El gobierno de Javier Milei modificó el régimen de control de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.
Según informó Infobae, el cambio de regulación alcanza a todos los legítimos usuarios de armas de fuego del país, a la vez que otorga a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) la facultad exclusiva para autorizar la adquisición y tenencia de este tipo de armamento bajo un régimen especial.
El Decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia. La desregulación del uso y tenencia de este tipo de armamento podría tener consecuencias en ciudades como Rosario, donde las bandas de narcocriminales ya acceden a pistolas 9 milímetros modificadas que funcionan como ametralladoras.
La decisión puso fin a una prohibición de más de treinta años impuesta por el Decreto 64/1995, que evitaba la adquisición y tenencia de este tipo de armas por parte de usuarios civiles que no fueran autorizados por el Ministerio de Defensa. El nuevo decreto sustituye ese régimen de prohibición general por un sistema de control administrado por la Anmac, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
El texto oficial dispone: “Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego. La ANMAC tendrá a su cargo la aplicación del régimen de control especial”. La habilitación a uso de calibres superiores al .22 para este tipo de armamento, es otro aspecto a tener en cuenta para ciudades con problemas de seguridad y violencia como el de Rosario.
El decreto presidencial contempla la posibilidad de que estos materiales controlados se utilicen en actividades deportivas u otras finalidades lícitas, siempre bajo el análisis de la autoridad de aplicación, aseguró el medio digital porteño.
La medida impacta en primer lugar sobre el personal en actividad y retiro de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas, policías y servicios penitenciarios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También introduce cambios para asociaciones de tiro, sus miembros y usuarios civiles que requieran autorización para armas de “uso civil condicional”.
