La Cámara de Diputados de Santa Fe comenzará a debatir en las próximas semanas un proyecto que promete controversia. Propone que los hospitales y centros de salud públicos que hay en todo el territorio provincial empiecen a cobrar por su atención en siniestros viales cuando el conductor involucrado dé positivo de alcoholemia o narcolemia.
“El presente proyecto de ley propone que los gastos del Estado provincial por asistencia médica, por causa de siniestros viales, sean reintegrados por los conductores de automotores cuando la autoridad competente determine que hubo consumo de alcohol y estupefacientes”, destacó entre los argumentos la autora de la iniciativa, Beatríz Brouwer.
Según aclaró la legisladora, el propósito del proyecto no es recaudar “sino fundamentalmente generar conciencia en aquellas personas que conducen bajo los efectos del alcohol o drogas, reducir el impacto económico que estos siniestros generan en el sistema público de salud”.
“Los recursos obtenidos por la aplicación de esta ley serán distribuidos con un ochenta por ciento al sistema público de salud y el veinte restante para campañas oficiales de promoción, prevención y concientización en seguridad vial”, agregó la legisladora.
Para hacer efectivo este cobro, el proyecto sostiene que todas las personas que ingresen con heridas productos de siniestros viales con carácter de emergencia o urgencia, en cualquiera de los efectores públicos, sean sometidos a un control de alcoholemia y/o un dosaje sérico y de orina de sustancias tóxicas ilegales y/o drogas.
“El resultado que arroje el estudio deberá ser consignado en la planilla de admisión y en su historia clínica, sin que esto implique vulnerar la garantía de privacidad. Asimismo, en el documento de admisión, el asistido, deberá informar con carácter de declaración jurada si tiene cobertura de salud, indicando si se trata de obra social, mutual, empresa de medicina prepaga y/o cualquier otro tipo de cobertura médica de salud y/o seguro”, remarca el proyecto en uno de sus artículos.
En el caso de que el conductor que produjo el siniestro arroje positivo por el consumo de alcohol o drogas, el proyecto establece que pasará a ser el responsable de reintegrarle a la provincia “la totalidad de las prestaciones de los gastos ocasionados por los servicios de atención médica, bioquímica, prestaciones farmacéuticas y/o de rehabilitación de todas la personas involucradas”.
“El efector de salud interviniente procederá a emitir pre facturación con el detalle de todos los gastos incurridos en la atención del asistido, de acuerdo a lo previsto en el Nomenclador Nacional de Prestaciones de Salud o aquel que determine la reglamentación de la presente Ley. En caso de que el asistido cuente con cobertura médica mediante obra social, empresa de medicina prepaga, mutual o similares, les será exigible a dichas entidades el pago de los costos de las prestaciones médicas brindadas a su beneficiario, haya existido o no derivación”.
En el caso de que el responsable del siniestro no cuente con cobertura médica privada, se emitirá el instrumento de pre facturación a su nombre o el de sus herederos y/o sucesores en caso de fallecimiento, la cual será notificada al asistido en oportunidad del alta médica o su deceso. A partir de la notificación el paciente o sus allegados tendrán treinta días corridos para el pago de la deuda o dentro del mismo lapso, la posibilidad de celebrar un acuerdo de pago.
“En caso de no concretarse el pago total o la celebración del acuerdo, vencido el plazo supra indicado de pleno derecho, sin necesidad de declaración alguna, se emitirá factura sobre la base de la prefacturación oportunamente notificada, quedando habilitado para el cobro por vía judicial”, agregó Brouwer en su proyecto.
