Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) titulado "Estrés Económico: cambios y continuidades en la evolución histórica y período reciente", advierte que el 50% de los argentinos sufre las consecuencias de esta situación que aqueja sus finanzas personales.
La investigación, basada en datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de ODSA-UCA, muestra que el estrés económico resulta transversal a todos los estratos sociales, aunque con diferentes alcances. Y apunta que, entre 2022 y 2024, hubo una profundización de esta situación en los estratos medios y medios altos, y entre los no pobres por ingresos.
El estudio de la UCA define "estrés económico" como la manifestación de insuficiencia de ingresos por parte de los miembros del hogar. Es decir, la percepción de que los ingresos totales del hogar no alcanzan para cubrir los consumos básicos habituales y sostener los patrones de consumo. Otra característica de este fenómeno es la imposibilidad de generar ahorros.
El informe busca poner en evidencia que el estrés económico y los indicadores tradicionales de pobreza por ingresos no tienen una relación automática ni mecánica, algo derivado de la autopercepción de insuficiencia de ingresos.
En ese sentido, pone como ejemplo que entre 2011 y 2013, cuando la indigencia y la pobreza por ingresos era del 17 % y del 19%, el estrés económico se mantuvo entre el 35% y el 41%.
Por otro lado, en el 2015 se evidenció un descenso en el estrés económico, lo que no ocurrió con el indicador de pobreza por ingresos. Entre 2017 y 2019, en tanto, aumentaron ambos indicadores, aunque el crecimiento del guarismo que mide ingresos es más pronunciado.
En cambio, durante el período 2019-2020 la pobreza por ingresos se incrementó del 31% al 35%, mientras que el estrés económico disminuyó. Desde 2022 aumentaron tanto la pobreza por ingresos como el estrés económico, aunque esta segunda tuvo un aumento más significativo. En síntesis, los autores del informe apuntaron que el estrés económico supera en todo el período a la pobreza por ingresos, con diferencias de 10 a 20 puntos porcentuales.
El estrés económico no se refleja de igual manera en todos los hogares. Mientras el 37% de los hogares aseguran haberlo experimentado en el período 2010-2016, porcentaje que subió al 45% entre 2017 y 2024, esos números ascienden exponencialmente entre los pobres (71%-76%) e indigentes (86%-90%). Es decir, hay un mayor estrés económico a medida que aumenta la privación monetaria.
El 30% de los pobres no manifiestan sentir estrés económico, lo cual sugiere que la percepción de pobreza no está limitada al umbral monetario. También un 10%-14% de los indigentes declaran no percibir estrés económico, lo cual podría explicarse por estrategias adaptativas, umbrales subjetivos diferentes a los oficiales o subregistro de ingresos. En los hogares con niños, en tanto, el estrés económico aumenta con mayor intensidad.
Además, el informe pone en manifiesto que entre 2022 y 2024 el indicador de estrés económico mejora, en mayor proporción, entre los hogares de mayor vulnerabilidad estructural; mientras que son los hogares con menor cantidad de carencias no monetarias entre los cuales se evidencian mayores porcentajes de caída en condiciones de estrés económico. O sea que porcentualmente es mayor el aumento del estrés económico en hogares con menos carencias monetarias (más ingresos) que en los de menos carencias (menos ingresos).
El trabajo en cuestión critica el uso de umbrales únicamente monetarios para medir la pobreza, como se hace en Argentina, en donde a partir de un piso de ingresos establecido por el Indec se cataloga a quienes estén por debajo como pobres. Según los datos más recientes, ese umbral es de $359.425 para una persona y de $1.110.624 para un hogar de cuatro integrantes.
Más allá de los ingresos, el estudio de la UCA propone una mirada multidimensional que abarque cuestiones como bienes y servicios gratuitos provenientes del Estado, el papel que juegan las redes familiares y comunitarias, y las implicancias que pueden tener las diferentes configuraciones familiares, entre otras.
Las carencias no monetarias tienen en cuenta derechos como alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, ambiente saludable, educación, empleo y seguridad social. “El indicador de estrés económico complejiza el análisis de las privaciones económicas al dar cuenta del modo en que los hogares experimentan sus restricciones, incluso si se ubican por encima de la línea de pobreza monetaria”, destaca el estudio.
