La Justicia santafesina dejo hoy firme la cautelar que le impide a Renova, la aceitera más grande del país con planta en Timbúes, disponer de sus acciones embargadas en el marco del conflicto de VIcentin.
Se trata de un tema clave para el futuro de la defaulteada agroexportadora, ya que el 33% de las acciones que tiene en Renova representa hoy su activo más importante. Es más, la oferta de pago que le hizo a sus acreedores se financia en gran parte con la venta de esas acciones, cambio de manos que al estar prohibida trabó la resolución de su extensa y muy polémica convocatoria.
La Justicia mantuvo también la cautelar que impide a los accionistas mayoritarios (Viterra, la ex Glencore ahora en proceso de fusión con Bunge) disponer de sus acciones en Renova (67%) para cambiar la composición de su paquete accionario.
Para los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que impulsaron la cautelar, advertían que si se desactivaban las medidas se podría habilitar una ventana para que, vía ampliación de capital, se licue la participación de Vicentin, y por ende pierda valor el principal activo que tiene la firma defaulteada para pagar su millonaria acreencia.
En 2020, con el inicio de las investigaciones judiciales por estafa contra el directorio el Ministerio Público de la Acusación logró una cautelar que le prohibía a Vicentin disponer de sus acciones en otras empresas y otra que evitaba que Renova pueda cambiar su paquete y composición accionaria.
La cuestión de Renova también quedó bajo observación judicial porque días ante de su default, en diciembre de 2019, Vicentin vendió a Viterra el 15% de sus acciones en esa aceitera (tenía algo más de la mitad quedándose con el 16%), a través de una subsidiaria paraguaya, logrando así sacar varios millones de dólares del país y ponerlos a salvaguarda de los procesos judiciales civil y penal.
Si bien Renova apeló, en la práctica nunca movió el trámite de queja hasta hace unos días. Por eso, el viernes y el lunes pasado, la Justicia escuchó a los abogados defensores reclamar por la quita de esas medidas.
En paralelo, y con los mismos abogados de Renova, Viterra –con el argumento de que el accionista mayoritario no tiene nada que ver con la crisis de la aceitera santafesina– pidió que le permitan disponer de sus acciones en el complejo aceitero y portuario de Timbúes.
Ayer, luego de escuchar a las partes, los jueces Nicolás Foppiani, Gonzalo Fernández Bussi y Valeria Pedrana decidieron un cuarto intermedio para retomar este martes la audiencia. Y este mediodía los magistrados informaron su resolución: No hicieron lugar al pedido ni de Renova ni de Viterra, por lo que cualquier intento de cambio de manos sigue trabado.
El rechazo es un duro golpe para la malograda aceitera ya que toda su oferta de pago -que la Corte Suprema debe rechazar o permitir que se homologue, algo que podría ocurrir antes de fin de años- se base en la venta de acciones que no puede vender porque tiene sus activos cautelados.
