Pese al pedido que había hecho Omar Perotti para que sea su propia gestión la que elabore el Presupuesto del año próximo, el gobernador Miguel Lifschitz envió este miércoles el proyecto a la Legislatura santafesina. El texto entró por el Senado.

Según detalló un comunicado de la Gobernación, se priorizan cuatro áreas: salud, educación, seguridad y desarrollo social con una participación del 38,62 por ciento del total del presupuesto (que asciende a 414.934.840.000 de pesos).

Las autoridades provinciales indicaron que “Santa Fe presenta una situación de robustez y sostenibilidad”, y aseguran que al 31 de octubre del presente año la administración provincial presenta un resultado económico de signo positivo.

En lo que refiere a las previsiones de Gastos Corrientes para el año 2020 se prioriza la cartera de Seguridad, reconociendo “lo que ha sostenido públicamente el gobernador electo, se apuntalaron diversas cuestiones que, debido a su fuerte incidencia en lo social, las convierten en materias altamente sensibles”.

En ese sentido, se contemplan los fondos previstos en la Ley 13.896 "Programa de Intervención Integral de Barrios" para Municipios de Primera y Segunda Categoría de la Provincia (Plan Abre).

En tal sentido, se prevé un monto dentro de la jurisdicción "Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado" en la partida "transferencias" por $ 3.138.000.000 (de los cuales el 25% es corriente y el 75% es de capital).

En segundo lugar, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, se contemplan $ 1.375.936.000 para el "Programa Nueva Oportunidad".

Por otra parte, en la estimación de recursos totales se consideran las acreencias del Estado Provincial con el Estado Nacional a partir de sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Tomando en cuenta el nuevo escenario político y de acuerdo a las declaraciones públicas del gobernador y del presidente electos sobre el compromiso asumido por este último, entendemos conveniente incorporar este recurso de forma parcial, por razones de prudencia presupuestaria. Por lo tanto se contempla para 2020 un ingreso de $ 10.000.000.000 bajo este concepto”, dice el documento.

En cuanto al Gasto de Capital se previeron los fondos para la continuidad de los proyectos en ejecución, “dejando un importante margen de acción para que durante la ejecución presupuestaria se puedan incorporar las nuevas obras y proyectos que la gestión entrante considere más convenientes”.

En cuanto a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se aclara que “la misma no requiere aportes del Tesoro Provincial para financiar su operatoria normal ni su plan de inversiones propiamente dicho. Es, por tal razón, que los aportes que se prevén en 2020 por parte de la Administración Provincial a dicha empresa vienen dados por $ 1.176.000.000 destinados a la compensación tarifaria producto de la eliminación de subsidios por parte del gobierno nacional. También, se incluyen $ 60.000.000 aplicados íntegramente al Plan de Luz y Agua Segura, garantizando la continuidad del servicio que se viene prestando para sectores vulnerables, y $ 37.000.000 para dar cumplimiento a la Ley N° 13.781 de impulso a la movilidad eléctrica. Finalmente, en cumplimiento de la ley 13.414 se incluye un monto de $ 511.000.000 como contraparte provincial del Fondo de Electrificación Rural. Todo esto se encuentra previsto como aporte a la empresa y como previsión específica en la Jurisdicción 91”.

En línea con lo anterior, “también se incluye en la jurisdicción 91 un monto de $ 1.300.000.000 para ser destinado al Fondo Compensador del Transporte Público con el objeto de amortiguar el efecto de la quita de subsidios nacionales sobre las tarifas del sector”.

Sin modificación de impuestos

El gobierno provincial indicó que “se tomaron los parámetros macroeconómicos del proyecto de Presupuesto Nacional y que no se introduce en el presupuesto ninguna cuestión vinculada a lo tributario, lo que desde hace varios años se plantea en proyectos de ley separados”.

En este caso, será definición de la gestión de gobierno provincial que inicia el 11 de diciembre de 2019 la definición de la política tributaria a aplicar durante 2020.