Bajo el título “Educación en tiempos libertarios, lo esencial es entender”, el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario, Martín Lucero, emitió un descargo contra el proyecto del Gobierno nacional de declarar la educación como servicio esencial, que restringiría el derecho a huelga. Y cuestionó el uso del término “rehenes” utilizado por Milei en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
En la misiva, Lucero precisó que los servicios públicos esenciales son “aquellos cuya interrupción puede poner en riesgo la salud, la vida o la seguridad de las personas”, y que, por lo tanto, “el derecho a huelga cede para garantizar la continuidad del servicio”.
Destacó que en esta nueva gestión de gobierno “se habla de resolver el problema de los paros”, es decir, “atacar las consecuencias” en vez de las causas de los problemas de la educación, “tapando la incapacidad de gestionar políticas públicas que la mejoren”.
Recordó entonces fragmentos del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el pasado viernes, donde aseveraba que “en una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga”.
Ante la declaración del presidente, Lucero enumeró entonces sus observaciones, negando que los alumnos no sepan leer y escribir, comparando estadísticas históricas: “En la actualidad en nuestro país solo el 1,9% de las personas no saber leer y escribir. En 1869 ese porcentaje era del 78,2%, en 1914 era el 37,9, en 1980 el 6%, en 1990 el 4%".
En torno a la mención al sindicalista educativo Roberto Baradel, Lucero precisó que “debe inscribirse en la permanente agresión que desde la primera magistratura se hace a referentes que se oponen a sus políticas. Puede ser una cantante, un gobernador o un dirigente gremial. No deja de ser grave”, ya que según analizó el referente de Sadop, al ser presidente, no se puede dejar de lado que lo hace desde una posición de poder, ya que repasó: “Maneja todos los organismos públicos nacionales que recopilan información sensible de los ciudadanos (Afip, Anses, Migraciones), las Fuerzas Armadas, las de Seguridad y los servicios de inteligencia. Un simple ciudadano no puede menos que ser considerado una víctima que no tiene medios para defenderse de semejante ataque”.
Luego señaló la gravedad del uso de la palabra “rehenes” en torno a los paros en la educación, ya que “pone a la docencia en el lugar de secuestradores y por lo tanto de delincuentes. Es a todas luces una definición exagerada. En todo caso, quien ha defendido genocidas y secuestradores de niños y niñas es la actual vicepresidenta de la Nación. La situación no hace posible comparar a una maestra de escuela, con Videla, Astiz o Etchecolatz (quienes han sido condenados por secuestros y supresión de identidad)”.
Entonces aseveró: “No es menor el énfasis que pone Milei en remarcar que ‘los rehenes’ serían utilizados para ‘negociar en paritarias provinciales’. La referencia es clara: No hay más paritaria federal, no hay más fondos nacionales para educación y el sistema educativo es un problema de las provincias”.
Observó entonces que Milei “lo dijo con la mayoría de los gobernadores como público como proponiendo una asociación anti derechos: no les mando los fondos que les debe la Nación a las provincias, pero imponemos que no haya huelgas docentes. De manera cruel, la fórmula propuesta es que los derechos que pierden las provincias a manos del poder central, los gobernadores se los cobren a los docentes vía el congelamiento salarial sobre una actividad que no puede hacer paros”.
Para el sindicalista, resulta “llamativo que el presidente de la Nación habla de terminar con la huelga y no de mejorar la calidad educativa”. Ya que aseveró que en el citado decreto “ninguna norma habla de inversión, creación de escuelas, jardines, ampliación de aulas, incorporación de equipamiento didáctico. Solo que la “guardia mínima” es del 75 % del personal”.
El origen histórico de la idea de “servicio esencial” y la diferencia con un bien público
Para Lucero, la idea de declarar la educación servicio esencial limitando el derecho a huelga, no es nueva, ya que repasó: “Comenzó durante los '90 en el gobierno de Carlos Menem y más recientemente durante la presidencia de Mauricio Macri (sin ninguna pandemia de por medio), el último proyecto data de 2018”.
Aseveró luego que en la pandemia, algunos sectores del PRO retomaron el proyecto bajo “la idea de servicio esencial como actividad esencial”, y explicitó sobre eso: “El razonamiento era que, si un kiosco podía funcionar con distanciamiento social, cómo no iba a poder abrir una escuela. Un razonamiento torpe que carecía del sustento básico: la docencia no estaba de paro, declarar la educación como servicio esencial no cambiaba la situación y la prestación ‘del servicio’ de manera remota agotaba ampliamente los requerimientos legales de la ‘esencialidad’ en términos de medida gremial”.
Con esta declaración del presidente Milei y su expresión en el DNU 70/2023, “la vieja aspiración de la derecha política argentina de prohibir los paros docentes se vería mucho más cerca, y la posibilidad de sancionar la actividad gremial, también”.
Recordó que dicha declaración de “servicio esencial” contenida en el DNU del presidente Milei se encuentra suspendida por un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral Nº 8 a causa de una presentación de Ctera (Expte 390/24 del 9/2/2024). Y especuló como “esperable que el rechazo del Senado de la Nación y la Cámara Baja del DNU termine de dar por tierra con este cambalache normativo”.
Lucero finalizó su reflexión destacando que “esencial no es lo mismo que importante o prioritario”, y aseguró que “la mejor definición jurídica que le podemos dar a la educación no es rebajarla a un mero servicio, sino, por el contrario, sostenerla como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado como lo hace la Ley Nacional de Educación. Fuera del comercio, “no se puede comprar ni vender” y en este sentido “los servicios pueden ser privatizados y desregulados, pero los derechos, no”.
