El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para adolescentes que cometen delitos. La iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establecer un máximo de pena de 20. Actualmente, la ley penal establece que no son punibles los menores que no hayan cumplido los 16.
A través de sus voceros de prensa, el gobierno de Javier Milei hizo pública la iniciativa, que ya venía adelantando desde el comienzo de la gestión.
“Por decisión del presidente, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”, señala el comunicado.
— Ministerio de Seguridad (@MinSeg) June 28, 2024
El proyecto de Milei busca establecer los parámetros de la ley penal entre los adolescentes de 13 a 18 años. Respecto de la privación de la libertad, señala que será “en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.
“Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”, señala otro apartado de la propuesta inicial.
Respecto de las penas de 3 a 6 años, el proyecto dice que “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”.
El máximo de pena impuesto tras un proceso penal, según el proyecto del gobierno, será de 20 años.
“Las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”, expresó el gobierno a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la iniciativa.
En ese escrito el gobierno cargó contra “las consecuencias de años de zaffaronismo”. Que sumadas al "desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”, dijeron en una clara alusión a la saga de crímenes de trabajadores que sacudió a la ciudad de Rosario en marzo pasado.
