Los anuncios de Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, confirmaron que el gobierno nacional profundizará la eliminación de subsidios a los servicios de luz, gas y agua. Pero el impacto será distinto según el lugar, la empresa prestaria y el nivel de consumo.

Massa confirmó que la segmentación de tarifas se cerró y 4 millones de hogares argentinos renunciaron a los subsidios. Se trata de casi del 30% del total, el triple de lo que Nación esperaba. Tendrán una suba de hasta 200% en sus boletas.

Ese ahorro –más importante que el planificado– será aún mayor porque en su primera conferencia el ministro anticipó que también se quitarán subsidios según el consumo.

“No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta más subsidio se lleva”, expresó Massa y señaló que habrá un tope. En el caso de la energía, se subsidiará hasta 400 kilowatts (no está claro si por mes o bimestre) y a partir de ahí se eliminarán los fondos nacionales. 

"Eso alcanza el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo residencial. En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad. En agua la aplicación se inicia en el mes de septiembre”, afirmó y aclaró que la tarifa social seguirá en pie.

Cristian Galindo, presidente de la Red Argentina de Consumidores, analizó los claroscuros de esos anuncios en De boca en boca (Radio 2) y si bien dijo que "falta la letra fina" todo indica que se respetará "la estacionalidad y ubicación geográfica".

Para dar una idea de esa complejidad, Galindo aseguró que "en Santa Fe solo la mitad de usuarios de electricidad tiene gas natural: hay unos 650 mil usuarios de gas natural por redes y 1,3 usuarios de la EPE y cooperativas".

"Hay algunas localidades, incluso pegadas a Rosario, que no tienen gas natural en todo el pueblo. Entonces poner un límite de 400 kwh es un rango muy bajo para esta época del año", agregó en relación a la necesidad de usar energía eléctrica para calefaccionarse, por ejemplo.

El abogado y titular de la organización de defensa de los consumidores y usuarios aclaró que los anuncios sobre el agua serían solo para el Amba. En Santa sólo habría cambios en luz y gas. En ese plano, reclamó al gobierno: "Debería convocarse a una audiencia pública".

"La Corte Suprema de Justicia dijo que no alcanza con una notificación, hay que convocar a una audiencia pública si hay una modificación a la prestación del servicio", desarrolló Galindo. En todo caso se abre el debate si corresponde ese paso porque no sería un aumento de la tarifa directa sino un efecto indirecto por la quita de subsidios. "Tiene que transparentarse y debería debatirse públicamente", insistió.

En concreto, a partir del 31 de agosto los hogares que no pidieron los subsidios los perderán de forma progresiva hasta fin de año, cuando se eliminarán todos los fondos. Al resto de los usuarios se les impondrá "límites de consumo".

En base a lo que anticipó Massa, del 70% de usuarios que seguirán con subsidios el 80% no sufriría modificaciones. Dicho de otra manera, cerca de la mitad de todo el universo actual perderá ese beneficio de forma total o parcial.