Un recluso de 30 años, que cumplía una pena de 7 años de prisión por un robo cometido en noviembre de 2018 en Biedma y Cafferata, recibió una nueva condena. Se trata de Gonzalo Nicolás Sánchez, que ahora deberá purgar un total de 20 años por haber instigado extorsiones y balaceras a comerciantes entre junio y julio de 2022.
El abreviado, acordado entre el fiscal Pablo Socca y la defensa de Sánchez, fue homologado por la jueza Hebe Marcogliese en una audiencia que se llevó a cabo en la tarde de este jueves en el Centro de Justicia Penal.
De acuerdo a la acusación, el preso –compañero de celda de Julián Aguirre, cabecilla de la célula de Los Monos que operó en los barrios Ludueña y Empalme Graneros– fue el encargado de dar directivas para intimidar a distintos comerciantes, con quienes luego se comunicaba telefónicamente para negociar los pagos en concepto de "protección".
En primer término, ordenó intimidar a una familia de comerciantes que tiene, entre otros negocios, un almacén ubicado en French al 6200 a mediados de junio de 2022.
Según el legajo, el 20 de junio de ese año, los responsables del almacén recibieron un papel en el que le dejaron una línea telefónica a la que debían comunicarse. Al día siguiente, el local fue atacado por gatilleros que realizaron ocho disparos con una pistola calibre 9 milímetros.
Las intimidaciones volvieron el 9 y 10 de julio de 2022, cuando llegaron mensajes extorsivos al celular de una de las víctimas, a quien exigían dinero a cambio de no volver a atacar a tiros. La situación volvió a escalar cuando el 11 de julio balearon un bar de Urquiza al 5900, también propiedad de la familia amenazada.
El titular de varias carnicerías de barrio Ludueña también sufrió las extorsiones instigadas por Sánchez. El 28 de junio de ese año, el comerciante empezó a recibir mensajes de una persona que, en nombre de “La mafia”, le pedía 60 mil dólares a cambio de no balear su negocio. Una de sus carnicerías, situada en Formosa al 100, fue baleada el 9 de julio por dos sicarios que abrieron fuego desde una moto con una pistola calibre 9 milímetros. Horas después, el responsable de la firma fue llamado por el recluso, quien le reiteró la exigencia de plata a cambio de “protección”.
Otro local de la víctima fue atacado a tiros el 13 de julio en Junín al 5600 por gatilleros en moto. Al día siguiente, el comerciante volvió a sufrir una intimidación de dos delincuentes que, en nombre de Sánchez, exigían “los dólares”.
Después de que el comerciante bajara las persianas de sus negocios por la violenta situación, acordó con Sánchez un pago de 150 mil pesos para que lo dejaran trabajar.
Otra víctima de las extorsiones y balaceras fue una familia a cargo de un supermercado ubicado en Grandoli al 4100, donde el 7 de julio se arrojó una nota con una línea telefónica para que se comunicaran. Horas después, ese local recibió tres disparos.
El 9 de julio, en el supermercado volvieron a encontrar un papel en el que exigían una comunicación a un número de celular, y horas después atacaron a tiros nuevamente el comercio. Dicho lugar fue baleado por tercera vez el 12 de julio.
Finalmente, el 15 de julio personal de la Agencia de Investigación Criminal (reconvertida ahora bajo el nombre de la Policía de Investigaciones) hizo una entrega controlada por pedido del fiscal Federico Rébola y detuvieron a Brian Méndez y Juan Cruz Torres, quienes habían ido a cobrar la plata.
Después de los arrestos, el supermercado fue baleado el 16 de julio y tres días después se halló otra nota intimidatoria.
