La inspectora que denunció a superiores del Ministerio de Trabajo por acoso laboral y violencia de género fue cesanteada este semana por el gobierno de Miguel Lifschitz. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudió esa decisión y se movilizará el próximo lunes. Desde la provincia negaron las acusaciones de la trabajadora y dijeron que los sumarios que derivaron en su apartamiento fueron anteriores a sus denuncias.

El repudio de ATE

"En un hecho sin precedentes, y a días de finalizar su gestión, el gobernador Miguel Lifschitz firmó un Decreto mediante el cual dejó cesante a María José, inspectora en Higiene y Seguridad Laboral del Ministerio de Trabajo sede Rosario. La medida fue impulsada por el Ministro de Trabajo Julio Genesini y deja sin trabajo a quien había denunciado a dos funcionarios de esa cartera por Violencia Laboral y de Género", reclamó ATE Santa Fe.

El gremio señaló que dos organismos públicos intervinientes, Salud Laboral -que pertenece al Ministerio de Salud- y la Secretaría de Derechos Humanos reconocieron que se trata de un caso de Violencia Laboral y de Género e indicaron se la reintegre a su lugar de trabajo ya que había sido trasladada como consecuencia de su denuncia.

"María José, en lugar de encontrar en las autoridades Ministeriales la contención necesaria para quien es víctima de Violencia, fue perseguida y difamada. Este grave hecho se da en el organismo que debe bregar por la defensa de los derechos de los y las trabajadoras", añadió ATE.

El sindicato de los trabajadores del Estado anunció que el próximo lunes 9 realizará una jornada de protesta con concentración a partir de la 10 en la Sede de Gobernación de Rosario para exigir la inmediata reincorporación de María José.

La respuesta de la provincia 

El Ministerio de Trabajo se refirió al tema mediante un comunicado y afirmó que la inspectora tenía tres sumarios abiertos por diversas irregularidades antes de su denuncia. También desmiente que la Junta de Salud Laboral haya certificado que María José haya sido víctima de acoso laboral y violencia de género “ya que desde el organismo pertinente no se ha emitido ningún certificado que exprese tal diagnóstico”.

Con respecto al decreto que determinó la cesantía de la agente, destacaron: "Que la misma se da a partir de la incompatibilidad entre sus funciones de inspectora en la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo y su actividad privada como directora de obras en construcción y como socia de una empresa constructora en la ciudad de Rosario". 

"Entre las faltas cometidas, y teniendo en cuenta el significado y la dimensión social de las mismas así como también el menoscabo al prestigio de la función, se reflejan graves y reiterados comportamientos contrarios a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Administración Pública", señalaron.

En concreto, el Ministerio señaló que María José no cumplió con una inspección a una obra en construcción denunciada por la Uocra que derivó en un accidente laboral de graves consecuencias; que da clases en la facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, en horarios coincidentes con el que debe prestar servicios en la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo; y su actividad privada como directora de obras en construcción y socia de una empresa constructora sería incompatible con sus funciones de inspectora.

Sobre la denuncia por acoso laboral, el Ministerio de Trabajo informa que la investigación fue llevada a cabo por Fiscalía de Estado a los fines de garantizar un proceso transparente e imparcial y concluyó que: “La denunciante con los datos aportados no logra demostrar que está inmersa en una situación que configuraría un supuesto de violencia laboral. No surge de los datos aportados al expediente que los hechos relatados por el denunciante hayan configurado supuesto de violencia.”

“Tampoco puede entenderse que exista un cierto animo persecutorio por parte de las autoridades a que se refiere. De las testimoniales ofrecidas por la denunciante alcanzan a demostrar la existencia de diferentes políticas entre la denunciante y los denunciados, lo que sin embargo no supone de ningún modo la concurrencia sin más de un supuesto de violencia laboral", añade el parte oficial.

“En consecuencia, no se puede concluir en que se haya configurado un hecho de violencia laboral que amerite la aplicación de una posible sanción administrativa, si hubiese procedido”, cierra.