La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura este jueves aprobó por unanimidad la propuesta de suspender de manera preventiva e iniciar el proceso de remoción del juez federal de Rosario Marcelo Martín Bailaque, quien la semana pasada presentó la renuncia a su cargo tras haber sido imputado por tres causas judiciales, pero el Ministerio de Justicia nacional aún no se la aceptó. La situación será tratada en el plenario del organismo, cuya fecha se desconoce.
“Nos encontramos en un punto en el que consideramos que hay elementos suficientes para proponer al plenario de este cuerpo la apertura del procedimiento de remoción y suspensión del magistrado, juez titular del Juzgado Nº 4 de Rosario”, expresó el consejero Álvaro González, acusador de Bailaque.
La Comisión también rechazó una presentación hecha por el juez, que en su descargo pidió incluir un testigo sobre uno de los hechos por los que está imputado, que son las presuntas maniobras extorsivas realizadas en 2019 contra un empresario del rubro de seguros Claudio Iglesias. “Eso puede ser una medida de prueba reproducible ante un jurado de enjuiciamiento”, indicó Rodolfo Tailhade.
Bailaque está imputado por tres carpetas judiciales, por las que se encuentra en prisión preventiva domiciliaria que, por estar en el ejercicio de sus funciones, no se aplica.
Como ya informó Rosario3, los fiscales federales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario) señalaron las posibles irregularidades que cometió el magistrado en tres causas puntuales: en el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, en supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, cuyo entramado societario tenía de contador –Gabriel Mizzau– al mismo que le llevaba los números al juez, y por una llamativa intensidad en un legajo contra un empresario que fue denunciado manera anónima y desprolija y terminó perjudicado, se cree, con posible connivencia con personal de la ex Afip y Aduana, en la hoy reconvertida Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
