A horas de que cierre el plazo para que inversores y ahorristas verifiquen sus acreencias con el financista Luis Herrera, ya hay más de 500 presentaciones.
Y quienes siguen de cerca todo el proceso, calculan que para el lunes, último día para anotarse, el número estará en torno a los 600 pedidos de verificación de acreencias.
Hay que ir a casos que salen de la escuadra, como el de Vicentin, para encontrar tantos acreedores. Y con una particularidad: en paralelo acumula unas 300 denuncias penales.
¿Alguien cobrará?, es la pregunta. Pero la novedad que traemos ahora es otra y más estimulante. Y es que apareció una punta que hace pensar que Herrera tiene un “canuto” bien guardado en el exterior a salvo de acreedores y fiscales.
La historia es la siguiente: el artículo 114 de la ley de concursos y quiebras dice que "la correspondencia y las comunicaciones dirigidas al fallido deben ser entregadas al síndico, quien debe abrirlas en presencia del concursado o en la del juez en su defecto, entregándose al interesado la que fuere estrictamente personal".
Fue así que llegó una carta con un formulario 1042-S enviado por el INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Acá va:
¿Qué es ese formulario 1042-S? Se utiliza para reportar un ingreso originado en los Estados Unidos y se usa para retener información para el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos de la persona o negocio que recibió el pago.
En este caso, la cifra informada es irrisoria. Se le informa una ganancia de u$s105 por una cuenta bancaria a la vista que tiene en el país del norte y por la que debe abonar un tributo.
Pero para los investigadores lo importante es que revela que Herrera tiene cuentas propias no declaradas en el extranjero, más allá de una media docena de cuentas que había admitido tener y que por eso hoy están interdictadas por la Justicia.
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¿Se acuerdan de la caída del grupo financiero Wenance en julio pasado? El grupo, comandado por Alejandro Muszak, incumplió sus compromisos con cuatro fideicomisos que fondeaba con las inversiones de sus clientes (y que se usaban para otorgar créditos a muy altas tasas a sectores no bancarizados). Uno de ellos reunía lo que tomaba de los ahorristas del interior (Créditos al Sur), y ahí quedaron enganchados los clientes minoristas de Rosario.
Pero el gran problema está con el dinero en negro que tomaba con otra firma del grupo: Be Capital. Y ahí los inversores de Rosario que quedaron atrapados son importantes. Y es que el servicio que ofrecía incluía llevar el dinero "black" a España.
Con Muszack, y sus principales gerentes presos desde el 16 de abril en la DDI de San Isidro, el Fiscal Alejandro Guevara ahora apunta a los "asesores financieros" como partícipes necesarios de una pirámide Ponzzi. Y la novedad es que el Juzgado Penal de San Isidro con documental secuestrada en allamientos varios se dispone a citar en audiencia indagatoria a un ex-Citibank que operaba desde Rosario para el grupo juntándole inversores de peso y con interés de sacar la plata del país.
Y atención que no se trata de cualquier financista, sino de uno que llegó a sentarse en los años dorados en la propia (y mítica) esquina del Citi de Bartolomé Mitre, en Buenos Aires.
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Para cerrar el capítulo judicial, este lunes comienza la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Rosario. Y en los últimos días se sucedieron todo tipo de reuniones para afinar los últimos detalles, como la que tuvo el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, con fiscales federales de Rosario.
Como novedad, podemos agregar que el Ministerio de Justicia de la Nación firmó un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para que colabore con la implementación.
En rigor, esa dependencia de la ONU ya viene ayudando al Ministerio de Justicia en otros temas (como acceso a la Justicia), pero ahora solicitaron la colaboración en la puesta en funcionamiento del nuevo código en Rosario.
Por ejemplo, los funcionarios del organismo multilateral ayudarán con capacitaciones del personal, nueva tecnología, diagnósticos y la remodelación de las oficinas. Y hasta también colaborarán en la medición del impacto real de la implementación.
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El gobierno nacional intimó a las cooperativas y mutuales constituidas antes del 31 de diciembre de 2022 que no presentaron la documentación ordinaria requerida durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 29 de febrero de 2024. Si en un plazo de 30 días hábiles no regularizan su situación documental, el gobierno procederá a la suspensión automática de su autorización para funcionar.
Y la avanzada no es casual: pese a los aires liberales sobre el manejo de dinero y la desconfianza ideológica con el movimiento cooperativista, también hay un interés genuino del Ministerio de Justicia de la Nación de intentar cerrarle canales de manejo al dinero de origen delictual.
Pero, como siempre ocurre, con este tipo de medidas terminan complicando a las cooperativas y mutuales constituidas de buena fe y sin demasiada estructura para hacer frente a requerimientos burocráticos.
Por eso, a instancias de los ediles Julia Eva Irigoitia y Mariano Romero, el Concejo le pidió a la Provincia la “adopción de medidas necesarias y herramientas para dar acompañamiento a las instituciones que fueron intimadas”.
Y en tren de contribuir a apuntalar el movimiento cooperativo y mutualista, tres organizaciones de la sociedad civil (FACT[TIC], la Consultoría Itinerante y Poliedro, espacio de ideas) desarrollaron un sitio web para poder verificar que cooperativa o mutual se encuentra suspendida y/o tiene algún requisito administrativo por cumplir, ofreciendo asesoramiento a las que, de buena fe, lo necesitan.
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Otro tema:
El secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, mantuvo días atrás en Estados Unidos reuniones con dos influyentes “think tanks” económicos del país del norte: The Atlantic Council y The Wilson Center.
Allí el gremialista planteó los cambios que se están generando en las relaciones laborales, a fin de generar las modificaciones necesarias que permitan construir un país estable en el mediano y largo plazo. Si bien el proceso económico de Javier Milei despierta interés en los Estados Unidos, la gestión de Aladio también es seguida con atención por la reciente reforma del convenio colectivo que logró; una modernización con consenso de empleados y empleadores que es una rareza en la Argentina.
No obstante, lo que llamó la atención es que fue consultado en Estados Unidos por la situación específica de General Motors, empresa de origen norteamericano que atraviesa su tercera parada en el año y que se está desprendiendo de empleados.
“Queremos dar nuestro aporte para encontrar una solución a las dificultades que está atravesando GM. No nos podemos permitir perder a una empresa de tal magnitud, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como desde el punto de vista de la firma”.
Hay mucho ruido con General Motors. Y si bien los ejecutivos en Argentina de la automotriz se esfuerzan en mostrar que la situación es distinta a la de Colombia, país en el que anunció el cierre de sus plantas fabriles, nadie le saca los ojos de encima y en el gobierno provincial siguen el tema con mucha atención
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Ya que hablamos de autos, los bancos a los que ahora se les terminó el negocio de prestarle a altas tasas al Estado están “desempolvando” los equipos comerciales y salen a intentar colocar el dinero en el sector privado
Como contamos en esta columna en marzo, durante la realización de Expoagro, empezaron por lo fácil: campo, minería y petróleo. Todos sectores dolarizados que siempre pagan. Pero eso no alcanza.
Por eso empezaron a aparecer los primeros créditos hipotecarios (toda una novedad desde la convertibilidad), pero con condiciones todavía arriesgadas para el ciudadano. Algunos empezaron a bajar tasas en préstamos personales y para pymes.
Eso sí: lo que no bajaron los bancos son los intereses en tarjetas de crédito; sobre todo en el pago de mínimos
Pero la novedad de la última semana es que empezaron a aparecer préstamos para la compra de vehículos. Por ejemplo, el Banco Santander lanzó crédito prendario (para pymes) a 5 años para comprar pickups y utilitarios nacionales con tasa de 32,9%
Y se espera para los próximos días un prendario de un banco para una marca de vehículos con tasa nominal anual por debajo de 20%.
El problema con el que se encontraron los bancos es que como las tasas bajan todas las semanas, se frena la demanda de crédito a la espera de la próxima rebaja.
A todo esto, varias marcas de autos bajaron los precios de algunos modelos por el cambio en el impuesto al "lujo" (se empezó a pagar a partir de $37.300.00 cuando venía siendo desde $28.200.000), tal como se registró en las últimas listas de precios de okm de modelos de Honda, Nissan, Toyota, Ford y Chevrolet.
Ahora bien: ¿Esta combinación de baja de impuestos y nuevos créditos puede hacer crecer la venta de autos? Claramente, mejoran la situación y el freno de los continuos aumentos de precios (hoy hay modelos que hace meses que no suben) también es un dato alentador.
Pero no parece que haya margen para celebrar. Y es que la brecha que se armó entre precios que se dispararon (tras la devaluación) y salarios con paritarias que corren muy detrás (y precios de seguros y combustible que no bajan) sacaron a muchos consumidores potenciales del ruedo comprador.
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Otro tema.
Hasta muy tarde estuvo reunido el ministro de Desarrollo de Santa Fe, Gustavo Puccini, el viernes, tratando un tema que cada vez le ocupa más tiempo de gestión: la EPE.
Es que tratar de recomponer a la empresa de la muy deficitaria situación en la que la dejó la gestión de Omar Perotti y que excede, por lejos, las cuestiones de aumentar las inversiones y sacarla del déficit financiero.
En efecto, el desafío de los nuevos funcionarios es mover toda una ineficiente estructura que en tiempos de Perotti se manejó de manera independiente.
Para eso trabajan en cambiarle “el chip” a altos gerentes de la EPE que en la gestión de Perotti se acostumbraron a sentarse a esperar que el Tesoro o las empresas constructoras inviertan en la infraestructura requerida, pero que ahora se les exige desde el gobierno que gestionen con más productividad y eficiencia la empresa. Por ejemplo en la organización de las cuadrillas que hasta ahora manejaban su trabajo diario como les parecía, con vehículos sin GPS y sin rendir cuentas por sus demoras de días en solucionar reclamos. Vaya un detalle: cuando una cuadrilla llega no demora mucho en resolver un problema (en medio día lo resuelve), pero el tema es que tardó varios días en llegar.
Precisamente, vencer esas resistencias internas del personal jerárquico (no todo, porque hay gerentes, sobre todo jovenes, que se cuadraron rápidamente) es una batalla diaria para los nuevos funcionarios porque la estructura afectada responde con "guerra de guerrillas".
En estos días se registraron varios ataques de esa guerra de guerrillas. Resulta que hubo constructores contactados por estos "gerentes díscolos" que les decían que el problema con las demoras en las conexiones y obras está en que no tienen plata porque la recaudación de la EPE va al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco) y desde allí el Tesoro Provincial lo acapara y le termina dando otro destino a parte de los ingresos por el cobro de la luz.
Pero todo eso es todo mentira. El dinero que recauda la EPE lo administra y maneja la EPE. Al Fuco van los saldos diarios positivos de todas empresas estatales y organismos, y el Tesoro puede pedir prestado ese consolidado de manera transitoria y con obligación de restituirlo ante el requerimiento de la empresa o el organismo.
A lo que vamos es que la EPE maneja su dinero sin tener que pedirle permiso a nadie del Ministerio de Economía. Lo que asoma es que a algunos "jerárquicos" de la EPE les gustaría hacer plazos fijos con esos saldos, cosa que tienen prohibido, porque ellos no están para hacer negocios financieros sino para, como le pide el nuevo gobierno provincial, usar toda esa plata en la gestión operativa.
Otro ataque de la burocracia de la EPE para evitar los cambios que les imprimen desde la Casa Gris es tratar de dar en la prensa una “imagen” distinta al público difundiendo informaciones que no se ajustan enteramente a la realidad
¿Un ejemplo? Denunciaron esta semana un hurto de energía en un proyecto inmobiliario de la región cuando lo que hubo fue una demanda judicial de los desarrolladores cansados de esperar que la EPE haga su trabajo en tiempo y forma y cumpla los pasos para aprobación de la construcción en marcha.
Y es que los desarrolladores del proyecto denunciado llevan invertidos $400M para la aprobación del proyecto y pasó toda la gestión de Perotti sin obtener respuesta de la EPE, al igual que le pasa a la mayoría de los emprendimientos de los edificios de Rosario que esperan por meses que una cuadrilla se digne a ir a establecer el servicio definitivo.
¿La denuncia mediática habrá sido un vuelto por la demanda que los dejó expuestos o una forma de desalentar a que más constructores vayan a la Justicia a denunciarlos?
Pese a esa guerra de guerrillas, hay mejoras que ya se ven. Por ejemplo, es comentario recurrente en el personal de las cuadrillas que están ahora con más trabajo diario y que está mejorando la organización de las tareas en territorio.
Pero no hay que perder de vista el tema de fondo: la EPE se encuentra totalmente desbordada en cuanto a su capacidad de hacer frente al crecimiento de la región por la herencia recibida de la gestión justicialista, y como atestiguan las decenas de edificios que llevan hasta cuatro años esperando la conexión definitiva.
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Ya que nos metimos en el mercado inmobiliario, es interesante el caso que publicó este viernes Rosario3, con la firma del periodista Federico Gayoso, sobre un edificio de zona oeste (Pasaje Gordillo al 3600) que lleva más de 10 años sin final de obra (y, por ende sus dueños sin poder escriturar), por un insólito detalle: la constructora puso un ascensor 10 centímetros más chico que el permitido. Sí: diez centímetros.
¿Quién se hace responsable?. El constructor Sergio Rodriguez se borró y Obras Particulares de la Municipalidad solo ofrece como solución cobrarle una multa a los propietarios, pero la mayoría son jubilados, que compraron de buena fe y no pueden pagar la multa y los arreglos.
La pregunta es: ¿Obras Particulares no debería hacer inspecciones mientras se está haciendo la obra? ¿Cómo puede permitir que un hueco de ascensor no esté como dice el plano? ¿No miran los planos? ¿No inspeccionan?
La novedad que aportamos ahora es del concejal Agapito Blanco, quien viene batallando con la necesidad de que la Municipalidad realice más inspecciones durante la marcha de las obras. “A instancia nuestra, hace tiempo que el Concejo aprobó una modificación de normas sobre la obligación de fiscalizar obras cambiando la palabra “podrá visitar” por el concepto de que la Intendencia “deberá visitar” una obra de construcción de edificios en la tercera y en la última loza, cuando la obra gruesa ya está visible”, dice el edil.
Blanco cuenta que la Municipalidad siempre puso el argumento de que no tiene el personal suficiente para hacer esas inspecciones en todas las construcciones, pero -según averiguó- ahora la Intendencia está evaluando la firma de un convenio con la UNR para que estudiantes avanzados hagan esas fiscalizaciones.
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Vamos a cerrar con un poco de ciencia y política. Pero con un lindo debate y no el encasillado en los eslóganes destructivos que propone el gobierno nacional.
Resulta que un hecho casual, como la publicación sin autorización de una gacetilla de prensa, activó un debate en el gobierno provincial y en una de las empresas líderes de la provincia que es Bioceres. Y el tema central es: ¿cuál es el futuro del SF500?
El SF500 es un fondo de inversión mixto (con capitales públicos y privados) que apuesta a invertir muy fuerte en el estadío inicial de starts-ups de base científico tecnológica. Y los objetivos son ambiciosos: llegar a invertir en 500 proyectos empresarios en biotecnología a razón de 30 millones de dólares al año.
El SF500 se trató de la gran apuesta que hizo el gobernador Omar Perotti en ciencia y tecnología que le valió muchos reconocimientos tanto empresarios como políticos por lo innovador y por la contribución contundente que puede generar tanto dinero en el desarrollo de la biotecnología a nivel país.
Pero fiel a su estilo de comunicación en temas importantes, Perotti nunca fue del todo claro y preciso con la información cuando se trataba de profundizar. Más bien esquivo.
En efecto, lo que al principio se promocionaba como un fondo en cabeza de la Provincia, a la hora de la presentación se informó que el líder es Bioceres, porque es quien aporta más capital al fideicomiso, y que la Provincia acompaña. El cambio de conducción no es necesariamente bueno o malo, pero si talla al pensar objetivos y metodología.
Además, se había dicho al principio que se incorporarían más empresas privadas al SF500 (se habló, por ejemplo, de Terragene), pero al final nunca se informó si sumaron otros inversores privados o sigue siendo, como todo indica, “el fondo de Bioceres para invertir en stratus ups” en el que el gobierno de Santa Fe invierte; algo que no es malo ni bueno, pero que -al incluir fondos públicos- debe aclararse.
Y si hablamos de comunicación no precisa, nunca se informó claramente a la prensa de cuánto fue el aporte real concretado por Bioceres y por gobierno provincial y cuáles fueron los compromisos de aportes regulares al fideicomiso que tomaron.
El CEO que se nombró para el SF500 fue Francisco Buchara, quien venía de la gestión de Perotti dentro de la grilla del Ministerio de la Producción, y con recorrido en el ambiente. Y la decisión de Bioceres de mantenerlo al frente, pese al cambio de gobierno, fue una señal no del todo amigable a la nueva administración de la Casa Gris.
Ahora bien: ¿cuál fue la anécdota de la semana que puso al SF 500 en debate? Resulta que una biotecnológica cordobesa llamada Tintte, vinculada al desarrollo de insumos para la industria textil y parte del grupo Summabio, anunció que recibió aportes financieros del SF500 sin precisar el monto. Y lo hizo con esta gacetilla.
Al empezar a difundirse en la prensa, en el SF500 y en Bioceres se armó revuelo porque esa difusión no estaba aprobada y le exigieron a la empresa cordobesa que la retirara. Para ejecutivos del grupo no fue casual la búsqueda de prensa y especulan que los cordobeses le estaban buscando “subir las acciones” al decir que “bioceres invertía en ellos” para poder vender la firma a mucho mejor precio.
Como sea, no dejaba de ser un título ideal para la prensa poner algo así como que “el gobierno provincial invierte, a través del SF500, varios miles de dólares en una empresa cordobesa que no tiene instalaciones en Santa Fe”. Otro título que podría poner la prensa efectista: “El gobernador Pullaro pone plata en empresas cordobesas”.
Es cierto que esos serían títulos cargados de malicia política y que el correcto abordaje de las cuestiones de inversiones en ciencia y tecnología no se corresponde con los límites distritales o geográficos. Es más, es un sector totalmente globalizado. Pero sí asoma un debate de fondo sobre la necesidad de una definición estratégica de los actores involucrados sobre el futuro del Sf500..
¿Cuál es la orientación sobre el tipo de compañía que se quiere apuntalar? En sus documentos fundacionales el SF 500 plantea financiar exclusivamente todas start ups de impacto global para mercados globales y de crecimiento exponencial. Se trata de un modelo común en el sector y válido si su financiamiento sería exclusivamente privado, pero habiendo fondos públicos la pregunta es: ¿es correcto invertir dinero en empresas cuyo modelo de crecimiento y desarrollo implica la radicación fuera de Santa Fe?
De hecho, ninguna de las cuatro empresas líderes en biotecnología de Santa Fe (Bioceres, Keklon, Terragene y Zeltec) tienen ese modelo de crecimiento tipo “gacela”, que en 5 años pasan a tener millonarias valuaciones bursátiles millonarias. Por el contrario, son todas empresas con performance tradicional, incluso algunas con recurrentes pérdidas y números en rojo en sus balances.
Y atención que no es poca la plata que invirtió Perotti en el Sf500. Nunca se dijo oficialmente, pero Rosario3 pudo averiguar que invirtió u$s2.4 millones de dólares. No debe haber muchos programas de apoyo a sectores empresarios con ese nivel de inversión provincial. ¿Tiene que mantener ese nivel de aporte o reducirlo de manera significativa? ¿O mantener y renovarlo a condición de cambios substanciales en el modelo de empresas a financiar?
¿Quieren comparar? El programa de apoyo a sectores productivos bautizado "Tecno Industria" que sacó hace 15 días la Provincia (un refresh de uno que había lanzado Perotti) para darle competitividad vía incorporación de tecnología a unas 840 industrias santafesinas (y cuya presentación fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro) tiene un presupuesto asignado de 84 mil dólares.
El debate está planteado. Buen domingo.
