Por la histórica bajante del río Paraná, que fuerza a los barcos cerealeros a salir con menos carga, muchos camiones que debían llegar a la zona fueron desvíados hacia los puertos con frente marítimos como Bahía Blanca y Necochea provocando un aumento de costos del 300%, según difundió esta tarde la Cámara de la Industria Aceitera República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
La situación se complica que el problema es que como el aumento de cargas generó una fuerte suba de la operatoria en los muelles bonaerenses, transportistas autoconvocados aprovecharon para bloquear el ingreso al complejo en reclamo de un aumento de tarifas. En total, hay 11.000 los camiones que no ingresaron al puerto bahíense y que se contabilizan como perdidos, hay 40 buques esperando para cargar 1.200.000 de toneladas de maíz,
trigo y harina de soja, entre otros.
Es por eso que la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), solicitó a las autoridades la urgente solución al bloqueo llevado a cabo por transportistas autoconvocados en Bahía Blanca, que impiden el normal funcionamiento de las terminales portuarias, al imposibilitar que otros camioneros puedan acceder legítimamente a dejar sus cargas en las mismas, mediante diferentes acciones coercitivas. “Esperamos una pronta solución de las autoridades, la situación es insostenible”, señaló Martín Brindici, Gerente General de la CPPC
En esa mísma línea, CIARA-CEC denunció hoy la ilegalidad de los bloqueos y los atentados contra vehículos con granos en este puerto de Bahía Blanca por parte de “transportistas
autoconvocados”, sin personería jurídica, que con el uso de la violencia impulsa reclamos ajenos a la exportación, en una maniobra extorsiva.
"El bloqueo en Bahía Blanca declarado por transportistas autoconvocados, sin
representación legalmente reconocida, es un recurso extorsivo tanto para la
exportación -ajena al conflicto- como para el Gobierno, necesitado del ingreso de
divisas. Se han efectuado las denuncias correspondientes ante las autoridades, aún
sin respuesta", se quejaron las entidades empresarias.
"Es absolutamente ilegal", aseguró Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC. "Es
necesario -subrayó- que el gobierno provincial actúe rápidamente para garantizar la
libre circulación. Somos víctimas de un conflicto ajeno donde un grupo de
camioneros no agremiados impiden que los demás camioneros puedan ingresar a
los puertos con granos”, resaltó.
El bloqueo, que comenzó el 30 de julio por 48 horas, se extendió en forma ilimitada y ya lleva cinco días. "El daño económico para el país es enorme. Además de perder previsibilidad como exportador, el Estado argentino pierde 400 millones de dólares en divisas por esta situación anárquica. Realizadas las denuncias correspondientes, no se obtuvo ninguna respuesta alguna y ningún funcionario se ha sentado aún con los manifestantes. Es crítico que los Gobiernos nacional y provincial realicen acciones", alertó finalmente Idígoras.
