Antes de entrar a la quinta de Olivos para su reunión con el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ya había presentado una demanda ante la Corte Suprema por las clases presenciales. Lo hizo muy poco antes de entrar a la propia quinta de Olivos, desde donde luego Fernández se dirigió a la prensa para ratificar todas las restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Según publicó Infobae y otros medios nacionales, Ciudad Autónoma inició una acción declarativa de inconstitucionalidad para que se le impida al Estado Nacional llevar adelante “cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado”. Solo en relación a las escuelas. La presentación agrega que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal.

La demanda, de 68 páginas, incluye una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del artículo sobre las clases. En ese sentido, la Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.

El presente caso presenta un conflicto de competencias entre el Estado Nacional y la Caba. Por ello, teniendo en cuenta el carácter federal de las cuestiones involucradas y la jurisprudencia que reconoce el derecho de mi representada de acceder a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requiere a V.E. la tramitación del presente proceso en instancia originaria”, sostiene la presentación a la hora de justificar la competencia de la Corte.