El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, volvió a respaldar esta semana al presidente Javier Milei. Consideró que su programa de gobierno "será exitoso" y que en Argentina definitivamente entra en un "nuevo ciclo" después de una situación económica "extremadamente difícil". Lo hizo durante su disertación en la conferencia de energía CERAWeek, que se realizó en Houston (EEUU) y que aglutina a lo más selecto del negocio petrolero global. También en medio del conflicto con la UOM con paro en la planta de Campana.

Rocca, quien raramente habla en público y cuando lo hace expone su formación en Ciencias Políticas y su roce global con CEOs, no suele realizar declaraciones de este estilo. "Tenemos muchas esperanzas, tal vez estemos frente al inicio de un nuevo ciclo en el país. El programa económico es lo que el país necesita: reducción del déficit fiscal y del gasto público del 40% al 25% y liberalización del mercado", dijo en el evento organizado por Standard & Poor's.

De ahí que sus palabras y el respaldo dado un día después durante el almuerzo del G6 (Grupo de los 6, que engloba a los principales sectores de la economía) al presidente Javier Milei, así como por parte de los mercados financieros con el rally alcista de bonos y acciones, lleguen en un momento en el que todos los actores económicos coinciden en que se está entrando de lleno en los meses más difíciles de la recesión económica.

El explícito apoyo de las grandes compañías multinacionales y nacionales contrasta con el creciente malestar y preocupación de los empresarios pymes, quienes concuerdan en su mayoría con gran parte del plan económico pero son los que más sienten el ajuste en sus negocios, con caídas de ventas que en algunos casos ya superan los niveles registrados durante la pandemia o en el 2001.

Hay una diferencia de percepción de las consecuencias en las organizaciones gremiales empresariales regionales o locales, que crecen con cada reunión interna que organizan pero que no se refleja en declaraciones y documentos públicos. Es notable el silencio de algunas de ellas que, por ahora, han decidido optar por el camino del lobby y guardar los números del desplome de sus actividades para las autoridades de gobierno.

Otras, como la Bolsa de Comercio de Rosario, buscan fortalecerse y muestran un fuerte activismo en distintos ámbitos. Ponen la casa a disposición para generar encuentros, que van desde apoyar las políticas de seguridad frente a la violencia narco hasta recibir a los ministros de Agricultura de todo el país en el marco del Consejo Agropecuario.

Por ahora, la conflictividad registrada en las calles o frente a la falta de resolución de las paritarias o despidos es de baja intensidad. Pero en las próximas semanas podría modificarse. El gobierno nacional está decidido a avanzar con la no renovación de miles de contratos que vencen el 31 de marzo, la provincia enfrenta el paro de maestros, médicos y estatales (estos últimos llevarán a extender administrativamente el cobro de los salarios para después del 5 de abril) y en empresas por despidos, ya que desde la cartera de Trabajo nacional advirtieron que no habrá Repro para nadie.

La caída de las actividades de las distintas cadenas económicas ya está impactando de lleno en las arcas públicas. Por eso, desde la gestión Pullaro están decididos a avanzar con lo que tienen para impulsar la obra pública. No es mucho, pero hay un paquete de 50/60 mil millones de pesos para retomar trabajos, que incluye hacerse cargo de la cascada del Saladillo. "No es porque sobre plata, es por el riesgo de que si avanza se puede caer el puente. Tiene que ver con la seguridad y que después no nos salga más caro", explicaron desde el gobierno provincial para exponer que "no es que sobre plata, se está destinando a otros trabajos".

La reconfiguración del status quo también se notó esta semana en el plano legislativo y judicial. La decisión de implementar el sistema acusatorio en la justicia federal, con el creciente volumen político de Cúneo Libarona dentro del Poder Judicial, la verticalización de la toma de decisiones en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial con el desplazamiento de Iribaren de la fiscalía de Rosario, la aprobación de los juicios por jurados y la próxima semana de los cambios en el Código Procesal Penal, están llevando a no pocos empresarios a renovar su agenda.

Cambios que están provocando preocupación en algunos actores que están, al parecer, flojos de papeles, y a otros, que en su momento salieron con pasaporte en mano, a ver una oportunidad para volver al ruedo de los negocios en la región.