El 15 de julio de 2010 fue una fecha histórica para las personas que lucharon durante muchos años para lograr la igualdad de género y diversidad. Ese día, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.618, de matrimonio igualitario y permitió, de este modo, avanzar un paso más (uno muy importante) en la igualdad de derechos de las personas, sea cual fuere su orientación sexual.
Los días previos al debate final en el Senado, la polarización de las posiciones encontradas en torno al tema, había alcanzado su punto máximo. Y ese día, fuera del recinto, diversas organizaciones LGBTIQ+ aguardaban con gran expectativa el voto mayoritario que convirtiera en ley el anhelo de tantas personas. Previo a esa fecha, cinco parejas habían recurrido a la Justicia y habían conseguido casarse, mediante recursos de amparo.
A pesar del logro –y del claro apoyo a la iniciativa por parte del Gobierno nacional, en la figura de Cristina Fernández de Kirchner– la disparidad de criterio atravesó todos los bloques políticos, incluido el oficialismo, y el proyecto cosechó adhesiones, oposiciones y abstenciones en todos los frentes partidarios, tanto entre legisladoras mujeres como entre legisladores hombres.
Hoy, el matrimonio igualitario y el respeto al derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminar por razones de género gozan de un extendido consenso social. De hecho, fue contundente la Marcha Antifascista de febrero pasado, en repudio a las manifestaciones discriminatorias del presidente Javier Milei en Davos, actitud que le significó una denuncia penal.
Matrimonio igualitario en Santa Fe
Desde la promulgación de la ley, en 2010, hasta este mes de julio de 2025, en la provincia de Santa Fe se celebraron 1.664 matrimonios de parejas del mismo sexo.
En relación con la evolución de la cifra a lo largo de los 15 años de vigencia de la ley, fue siempre en aumento, hasta el año 2019 en que experimentó la primera baja. Luego volvió a subir de manera significativa, en 2021, segundo año de la pandemia; siguió el mismo ritmo ascendente en 2022; bajó levemente en 2023 y se mantuvo en 2024. El detalle anual, brindado a Rosario3 por el Registro Civil de la provincia de Santa Fe, es el siguiente:
A su vez, de ese total de 1664 matrimonios igualitarios celebrados en toda la provincia, 947 (56,9%) tuvieron lugar en la ciudad de Rosario. En julio de 2011, al cumplirse el primer año de la sanción de la ley, Rosario se situaba a la cabeza del matrimonio igualitario en el interior del país.
El sistema contabiliza todos los matrimonios por igual, sin importar el sexo de los contrayentes.
“Desde la implementación de la ley hasta la actualidad, esta modalidad de matrimonio se viene implementando con total normalidad. En el organismo no hacemos diferenciación entre matrimonios heterosexuales e igualitarios. En consecuencia, para informar estas cifras, tenemos que construir el dato porque el sistema contabiliza todos los matrimonios por igual, sin importar el sexo de los contrayentes”, explicó a Rosario3, el director provincial del Registro Civil, Sergio Duarte.
“Un dato a destacar –agregó– es que los matrimonios igualitarios significan una cantidad ínfima respecto del total, aunque para aquellas personas que estuvieron esperando durante muchos años la posibilidad de acceder a este derecho, fue (sigue siendo) una posibilidad muy importante”.
En ese sentido, remarcó que las cifras demuestran que no existió la supuesta avalancha de matrimonios con esta modalidad, que algunos vaticinaban antes de la sanción de la ley, tal como sucedió con la ley de divorcio en 1987. De hecho, en los últimos quince años, se celebraron 38 mil matrimonios en total, en la provincia de Santa Fe, mientras que apenas 1.664 (4,37%) correspondieron a matrimonios de personas del mismo sexo.
En cuanto a las actuales políticas de género implementadas a nivel nacional, el funcionario destacó que “el matrimonio igualitario es una institución que llegó para quedarse y está muy arraigada en el escenario jurídico. El hecho de que se amplíen derechos y que todos los ciudadanos puedan acceder a los mismos derechos siempre es una buena noticia”.
Militar la igualdad
Valeria Rosso Ponce es abogada y militó la Ley de matrimonio igualitario como una meta personal y colectiva, al mismo tiempo. Por eso, la dimensión de estos quince años transcurridos desde la sanción de la norma, cobra un doble significado.
“Como abogada –dice– fui parte de la estrategia que se armó a nivel país, primero en el ámbito judicial por medio de los recursos de amparo en los que íbamos consiguiendo en algunas jurisdicciones sentencias favorables. Y en los que no, la idea era llegar hasta la Corte Suprema de la Nación, mientras se daba la discusión a nivel parlamentario. ¡Llegó antes la ley!” –celebra con satisfacción– y eso permitió que muchas familias fuésemos miradas como tales por la sociedad, con los mismos derechos de las familias heteroparentales. Un gran avance en derechos humanos y civiles del colectivo LGBTIQ+ que permitió, además, que nuestros hijos e hijas tuvieran la misma protección legal que otros. Que nuestras parejas fueran reconocidas como tales”.
en diciembre de 2017.
¿Cuántas historias de amor silenciadas, postergadas u ocultas detrás de parejas heterosexuales infelices que tenían la única finalidad de cumplir mandatos sociales y familiares? ¿Cuántas parejas “descubiertas” (como si tener una pareja del mismo sexo constituyese algún tipo de infracción o delito susceptible de ser denunciado o expuesto por otros de modo condenatorio) poblaron los barrios, los espacios laborales, los clubes, las aulas de la escuela o de la facultad?
Ya no hay historias de amor de primera y segunda categoría. Somos todos y todas iguales ante la ley; iguales en la diferencia.
“Antes de la sanción de la ley hubo muchas parejas que no podían asistirse ni tenían la posibilidad de acompañarse ante la oposición de familiares que no reconocían la relación. No había derechos que acompañaran estas historias de amor. A 15 años de la sanción de la ley, somos muchas familias con y sin hijos e hijas que gestamos, adoptamos, nos amamos en una sociedad que nos reconoce como tales. Ya no hay historias de amor de primera y segunda categoría –asiente Valeria–, somos todos y todas iguales ante la ley; iguales en la diferencia”. La abogada y militante admite que la ley no solo reconoce el derecho a elegir casarse o no, sino que también significó derechos para las parejas homosexuales no casadas.
En relación con la agresión que referentes libertarios –empezando por el mandatario nacional– ejercen sobre el colectivo LGBTIQ+, expresó: “Hoy, luego de todas estas conquistas, es vergonzosa la actitud del Gobierno actual atacando al colectivo –y pone el acento en que– no sólo no hay políticas de género sino que desde el comienzo, el oficialismo viene vaciando y cerrando todas las instituciones y organismos creados en función de estas leyes que ampliaron derechos y democratizaron nuestra sociedad, como la ley de identidad de género, la ley Micaela y la ESI, entre otras. La política implementada es un avasallamiento a los derechos ganados y busca tapar el sol con la mano; pero nuestro colectivo sabe de luchas y resistencia, y nuestra sociedad ha ido aprendiendo a cuidar los logros y derechos conquistados”.
La resistencia en el Congreso
El actual diputado nacional Esteban Paulón, ex subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe –quien, en las últimas semanas fue foco de mensajes violentos por su condición sexual, emitidos por parte de referentes libertarios– señaló que el balance de estos primeros 15 años de la ley de matrimonio igualitario es más que positivo.
La ley implicó la legitimación de parte del Estado, de todas las formas de amar y de vincularse afectivamente y por lo tanto, de todas las expresiones y orientaciones sexuales.
“La ley –dijo– otorgó un paquete de derechos a un colectivo social que antes no los tenía: derecho a acceder al matrimonio, a la adopción, al cuidado de un familiar enfermo, a la pensión, a las cuestiones hereditarias de propiedad, entre otros; pero además, es una ley que tuvo un efecto muy profundo en la sociedad, porque transformó la realidad”.
Evaluó que la ley implica la legitimación de parte del Estado, de todas las formas de amar y de vincularse afectivamente y por lo tanto, de todas las expresiones y orientaciones sexuales. “Esto es importante –subrayó– porque en esa legitimación está la fuerza de un colectivo social que vivió mucho tiempo educado para la vergüenza, pero que a partir de esa legitimación social, puede hablar con orgullo y visiblemente, sobre lo que siente y puede compartir su realidad familiar con su entorno, en el trabajo, con la familia, en el estudio y donde sea”.
Hostigamiento, decretos e intentos de derogación
Paulón fue más allá y analizó el efecto de la ley en las generaciones que vienen: “Ya tenemos una generación y media que nació con esta ley aprobada. Esto significa que, para su vida cotidiana, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se casen, tengan hijos o no, compren una casa, saquen un crédito o paguen juntos un alquiler, no se discute. Ya es parte de la naturaleza social”.
En ese sentido, el legislador valoró que a partir de esta realidad, las nuevas generaciones viven con más libertad y menos presión sus propias sexualidades, en el caso de que sean sexualidades disidentes. “Para las personas heterosexuales, la sanción de la ley significó ser parte de una sociedad más abierta, más plural, más inclusiva y mejor. Y para las personas que somos del colectivo –afirmó– esa misma sociedad abierta, inclusiva, tolerante y plural nos ofrece una mejor condición y más herramientas para vivir la propia sexualidad, expresarla socialmente y ejercer nuestros derechos”.
Elijan casarse o no, a partir de la sanción de la ley, las personas del colectivo LGBTIQ+ están mucho más protegidas por parte del Estado y, obviamente, este cambio tan profundo, que amplió el concepto de familia y de ciudadanía para las personas de la diversidad y desterró, desde lo legal, aquella noción de la homosexualidad como enfermedad, pecado o delito, impacta muy fuertemente en los sectores más reaccionarios de la sociedad que llegaron al gobierno y tienen mayor fuerza para emitir su mensaje.
“Esos sectores son los que están agrediéndonos y responsabilizando al colectivo LGBTIQ+ de todas las desgracias que suceden en la vida cotidiana. Eso no tiene otra explicación –sostiene– que buscar con añoranza, una sociedad de valores tradicionales que ya no está y que era, supuestamente, mucho mejor que la que vivimos hoy. Como si el hecho de que las personas del colectivo LGBTIQ+ accedamos al matrimonio igualitario o a la identidad de género, hubiera repercutido negativamente en decisiones de la economía que tomaron personas heterosexuales cisgénero" (se denomina cisgénero a una persona cuya identidad de género coincide con el sexo que se le asignó al nacer).
Quienes hostigan al colectivo LGBTIQ+, insisten en adjudicarle el impacto de decisiones vinculadas, entre otras cosas, a conflictos armados, al combate la pobreza o a la política industrial, a través de mensajes llamativos por su tono violento y por la impunidad con que se manifiestan. “Todas esas decisiones nada tienen que ver con la orientación sexual de las personas que las tomaron; pero hay que decir que, al menos hasta donde sabemos, la gran mayoría de esas decisiones las tomaron personas heterosexuales cisgénero”, recalca.
“La idea de restaurar un orden tradicional que era –supuestamente– mucho mejor, está en la génesis de toda la violencia que padecemos y enfrentamos y se expresó brutalmente en las palabras del presidente Milei –quien vinculó la homosexualidad con la pedofilia– y también en el DNU, en el proyecto de ley recientemente presentado que pretende derogar parte de la Ley de identidad de género y en la violencia que he sufrido en las últimas semanas, por parte de trolls, streamers y medios de comunicación libertarios que –sabiendo que el colectivo LGBTIQ+ es el último que se incorporó a la vida democrática, en Argentina– buscan oradar, romper y excluir para que la sociedad democrática sea cada vez más pequeña”.
“Aún así –asegura– la sociedad argentina dio un paso muy importante en materia de democratización y no está dispuesta a retroceder. Sabemos que la democracia no trajo todas las respuestas y tiene muchos déficits, pero en materia de derechos humanos, libertades individuales y vida ciudadana, es una democracia sólida que lejos de recortar derechos, quiere seguir yendo hacia adelante y haciéndolos crecer.
