente estamos encontrando, la verdad que de todos los convencionales, mucha receptividad.
–¿Y qué pasa con los convencionales cuando presentan el proyecto?
–Nos escuchan. Eso ya me parece un montón. Así que estamos con mucha expectativa y vamos a aprovechar el momento en lo que más podamos.
–¿Imaginan resistencia en el debate?
– Sobre los puntos que nosotros planteamos, sí, claro. Creo que están bastante trabajados y agotados pero creo que el tema de ser un órgano extrapoder, puede sonar rimbombante. Es una palabra fuerte. Creemos que el MPA va a estar a la altura no tiene que erigirse como un poder como el ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos hablando de que tenemos que ser una organización independiente, autónoma y autárquica. Pero para eso no tenemos que depender en la gestión ni en la decisión de nadie que no sea el propio Ministerio Público de la Acusación.
–¿Por qué un extrapoder?
–Porque es el modelo que siguieron los convencionales en la reforma de nuestra Constitución Nacional en el año 1994. En nuestro país y en varias provincias y países de América Latina los Ministerios Públicos Fiscales son órganos extrapoder. En segundo lugar porque es el modelo que más garantiza la independencia, autonomía y autarquía del Ministerio Público de la Acusación en el necesario relacionamiento con los tres poderes del estado. Y no solo debemos ser independientes del Poder Ejecutivo y del Legislativo sino también del Poder Judicial ya que la superintendencia que la Corte Suprema de Justicia ejerce sobre el MPA afecta la gestión normal de la organización. El MPA tiene que ejercer su propia superintendencia sobre la vida de la institución. La importancia práctica de ello es, por ejemplo, que el MPA seleccione a su propio personal especializado y pueda ejercer su poder disciplinario sobre ellos.
–¿Elegir o remover fiscales?
–Claro. La reforma constitucional es la oportunidad esperada para modificar el régimen de selección y más importante aún de remoción de los fiscales, sin que exista un estamento del Estado que por sí solo fije una mayoría a tales fines. En el MPA en estos 11 años de existencia ya tenemos nuestra propia historia para contar sobre el régimen disciplinario e insisto es el momento de darle un marco de mayor institucionalidad al sistema.
–Si no sale como ustedes piensan ¿es un retroceso?
–Depende cómo se configura en la Constitución. Entiendo que se perdería una oportunidad, realmente. Se perdería una oportunidad de fortalecer al Ministerio Público de la Acusación. Depende de qué diseño hablemos, va a ser un retroceso. Lo que es un retroceso, que creo que es un límite que tenemos que tener, es no volver a la conformación del Ministerio Público que existía antes del sistema acusatorio adversarial. Es decir, cuando teníamos un sistema inquisitivo, el sistema penal anterior, nosotros teníamos la figura de un Procurador General y debajo de ese Procurador General estaban los fiscales y los defensores del viejo sistema. Y nosotros ya desde la Facultad decíamos que el Procurador prevaricaba todo el día, vos no podés ser jefe de fiscales y defensores. Eso sería un tremendo retroceso. Eso creo que no va a ocurrir. Espero que no ocurra.
–¿Qué resistencia encuentra en el planteo?
–Lo que advierto es que es un anclaje que quedan con un poder ortodoxo de lógicas del sistema anterior. Queda anclado en el sistema inquisitivo. Cuando vos entendés el funcionamiento de lo que es un sistema adversarial y lo que tiene que hacer el Ministerio Público de la Acusación, y lo que tienen que hacer los jueces, y lo que tiene que hacer la defensa, me parece que está claro que el MPA no puede seguir perteneciendo, por ejemplo, al poder judicial.
-¿Por qué no?
-Porque los fiscales, lo que hacemos es investigar delitos. El fiscal no tiene una función jurisdiccional de decisión. Y la Corte, como órgano de gobierno, es órgano de gobierno de ese poder judicial. Y la superintendencia sobre ese juez que toma decisiones la tienen los Ministros de Corte. Ahora, no pueden los ministros de corte tener la superintendencia sobre los fiscales porque es una gestión absolutamente distinta. De hecho, hasta algunos procesalistas (como Alberto Binder) sostienen que el trabajo de investigación de un fiscal es administrativo. Ni siquiera le dan naturaleza judicial.
–¿Ser extrapoder atemoriza a la política? Estas tres cosas que marcan en el proyecto: independencia, autonomía funcional y la autarquía financiera.
–En realidad eso, si nosotros tuviésemos los controles cruzados políticos que debieran existir, no generaría temor en nadie. Nosotros planteamos que el Ministerio Público de la Acusación como extrapoder tiene que tener también reconocimiento constitucional que debe estar encabezado por un fiscal general, para que no queden dudas. Y el rol del fiscal general es un rol político-institucional, no político-partidario, no hay que confundir, pero sí político-institucional y como tal el fiscal general tiene que tomar decisiones y después hacerse responsable políticamente de esas decisiones. Entonces, el resto de los poderes, si el fiscal general no trabaja bien lo tienen que remover y se remueve con un juicio político. Y es sano que así sea, son controles cruzados que tienen que existir. A mayor poder, mayor control.
