Las hostilidades entre Unidos y la oposición que marcaron el segundo semestre del año pasado y los primeros cuatro meses de este 2025 –leyes de reforma previsional y constitucional, la campaña electoral de las elecciones del 13 de abril y el desacuerdo por la fecha de realización de la constituyente– entraron en pausa. Las tensiones recientes dieron paso a un tiempo de conversación política diferente, desprovisto del tono confrontativo del pasado reciente y con el objetivo de llegar a la inauguración de la asamblea constituyente el 14 de julio con una plataforma lo más sólida posible.
En las últimas semanas el Ejecutivo dio señales de que llegó el momento del diálogo, la escucha y la búsqueda de consensos, de inventariar las necesidades e intereses de los bloques que serán parte de la constituyente y de los sectores internos que los cohabitan.
Empezando por el gobernador, desde las voces más componedoras hasta los “duros” como el ministro de Gobierno Fabián Bastia, se mueven en ese registro. Entre ellos el pullarista Juan Cruz Cándido y Diego Maciel, referente de los senadores, a los que se encomendó la articulación política de la reforma. Por supuesto, tallan esa tarea figuras de más peso político, como Bastia, Julián Galdeano y el senador Felipe Michlig, que se encamina a presidir la convención. Uno de ellos pasa el mensaje: “Vamos a todas las reuniones con la premisa de consensuar. No llevamos posturas rígidas”.
Los opositores registraron el gesto y desensillaron. Hasta la beligerante Amalia Granata desaceleró. Su espacio se sienta con interlocutores del gobierno a puntear los alcances del reglamento de la convención. El volantazo de la mediática diputada no podía demorarse más: su estrategia de furiosa confrontación personal contra el gobernador Pullaro alimentaba ruidos dentro de su bloque, porque más allá de la repercusión en redes conducía al aislamiento político y la intrascendencia en la constituyente. Cuando la capacidad de daño no se administra estratégicamente se diluye como el agua entre las manos.
El diálogo fluye por lo bajo; los resultados… se verá. No es todo a voluntad de una de las partes. Unidos no va a renunciar a hacer valer la mayoría que le dio el voto popular, pero debe administrarla con sensatez aunque no haya sentimientos. Lo peor que podría pasarle es que la oposición sienta que no tiene nada para ganar y vacíe la convención, o que la convención se transforme en una guerra campal. A nadie le serviría, pero algunos perderían mucho más que otros.
Un dirigente que sigue los pasos de la reforma celebra que todos bajen un cambio y en particular que el oficialismo no imponga por el solo hecho de tener los números: “Cuando impone, rompe”, opina. Advierte que una muestra de lo que puede derivar la convención si no se maneja con una buena plataforma de consensos es lo que ocurrió en Santa Fe con la reunión de la mesa de enlace, que empezó con una convocatoria a los convencionales y siguió con un fuerte cuestionamientos a los invitados y discurso anti Estado.
La apertura del Ejecutivo también allana las conversaciones puertas adentro de la coalición gobernante. Después de una no tan buena reunión de Unidos el martes, la bilateral del jueves entre radicales y socialistas fluyó de otra manera cuando se abrieron a debate los roles políticos y el reglamento de los socios.
Las reglas de juego
La clave en esta etapa preliminar es el reglamento con el que funcionará la constituyente. Teniendo en cuenta que la convención contempla un plazo máximo de 60 días, se trabaja en llegar al 14 de julio con el reglamento lo más cocinado posible para no restarle tiempo a la reforma en sí.
El clima en el que se desarrollará la constituyente en gran medida depende de ese reglamento. Arrancaría mal si las reglas de juego inclinaran la cancha y no tuvieran una base de consenso que vaya más allá de Unidos. El gobierno ahuyenta esos fantasmas. Recoge ideas y opiniones entre los espacios políticos, aliados y opositores. Insiste hasta el cansancio: no busca una Carta Magna a su medida y para este tiempo, sino la de la mayoría de los santafesinos y que abrace el futuro.
Parte de ese juego está en las comisiones en la que se dividirá el trabajo de la constituyente, que además de producir dictámenes técnicos, serán el ámbito de diálogo con los actores de la sociedad que vayan a expresar ideas, objeciones o apoyos tema por tema.
En la reunión bilateral que los radicales mantuvieron con los socialistas Joaquín Blanco, Varinia Drisun, Mariano Cubertino y Pablo Farías fue uno de los temas conversados. La propuesta inicial fue de cinco. Serán entre seis o siete. La cantidad no es un punto que trabe nada.
Lo más delicado es de orden político, como la definición de las autoridades. Mientras Felipe Michlig se encamina a quedarse con la presidencia de la convención, está en análisis si el oficialismo replicará el esquema actual de Diputados, con un interbloque que articula a bloques por partido, o si será un bloque de Unidos.
El radicalismo echa mano a un argumento atendible para rechazar el interbloque: los plazos de la constituyente no son los de la Legislatura, por lo tanto es necesario unificar ámbitos de debate y decisión. Se plantea un dilema: ¿si el presidente de la convención es un radical, le tocaría a un socialista dirigir el bloque? ¿O habrá una mesa de conducción compartida? ¿Qué rol debería jugar el PRO, tercer socio en cuestión? ¿La vicepresidencia primera de la convención será para el PJ oficial o la va a reclamar alguien de Unidos?
Los espacios de la oposición pretenden y necesitan dejar su huella en la futura constitución. ¿Qué marca dejarán los peronismos? Los de corte más social que lidera el rosarino Juan Monteverde y los de perfil territorial que representan los senadores. ¿Quién se quedará con la vicepresidencia primera de la convención si finalmente es para el PJ? ¿Cuánto condiciona el bloque que lidera Marcelo Lewandowski, que al final de cuentas será un pequeño satélite de cuatro convencionales de identidad peronista que orbitará la convención constituyente en soledad? El senador dio una señal inequívoca de que dialogará de forma directa y autónoma con el oficialismo cuando rechazó ser parte del interbloque que le propuso el PJ oficial.
Endeudamiento
Mientras asfalta la pista para la que reforma constitucional tenga un despegue armónico, el gobierno de Pullaro maniobra en un registro similar el trámite legislativo para una operación de crédito público por 1.000 millones de dólares para obra pública.
Tras conseguir el apoyo de los cinco senadores peronistas y sacarlo por unanimidad del Senado, el pedido de autorización para tomar deuda se aprobará el 12 de junio, con tiempos bastante jugados en función de la premura del Ejecutivo para sacar los bonos antes de que Wall Street entre en receso estival. No es que un proyecto de esa envergadura no merezca esos tiempos de estudio, sino que los plazos apremian al Ministerio de Economía, que antes de llegar a Nueva York necesita el aval soberano del gobierno nacional.
El paso del ministro de Economía Pablo Olivares por la Legislatura estuvo en el mismo registro que las tratativas por la reforma constitucional. Diálogo y consenso hasta que duela. Sería una picardía que el endeudamiento contamine la escena constitucional. Al fin y al cabo son los mismos partidos y referentes los que un día se sientan a la mesa por una cosa y al día siguiente por la otra.
La diputada De Ponti dijo que “no hay caída de coparticipación que justifique salir a tomar esa deuda en este momento y menos toda esa cifra de una vez”. Walter Agosto, exministro de Omar Perotti, fue en el mismo sentido y propuso una comisión bilateral de seguimiento de uso del crédito. El diputado Emiliano Peralta, cercano a Amalia Granata, sostiene que la ley debería mencionar y garantizar las obras más importantes. Ambos bloques todavía no definieron si votarán a favor o en contra, pero por lo pronto no asumieron posiciones beligerantes como ocurrió en el pasado con otras leyes importantes del Ejecutivo.
El socialista Joaquín Blanco puso sobre la mesa el proyecto de creación de la Oficina de Presupuesto de la Legislatura, equivalente a la que tiene el Congreso nacional, que en general es muy bien ponderada por su calidad técnica para el seguimiento, proyección y cálculo de gastos del Estado. En Santa Fe el proyecto tiene varios padres según las épocas, incluido el radical Galdeano y el propio Agosto. La idea es darle media sanción en espejo con el endeudamiento.
El momento económico para salir a colocar 1.000 millones en el mercado de deuda es el mejor de los últimos años, pero así todo no es el ideal. La tasa será alta a pesar de la muy buena calificación que tiene la provincia. Lo que vale es la oportunidad que da cierta estabilización macroeconómica del país y hacer valer la holgada capacidad de endeudamiento de Santa Fe. El gobierno no quiere dejarla pasar: tiene los potenciales prestadores y un gobierno nacional al que la entrada de mil palos verdes le vienen de maravilla.
Sin embargo hay una razón más fuerte por la que Pullaro y Olivares creen que hay que tomar ese dinero. Daría autonomía económica y política a Santa Fe frente los cambios impositivos que pretenden hacer Javier Milei y su ministro Luis Caputo, y que terminarán con un fuerte desfinanciamiento de las provincias el año próximo. Tener mil palos verdes en la caja no estaría nada mal.
