El arzobispo Mario Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval están acusados de por violencia de género contra las monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo, y este viernes se conocieron las sanciones.
Luego de comprobar los hechos de violencia que sufrieron las Carmelitas Descalzas por más de 20 años, entre ellos violencia física, psicológica y económica, la jueza Carolina Cáceres dispuso a los condenados cumplir con tratamiento psicológico por seis meses, capacitarse en perspectiva de género bajo la supervisión del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres y mantener la prohibición de acercamiento que les había impuesto en 2022, el mismo año en que se inició la causa.
Como detalló la magistrada, uno de los hechos expuestos por las Carmelitas Descalzas fue “la obstrucción/demora/negativa en la elección de la priora y el préstamo de dinero al obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica”.
Además, la jueza ordenó notificar al papa Francisco y se impusieron costas judiciales a los acusados, con revisión de conducta de los abogados implicados. Por otro lado, la jueza instó a las denunciantes a realizar retiros o ejercicios espirituales para abordar psicológicamente las consecuencias del maltrato sufrido y deberán “presentar ante este Juzgado las constancias respectivas de manera mensual durante el plazo de seis meses”.
La denuncia por violencia de género fue radicada a principios de abril de 2022 ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la justicia salteña, que recayó en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de Carolina Cáceres.
“Las situaciones de hostilidad que se dieron desde 1999 hasta el lunes pasado llevaron a que la madre superiora decidiera hacer esta denuncia”, afirmó la abogada Claudia Zerda Lamas en ese momento.
Las acciones violentas incluyen “agresiones verbales, otras que han ido un poquito más, amenazas”, agregó y sostuvo que el solo hecho de “amenazar o soslayar la posibilidad que pueda ser intervenido el convento, sin razón por supuesto, y que pierdan su casa, su hábitat natural”, ya altera la vida de las monjas, que se rigen por las “reglas carmelitanas”.
