El juez de Cámara Gustavo Salvador presidió este martes la audiencia de apelación de los directivos de Vicentín (Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti) a los que en marzo se le dictó prisión preventiva por 120 días por haber acentuado, de manera fraudulenta, la sangría de fondos desde la empresa en concurso preventivo desde 2019 para pagar sus gastos personales (como abogados y retiros voluntarios), lo que -según la Fiscalía- implicó profundizar la estafa por la que ya estaban acusados aunque en libertad.
El concepto principal de la defensa de los imputados es señalar que al estar la compañía intervenida y conducida judicialmente, ya no existe el “riesgo procesal” de que los ejecutivos estén libres.
Precisamente, que hayan corrido a los directivos y accionistas que seguían conduciendo el grupo permitió reactivar las plantas paralizadas porque los proveedores de granos no querían enviar sus granos a procesar por temor a que el pago termine en otros destinos. Sin los ejecutivos controlando la caja, aparecieron 8 empresas que contrataron los servicios de fasón. Ahora, la planta de San Lorenzo ya trabaja a pleno procesando 10.000 toneladas diarias de soja y el 15 de junio comienza a operar la línea de 6000 toneladas de girasol en la fábrica de Ricardone.
Más allá de ese punto, los abogados defensores intentaron rebatir los principales planteos de los fiscales. Y estos fueron sus argumentos:
1- Asociación ilícita. La defensa sostiene que a los cuatro directivos detenidos les volvieron a imputar la asociación ilícita, figura esta que ya formó parte de la imputación que recibieron en octubre de 2020 y de la acusación que se les hizo el 30 de diciembre 2023, y por la cual estaban libres. Opinan los abogados defensores que se trata de un “error técnico”, ya que nadie puede ser llevado a juicio dos veces por el mismo hecho. “Usaron abusivamente la figura de la asociación ilícita”, resaltan, refiriéndose al argumento esgrimido en la acusación de que existió una continuidad y una reincidencia en la comisión de ese delito.
2- El avión vendido a precio de remate para sustraer ese bien del concurso. No implicó ningún delito ni un perjuicio para Vicentin, sino una dación en pago en defensa del interés general de la empresa. “El avión no es de Vicentin, no hay prestanombres, solo se usó porque se debía plata. Hubo cancelación de deuda, pero no es un acto de administración fraudulenta”, reiteran.
3- Pago con fondos de las empresas de millonarios honorarios a sus directivos, cuando deberían haberlos pagado ellos de su bolsillo. En base a varios dictámenes jurídicos, la defensa sostiene que es perfectamente posible que cada compañía pague los honorarios de los abogados que ejercen la defensa de sus directivos. Especialmente si fueron imputados por hechos que tienen que ver con su gestión empresarial. “Pasa en todas las empresas”, sostienen. Según la defensa, las facturas abonadas a los ex directivos por asistencia profesional a empresas. Rechaza la defensa que se hayan inventado facturas, como se afirmó. Tanto por parte del Contador Omar Scarel, que actuó en todas las empresas por las cuales facturó, como del contador Alberto Macua, que cobraba por esa función en las compañías.
4- Los retiros voluntarios millonarios que se autoadjudicaron sus altos ejecutivos en la previa al ser detenidos. Aclaran que los retiros que se le cuestionan a los directivos fue una recomendación realizada dentro del Concurso, de racionalización de recursos humanos, de la que incluso se beneficiaron quienes hoy denuncian a las personas detenidas. Recuerdan también que los directores estuvieron bajo licencia ocho meses sin cobrar sueldos, a pesar de que la mayoría continuaba con funciones ejecutivas para el funcionamiento diario de la empresa, y que no fueron apartados de las mismas ni por la intervención, ni por el juez del Concurso.
5- Caución abonada por Vicentin SAIC por la libertad de los ex directores que deberían haber pagado de su bolsillo y no con fondos de la empresa. Explicaron que fue la compañía aseguradora, que extendió la póliza, quien exigió que se hiciera un pago único porque la cobertura no se podía dividir. Destacan, además, que al poco tiempo los directivos reintegraron esos fondos a la empresa, con lo que no se afectó las finanzas de esta ni su funcionamiento operativo. Por otra parte, dicen esa operación tuvo el consentimiento del interventor de la compañía.
Tras escuchar hasta avanzado el mediodía el alegato de la defensa, el magistrado pasó a cuarto intermedio hasta mañana cuando se retomará la audiencia a las 8.30, permitiendo que la defensa concluya su presentación. Luego será el turno de resolver.
