La semana pasada el gobierno provincial reunió a los 250 funcionarios que integran todos los equipos de gobierno -y que pertenecen a todos los espacios que integran Unidos- para aceitar el funcionamiento de la gestión de gobierno e identificar desafíos a corto y mediano plazo. “Los resultados de estas semanas son muy positivos. ¡Todos los objetivos son posibles si seguimos adelante!”, transmitieron. La búsqueda de cohesión interna es permanente.

Fue en la previa a la aprobación de la autorización para tomar hasta 1.150 millones de dólares de deuda en los mercados de capital internacionales para destinarlos a infraestructura con las que se asegura llegar con un plan de obras para todo su mandato hasta 2027, que envidian en otras provincias que ya no pueden pagar aguinaldos y constructoras que vienen de otros distritos para tratar de sobrevivir. 

Los próximos pasos son las elecciones locales dentro de dos semanas y exactamente dentro de un mes el inicio del debate por la reforma constitucional. Después de ambos test seguramente se acelerarán algunos cambios, incluidos los del Poder Judicial.  

Pero en el caso de la reforma constitucional de Santa Fe ya convirtió en terreno fértil para disputas internas y cruces ideológicos. El primer cortocircuito surgió con el reglamento de funcionamiento -que aún no está resuelto-, y abrió grietas en la coalición Unidos en varios temas clave, aunque ninguna de las partes vislumbra quiebres pero sí fuertes cruces puertas adentro.

Entre los puntos más espinosos que se sostienen en el debate por la reforma figura la propuesta de crear un Consejo de la Magistratura provincial. Sin embargo, referentes de peso en la UCR y el PRO, socios del frente oficialista, se niegan: sostienen que copiar el modelo federal sería replicar una estructura ineficaz, cara (casi 2 billones de pesos cuesta la nacional y 1.600 funcionarios) y vulnerable a la politización. El caso reciente del juez federal Marcelo Bailaque, que podría acceder a su jubilación especial pese a múltiples cuestionamientos si admiten su renuncia, se volvió emblema del “fracaso” del sistema.

Otra chispa es la idea de dar rango constitucional a los Colegios Profesionales. El ala más liberal del PRO y aliados de La Libertad Avanza la rechazan por considerarla un blindaje corporativista, justo cuando a nivel nacional avanza una ola desreguladora de Milei para recortar privilegios y cuotas obligatorias. En el Congreso, Milei impulsa convertir la colegiación obligatoria en un simple registro voluntario, sin poder disciplinario ni recaudatorio.

En la trastienda de la Convención, también se cuelan otras demandas: peronistas y Ciudad Futura quieren incorporar con rango constitucional al Consejo Económico y Social y blindar principios de legalidad, equidad y progresividad tributaria, además de fijar mayorías agravadas para tomar deuda en dólares. Para Lucila De Ponti, esto evita “hipotecas externas irresponsables”.

Mientras tanto, la Caja de Jubilaciones de Santa Fe alimenta otra pulseada. El Gobierno provincial reclama a Nación una deuda acumulada cercana a los $800.000 millones, fruto de años de pagos incumplidos. Pullaro sostuvo la demanda a la Casa Rosada ante la Corte Suprema, exigiendo la reactivación de giros y un fallo que siente precedente para otras provincias con cajas no transferidas.

En paralelo, socialistas impulsan declarar “intransferible” la Caja en la Constitución, mientras la UCR y el PRO piden cautela: temen comprometer flexibilidad futura para reformar un sistema crónicamente deficitario.

Javkin apuesta a “torres con alma verde”

En medio de la puja política, Rosario dibuja su propia agenda de modernización urbana. Esta semana, el intendente Pablo Javkin presentará oficialmente su plan de torres “verdes”, una ordenanza que busca reactivar la construcción en altura en zonas clave, bajo criterios de sustentabilidad como adelantamos ayer en Ecos365.

El proyecto rompe con décadas de urbanismo compacto entre medianeras. Propone permitir edificios más altos y permeables a la luz y la ventilación natural. El corazón del plan es el primer anillo central y corredores estratégicos: bulevares como Rondeau, Eva Perón o San Martín. Allí, la altura máxima se definirá según el retiro del edificio respecto a sus linderos: cuanto más distancia, más pisos.

Uno de los cambios más celebrados por desarrolladores es que ya no será obligatorio unificar terrenos para levantar torres: bastará con un lote de más de 1.000 m², lo que destraba negociaciones eternas entre vecinos y abarata proyectos. A cambio, la ciudad exige pisos verdes: un 30% del lote deberá quedar absorbente, para aumentar la capacidad de drenaje urbano, y se fomentarán terrazas vegetales y plantas bajas abiertas.

El incentivo adicional: se podrán construir menos cocheras, reduciendo el cemento y fomentando la movilidad sustentable. Constructores y desarrolladores ven la jugada como la llave para renovar el skyline rosarino y poner en marcha proyectos postergados por trabas normativas.

BCRA cambia el ancla y afila el torniquete monetario

En paralelo, el Banco Central (BCRA) reconfiguró su política de tasas para prevenir un déjà vu de crisis cambiaria. Abandonará la tasa de interés fija como ancla antiinflacionaria y pasará a controlar los agregados monetarios: traducido, pondrá un cerrojo a la cantidad de pesos en la calle y dejará que el costo del dinero lo determine el mercado.

A partir de julio, desaparecen las LELIQ y LEFI: se sustituirán por LECAP que emitirá el Tesoro, permitiendo a bancos y fondos migrar liquidez sin presionar la “maquinita”. Además, el Central limpió una bomba de tiempo: canceló contratos “put” que permitían a bancos revenderle bonos en masa, lo que podía disparar la emisión. Saneó así $5,9 billones de riesgo latente.

Para reforzar reservas, cerró un nuevo repo por USD 2.000 millones y reabrió bonos Bopreales para captar pesos de empresas que quieren girar utilidades. El mix es claro: absorber circulante, robustecer dólares y blindarse ante especulaciones de corrida. La meta es replicar el patrón de desaceleración inflacionaria logrado en mayo, cuando el IPC sorprendió a la baja. Pero otra de las consecuencias es el enfriamiento de la actividad económica.

Desregulaciones y privatizaciones: Milei pisa el acelerador

Mientras la política monetaria se ajusta, la motosierra sigue su curso. En autopartes, se eliminó la certificación nacional “CHAS”: ahora basta con sellos internacionales. La meta es abaratar repuestos y vehículos y bajar costos logísticos para toda la industria. Una política que ya habilitó en otros numerosos sectores.

Industriales de Santa Fe están en alerta: la importación irrestricta de maquinaria agrícola, autos, camiones, acero y repuestos más las retenciones al campo golpean a la producción local. 

“Si no consigo contratos, cierro a fin de año”, advierte un metalúrgico de la región.

Por otro lado, la Ley Bases habilita privatizar ocho empresas públicas: Enarsa, Nucleoeléctrica, YCRT, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. Ya se concretó un piloto: la metalúrgica IMPSA fue vendida a la estadounidense Arc Energy, que absorbe deudas y promete inversión.

El Gobierno de Milei asegura: “No se rematan empresas estratégicas, se venden con plan de continuidad”. Pero insiste: “Todo lo que pueda estar en manos privadas, se venderá”.

En síntesis, Santa Fe debate entre blindajes institucionales y una marea libertaria que poda burocracias y sacude industrias. Mientras tanto, Nación redefine su política económica para esquivar fantasmas financieros, pero resurgen las protestas callejeras, como la movilización para respaldar a Cristina Kirchner. El resultado: un país que ajusta, negocia y prueba su resistencia ante un shock que promete estabilidad... o nuevos temblores.