El Tribunal Oral Federal 2 otorgó este martes a la tarde la prisión domiciliaria para Cristina Fernández Kirchner y este miércoles no deberá presentarse a Comodoro Py porque fue notificada de manera virtual.
El fallo dispuso que la expresidenta cumpla su condena por la causa de Vialidad en el departamento de San José 1111, en Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Pese a eso, en la previa desde el peronismo confirmaron que la concentración planificada para este miércoles en apoyo a la titular del PJ se hará de todas formas. Será desde las 10 frente a la casa donde la dos veces jefa de Estado ya cumple su sentencia.
Entre otros requisitos que se desprenden de la resolución del tribunal, Cristina deberá usar tobillera electrónica y tendría visitas limitadas.
“Ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, dice el texto.
“Resuelvo imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión”, expresó el juez en su resolución. Máximo Kirchner, hijo de la exvicepresidenta, será el garante de la prisión domiciliaria.
Entre las condiciones que fijó la Justicia, se aclara que Cristina “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del barrio del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Este punto se asocia con las sucesivas salidas al balcón que la exmandataria viene realizando desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema para saludar a la militancia que permanece en la zona del edificio.
Los ficales habían rechazado el pedido de Cristina
Los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, rechazaron más temprano la posibilidad de que Cristina Kirchner reciba el beneficio de la prisión domiciliaria y dictaminaron que la ex presidenta debe cumplir la condena a seis años en una unidad controlada por las fuerzas de seguridad.
“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria. No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, sostiene el dictamen de diez páginas.
Los fiscales no solo dijeron que no hay circunstancias personales que ameriten la prisión domiciliaria. También rechazaron el planteo que realizó la defensa en el sentido de que, atento al intento de homicidio que sufrió en 2022, la seguridad de Cristina no se puede garantizar en una cárcel común. Para la Fiscalía ese riesgo se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”, sostuvieron Luciani y Mola.
Sobre la edad, los fiscales pusieron el ejemplo del ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena por la tragedia de Once y Jaime quedó detenido. El ex funcionario pidió en marzo pasado la prisión domiciliaria porque cumplió 70 años y el juez Jorge Gorini -el mismo que debe intervenir en el caso de Cristina Kirchner- se la rechazó.
La opinión de la Fiscalía es no vinculante, por lo que el Tribunal Oral igual podría otorgarle la prisión domiciliaria. Ante esa posibilidad, Luciani y Mola expresaron que el arresto domiciliario “debe sujetarse a estrictas normas de control y seguimiento”.
También rechazaron el pedido de la ex presidenta de no usar tobillera electrónica. Los fiscales señalaron que ese uso es obligatorio por ley.
