La semana que comienza tiene dos hitos políticos relevantes en términos institucionales para Santa Fe. El lunes juran el cargo dos de los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y el viernes es el inicio formal de la campaña electoral para convencionales constituyentes. Ambos fueron objetivos políticos del gobernador Maximiliano Pullaro.
Las juras del cargo de Jorge Baclini y Margarita Zabalza marcan un cambio en el máximo tribunal desde el ingreso de Daniel Erbetta en 2008, el primero que no respondía al proyecto de poder que a principios de los años 90 se ordenó detrás de la figura de Carlos Reutemann. Lo promovió Jorge Obeid al final de su segundo mandato, cuando del Lole lo separaba un abismo.
El voto de los santafesinos y los gobiernos del Frente Progresista comenzaron a desmantelar a cuentagotas aquel proyecto de poder, pero el espinazo más arraigado recién pudo ser quebrado en 2023, cuando además de alcanzar la Casa Gris, Unidos logró el control de la Cámara de Senadores por primera en tres décadas.
En efecto, hasta diciembre de 2023 la composición del Senado provincial y de la Corte Suprema, así como la letra inalterada de la Constitución del 62 fueron los últimos dispositivos institucionales que habían quedado en pie de aquella experiencia de poder que llegó a poner a Carlos Reutemann a las puertas de la Casa Rosada. La historia es conocida: si no entró para ponerse la banda y tomar el bastón presidencial fue por decisión propia. Donde el santafesino vio algo que no le gustó, un santacruceño encontró una oportunidad que no desaprovechó.
Pullaro y la alianza Unidos los están desmantelando a partir de la llegada al gobierno con mayoría en las dos cámaras, pero en especial en el Senado donde el PJ era imbatible. Esa novedosa relación de fuerzas permitió el ingreso de tres nuevos cortesanos (los primeros en 17 años) y rompió el maleficio de la reforma constitucional imposible.
La Corte
La incorporación de Jorge Baclini y Margarita Zabalza este lunes y de Rubén Weder dentro de 30 días es sumamente relevante en términos de recambio institucional. La flamante composición de siete miembros tiene importantes tareas en carpeta. Pronto deberá expedirse sobre los primeros amparos contra la emergencia y reforma previsional. De los más de 120 que ingresaron en la provincia, sólo 11 fueron admitidos, todos por el fuero laboral de Rosario, el único que hizo lugar a los planteos, pero de todas maneras aguardan el pronunciamiento de la Corte, porque será la que marque el camino y defina la suerte de esa reforma.
Por otra parte, la Corte ampliada debe reglamentar e implementar la reforma judicial aprobada en noviembre pasado por la Legislatura, que introduce cambios funcionales y la posibilidad de convocar a audiencias públicas.
Tras un año de tensiones con el Ejecutivo, la espuma bajó y hay otro clima, aunque las tensiones podrían volver en cualquier momento. En tribunales siguen en pie las quejas por las vacantes sin cubrir. El viernes, dos de los ministros, Erbetta y Falistocco, recibieron en Rosario a representantes de los colegios de abogados de toda la provincia que reclaman por ese tema. El gobierno habilitó algunos concursos de magistrados en diciembre, que están en proceso, pero no cree que haya que rellenar todos los casilleros vacíos sin antes replantear el mapa judicial.
En ese contexto será interesante el mensaje que deje el presidente Roberto Falistocco el viernes en su discurso de apertura del año judicial.
La campaña
A 48 horas de la jura de los nuevos jueces, la Casa Gris no confirmaba la presencia del gobernador en el acto a realizarse en el edificio de justicia de la capital. Más aún, una alta fuente del gobierno informó que el gobernador no estaría presente porque tenía que atender temas importantes de gestión.
–Tiene que ser un tema muy importante para que el gobernador elija estar en otro lado-, quiso saber Rosario3.
–Seguridad. Está plenamente abocado a eso-, fue la respuesta sin más dato.
El restablecimiento del orden en la seguridad pública es la principal cláusula del contrato electoral de Pullaro con los santafesinos, en especial con los rosarinos. Por eso será tema excluyente en los 36 días que restan para la elección en la que el gobernador pone en juego gran parte de su capital político.
Corre con una ventaja enorme. Desde el primer día de gestión ejecutó un plan de seguridad coherente, articulado, que no desvió el rumbo en momentos críticos y que a las puertas del proceso electoral tiene resultados para mostrar. El más impactante es un 65% en la caída de homicidios en 2024, que se replica en menor proporción en otros delitos, por ejemplo contra la propiedad.
Desde el operativo en las cárceles a horas de haber asumido para reestablecer el régimen de presos de alto perfil hasta hoy, Pullaro y su ministro de Seguridad Pablo Cococcioni exprimieron a fondo el capital político a disposición. Vale como ejemplo la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Piñero, para la que el gobierno ya tiene 18 ofertas de construcción y el nombre: la bautizó El Infierno.
Resolverá el problema real que existe para el manejo de presos de alto perfil, pero tiene también pretensiones disuasivas para el resto de los internos del sistema penitenciario que, dicen en el Ministerio de Seguridad, no querrán correr el riesgo de un traslado a una cárcel donde la regla son visitas restringidas al mínimo, a distancia, sin contacto personal y vida interna bajo vigilancia permanente.
Para llegar a la construcción de esa cárcel, el gobierno dio varios pasos antes: cambios normativos en el Código Procesal Penal y en la ley orgánica del Servicio Penitenciario, al tiempo que plantó un debate jurídico-ideológico con jueces y juezas penales respecto a la prisión preventiva y la gestión carcelaria. Al mismo tiempo jugó a fondo, sin detenerse en los costos políticos a pagar, con la creación e integración de una Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria que ordenará los criterios de los juzgados de primera instancia en la provincia. Es de imaginar que, si bien quienes integran esa cámara deben velar por el complimiento de los derechos y garantías, esos criterios generales irán en el mismo sentido que la política penitenciaria del gobierno, que a su vez pretende que se consoliden como política del Estado santafesino.
Y algo más. Ahora cuenta con un sistema provincial de Inteligencia que también le habilita a hacer inteligencia dentro de las cárceles, que como demostraron innumerables investigaciones del Ministerio Público de la Acusación es desde donde se alimentó la ola de violencia criminal de los últimos años.
Según los planes del gobierno, los próximos 30 días Pullaro estará abocado de lleno a la seguridad, con especial enfoque en Rosario. Hay distintas razones por las que se tomó esa decisión. En primer lugar, Rosario es un bastión electoral para Unidos, y a la vez es la ciudad que La Libertad Avanza se propuso como proyecto de poder. La confluencia de Karina Milei y Patricia Bullrich detrás de la doble candidatura del periodista Juan Pedro Aleart –para convencional constituyente por el departamento Rosario y a concejal por la ciudad– revela las intenciones de ir por la ciudad en 2027.
LLA busca una victoria de pago chico, objetivamente posible y simbólicamente potente. Sueña que el 13 de abril a la noche la Casa Rosada pueda festejar que “ganó Rosario”.
El antídoto de Unidos será asociar a su candidato departamental Ciro Seisas con el gobernador Pullaro y dotarlo de los atributos de su gestión que, según las encuestas que se van conociendo, tiene buen nivel de apoyo en la principal ciudad de la provincia.
De todos modos, hay muchos cabos sueltos que intranquilizan a operadores del oficialismo y las oposiciones. Cuesta que la elección de constituyentes entre en el electorado y tampoco es nítido el efecto (si es que lo hay) de superposición con las primarias para los concejos municipales. Por ejemplo, ¿qué resultará en Rosario de aquellos casos de partidos o sectores que apoyan a un candidato para constituyente pero para la competencia local le armaron listas paralelas?
El factor extrapolítica
Sin embargo, lo que más preocupa al gobernador Pullaro no son los trolls libertarios, alguna declaración picante desde la Casa Rosada, las furibundas críticas de Amalia Granata desde los canales porteños o el peronismo, sino la seguridad. Le preocupa la campaña, porque ve un riesgo real de que las organizaciones narco golpeen de nuevo para generar malestar social e inestabilidad.
Por eso la decisión fue abocarse expresamente en el seguimiento de seguridad, tanto en la gestión diaria como en lo gestual. Las áreas vinculadas a la temática también están en alerta para no ser tomadas de sorpresa.
Alguien podría considerar que se trata de una estrategia para fortalecer la imagen del gobernador que lo ubique en peleas más trascendentes que la de los políticos entre sí. Aun si fuera así es irrelevante, porque hace apenas un año eso sucedió. Y ocurrió en una dimensión inimaginable, escalando por encima de la sangre derramada en la última década y cuando la ciudad creía haber visto todo.
Justamente estos días se cumple un año de la saga de ataques que se iniciaron con el atentado a un colectivo del Servicio Penitenciario y siguieron con los homicidios a sangre fría de dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicios, entre otros hechos.
–¿Hay datos de inteligencia que dan lugar a esa hipótesis?, preguntó Rosario3.
–No tenemos información concreta, pero sí la percepción. Los narcos leen la política, saben esperar el momento para golpear. Pullaro y su gobierno se curan en salud.
