La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó el nuevo Sistema de Fondo de Cese Laboral, una herramienta alternativa al tradicional esquema de indemnización por despido. La medida se formalizó mediante el decreto 847/2024, en línea con lo establecido por la ley Bases, quedando así incorporada como una opción dentro de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

La Resolución 1071/2025 de CNV tiene por objetivo ofrecer una alternativa a los empleadores y trabajadores para sustituir la indemnización por antigüedad por un fondo de cesantía administrado bajo modalidades de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF).

Esta modalidad no sustituye automáticamente el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, sino que opera como una alternativa opcional. Es decir, la implementación del sistema es enteramente voluntaria.

La CNV, encargada de la implementación y fiscalización de la medida, indicó que los FCI de Cese Laboral podrán conformarse con aportes mensuales realizados por los empleadores, y eventualmente por los trabajadores, si así lo establece la negociación colectiva. Los aportes serán de carácter voluntario y estarán afectados exclusivamente al objetivo de cubrir el cese de la relación laboral.

Los detalles del Fondo de Cese Laboral

El régimen define que los fondos acumulados serán inembargables mientras permanezcan en el fondo, y una vez transferidos al trabajador, quedarán sujetos a su libre disponibilidad, sin posibilidad de realizar nuevas suscripciones. Los fondos podrán constituirse a nivel individual (por empresa) o a nivel sectorial, según lo pactado en las convenciones colectivas.

Además, se aclara que solo podrán suscribir cuotas partes los trabajadores y empleadores adheridos al régimen. Las entidades depositarias deberán garantizar la separación patrimonial y la identificación clara del objeto de estos fondos.

En cuanto a la administración de los fondos, las sociedades gerentes tendrán autonomía para definir las políticas de inversión dentro del marco normativo general. No habrá limitaciones referidas a la cartera de activos elegibles, aunque sí se deberán priorizar la seguridad y liquidez de las inversiones para garantizar el cumplimiento del objetivo principal del fondo.

Además de los FCI, la norma habilita la utilización de Fideicomisos Financieros. Estos estarán autorizados a recibir aportes exclusivos de empleadores y trabajadores y no estarán obligados a publicar prospectos en el sitio web de la CNV. Esta flexibilidad busca promover la participación de estructuras más pequeñas o aquellas que no cotizan en los mercados secundarios.

Los FF permitirán incluir a múltiples fiduciantes, algo que favorece la implementación del régimen en sectores donde los empleadores tienen menor capacidad operativa individual. También se podrán utilizar figuras como fiduciarios financieros registrados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la CNV para su funcionamiento.

Desde la CNV también determinaron como requisito para suscribir a este sistema la obligación de las entidades administradoras de remitir reportes periódicos sobre el estado de los fondos, el cumplimiento de los objetivos de inversión y el nivel de riesgo asumido, buscando transparencia para garantizar la seguridad jurídica del nuevo régimen.

Cabe aclarar, además, que aunque los fondos puedan generar rendimientos, no se considerarán parte del salario y, por lo tanto, no estarán sujetos a las cargas sociales habituales.

Y se detalló también que, en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos acumulados se transferirán a sus herederos legales sin necesidad de trámite sucesorio complejo, lo que reduce costos y tiempos para las familias.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, señaló que la puesta en marcha de este sistema tiene el objetivo de modernizar el esquema indemnizatorio, adaptándolo a las necesidades del mercado laboral y financiero. Destacó además que la normativa surgió de un proceso de consulta pública que permitió recoger aportes de diversos actores del sistema financiero.

La nueva estructura también facilita la canalización del ahorro interno hacia instrumentos de inversión, en línea con las recomendaciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).