La Justicia federal procesó el pasado martes a doce integrantes de Los Monos por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario de Arroyo Seco que se llevó a cabo en julio pasado. Se trató de un hecho cometido por miembros de la organización narco para conseguir el pago de un rescate –que fue de 10 mil dólares– con la finalidad de saldar una deuda por droga con otros integrantes de la estructura criminal. El líder de la banda Ariel Máximo "Guille" Cantero está entre los alcanzados por la resolución. Hay otras cinco personas procesadas, pero por comercio de estupefacientes.
La resolución del juez Carlos Vera Barros, del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, alcanza por el secuestro extorsivo y narcotráfico a Ariel Máximo Cantero, Leandro Vinardi, Cristian Nicolás Avalle, Jonatan Leonardo Lencina, Axel Aldo Nahuel Vilches, Mayra Belén Mansilla, Gregorio Agustín Núñez, Laureano Aznarez Espeche, Marina Liliana Núñez, Virginia Malvestitti, Pablo Javier Pascua y Alexander Daniel Alcaraz.
Un dato sobresaliente, pero cotidiano, es que varios de los procesados son presos. Precisamente, 6 de los 17 investigados. "Guille" Cantero se encuentra en el penal federal de Marcos Paz, Pascua en Coronda; Vinardi, Avalle, Vilches y Lencina en Piñero.
En la investigación también fueron procesadas otras personas por narcotráfico que no tuvieron participación en el secuestro extorsivo. Son Gonzalo Weber, Sabrina Ivana Barrias, Agustina Belén Casas, Mariela Alejandra Gorosito y al adolescente Gabriel Alejandro F.
El secuestro de Franco M., hijo de un empresario de Arroyo Seco, ocurrió el 23 de julio pasado, cuando el joven fue con su amigo Matías L. a comprar marihuana a un búnker de Arroyo Seco ubicado en Baigorria al 600. En inmediaciones, una persona se bajó de un Chevrolet Astra, lo atacó por detrás, le dio un culatazo y lo obligó a subir a un auto, donde le taparon el rostro.
Franco M. estuvo retenido en una casa de Villa Gobernador Gálvez de una de las personas procesadas. Ese domicilio está en Simón Bolívar y Bomberos Voluntarios, en Villa Gobernador Gálvez. Allí, le sacaron la uña de un dedo de la mano y le mostraron a la madre y padre de la víctima de que estaban dispuestos a matarlo si no pagaban 100 mil dólares.
La casa de Simón Bolívar y Bomberos Voluntarios fue uno de los objetivos de los 84 allanamientos hechos de forma coordinada entre la Justicia federal y provincial. Se encontró en ese inmueble hasta el cuchillo que se utilizó para sacarle la uña a Franco M., ya que ese arma quedó filmada por los propios captores que grabaron el momento de la tortura.
La pretensión de los narcos pasó de 100 mil dólares a 50 mil y terminó cerrando en 10 mil dólares más alhajas y joyas que fueron dejados por el padre y madre de Franco M. en el Puente Cargill de Villa Gobernador Gálvez.
Luego de pagar, Franco M. fue liberado en Soldado Aguirre y Bomberos Voluntarios, en Villa Gobernador Gálvez.
La investigación llevada adelante por el fiscal federal Claudio Kishimoto, la Procunar a cargo del fiscal Diego Iglesias, la unidad Antisecuestros a cargo de Santiago Marquevich y los fiscales auxiliares Matías Scilabra y Franco Benetti.
Durante las medidas investigativas, los fiscales detectaron conversaciones que hacen inferir que el secuestro fue ordenado desde prisión por Vinardi, Avalle, Lencina y Vilches, mientras que el plan fue ejecutado por Espeche, Núñez, Alcaraz y Weber.
El secuestro, de acuerdo a la resolución de la Justicia federal, tuvo como finalidad de saldar una deuda que tenían entre sí miembros de Los Monos. Según el expediente, el preso Pablo Pascua y su pareja Virginia Malvestitti contrajeron una deuda con Cristian Nicolás Avalle al perder droga en un allanamiento que el propio Avalle y "Guille" Cantero le habían suministrado.
En los diálogos telefónicos incluso Pascua y su pareja se muestran enojados por haber hecho el "trabajo" del secuestro extorsivo a cambio de nada, ya que Avalle no le dio ningún dinero por la planificación y ejecución de ese delito al considerar que así estaban saldando la deuda que tenían.
En la investigación además del secuestro extorsivo y la venta de droga se detectó un tercer delito: extorsiones y balaceras. En un diálogo telefónico mantenido por Espeche y Núñez hablan sobre "pintar tres lugares: dos carnicerías y una estación". En otras palabras, se referían a balear locales para pedirles luego dinero en concepto de "protección".
Un informe de la División Operativa Central de la Policía Federal Argentina del 29 de agosto pasado señaló que esa charla se mantuvo el mismo día en el que hubo una balacera a una estación de servicios de Villa Gobernador Gálvez. Ese ataque fue perpetrado desde una camioneta desde la que dejaron una nota con mensajes amenazantes.
Se presume que al menos esa balacera fue realizada por Lautaro Espeche y Agustín Gregorio Núñez, dos de los procesados en la investigación.
